viernes, 29 de julio de 2016

Seis razones por las que es una muy mala noticia que Bruselas 'perdone' a España

Domingo Soriano expone seis razones de peso por las que es una muy mala noticia que Bruselas perdone a España la multa por incumplimiento reiterado del control del déficit. 

Artículo de Libre Mercado: 
Sede de la Comisión Europea, en Bruselas
Otra vez, y son unas cuantas, ganó la política en Bruselas. Las normas estaban claras y el coste por el incumplimiento de las mismas también. Sin embargo, al final volvió a imponerse la solución de compromiso, que permite que los que lo han hecho mal salven la cara. En este caso, le toca a Mariano Rajoy, que evita la multa y además ve cómo la Comisión aprueba un calendario de cumplimiento del déficit mucho menos exigente que el que había sobre la mesa.
Queda claro que la UE (y aún más la Eurozona) es un club en el que sus miembros saben que no hay por qué cumplir las normas comunes. Los incentivos, de hecho, son los contrarios: engañar/aprovecharse de los demás socios sale barato o incluso gratis. Es como si los políticos de todos los países pensasen que permitiendo que ahora el Gobierno español o portugués se salten el objetivo de déficit, ellos también lo conseguirán en el futuro, cuando lo necesiten.
Éste parece ser el camino. La pregunta que habría que hacerse es para qué existe entonces algo llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Qué sentido tiene una regla que nadie está dispuesto a cumplir? Y sobre todo, ¿tendrá esto consecuencias en el futuro?
En lo que respecta a nuestro país, parece una buena noticia que nos hayamos salvado. Los contribuyentes españoles tenían ante sí la perspectiva de una multa de 2.000 millones que habrían tenido que abonar. Por eso, el Gobierno celebra la decisión de la Comisión. Eso sí, a medio plazo puede que no haya tantas cosas que celebrar:
1. El mensaje: España tiene un problema en sus cuentas públicas, con y sin Bruselas. Nuestra deuda ha pasado del 35% del PIB en 2007 a más del 100% este año. El déficit lleva por encima del 3% (límite del Pacto de Estabilidad) desde 2008. Y el nuevo déficit de este año y del que viene y de 2018… es deuda que se acumula y que en algún momento tendremos que pagar los contribuyentes españoles. Escuchando a nuestros políticos, parece que un acuerdo con la UE es algo así como una poción mágica que evita para siempre el pago de ese maldito déficit o que hace desaparecer la deuda como por ensalmo. Pues no. 
Por eso es tan peligroso lo que ha hecho este miércoles la CE. El recado que están mandando al próximo Gobierno (sea el que sea) es que no tiene que ajustar sus gastos, que es suficiente con que confíe la reducción del déficit a la buena situación del ciclo económico. Las cinco décimas que hay previstas para este año es un mínimo, que se conseguirá simplemente por la vía del aumento de recaudación derivado de la mayor actividad. Pero los políticos españoles han recibido el mensaje. ¿Ajustes? Ni uno más.
2. La paciencia: en realidad, los objetivos de déficit de Bruselas no dejan de ser un acuerdo político. Qué más da, podemos preguntarnos, cerrar en el 2,8%, el 3,2% o el 4,5% del PIB.
La clave está en que desde que se creó el euro (y aún más desde la crisis de deuda soberana de 2010 y 2012) los estados que forman parte de la Eurozona son corresponsables, en cierto sentido, de lo que hagan los demás. España está pagando un interés bajísimo por sus últimas emisiones (incluso tipos negativos) no porque los inversores pasaran en unas semanas de desconfiar por completo de nuestras cuentas públicas a creer que somos la nueva Suiza. Lo que ocurrió es que el BCE y Alemania hicieron una declaración pública de respaldo (recuerdan a Mario Draghi y su famoso “¿haremos lo que sea necesario?”) en el verano de 2012 a sus socios del sur de Europa.
O lo que es lo mismo: podemos tener el déficit que nos dejen en Bruselas y Berlín, porque si nos retiran su apoyo, estaremos en una situación similar a la que en 2010 y 2012 casi nos lleva a la quiebra. ¿Y de qué depende este apoyo? Pues de una decisión política. Y ésta lo mismo puede mantenerse eternamente que cambiar con unas elecciones. Estamos tensando la cuerda de la paciencia de los votantes alemanes u holandeses: si se rompe (y las encuestas dicen que el populismo antieuropeo crece en estos países), estaremos en problemas. La decisión de la Comisión no hace más que alimentar ese sentimiento.
3. Sin margen: como decíamos antes, España empezó la crisis con una deuda del 35% del PIB. Ahora estamos por encima del 100%. Es decir, nuestro margen se ha reducido al mínimo. Si hay nuevos shocks externos, nuestra capacidad de controlar un incremento del déficit sería mínima. Y más aún si seguimos sin ajustar las cuentas anuales.
Incluso cumpliendo con la nueva senda aprobada por la Comisión, España cerrará una década con el déficit por encima del 3%. A corto plazo los nuevos límites pueden parecer un alivio; a medio plazo, son una mera patada para adelante para no afrontar una realidad tozuda.
4. Desconfianza: desde que llegó al Gobierno, Mariano Rajoy ha intentado marcar una diferencia entre su actuación y la de su antecesor. Ahora ya sabemos que en lo que hace referencia al déficit público, la palabra de uno y otro tiene un valor parecido. Aunque parezca lo contrario, la decisión de la Comisión tampoco ayuda en esta cuestión.
En realidad, el mensaje que se manda a los mercados es que España es un país que no es de fiar, que hay que estar renegociando una y otra vez los objetivos porque no somos capaces de realizar el ajuste requerido, que nuestras cuentas públicas tienen un problema estructural… Vamos, que el problema no es del color del Gobierno, sino de país. El pasotismo de Rajoy con las cuentas públicas lo pagamos todos.
5. Sin argumentos: empezamos el artículo recordando que la Eurozona es un club con normas comunes para todos los miembros. La Comisión ha puesto este miércoles la última piedra de la lápida bajo la que descansa el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Nunca ha sido muy creíble; desde esta semana es, directamente, papel mojado. Evidentemente, esto no quedará aquí. Habrá otros países que aprovecharán para saltarse las reglas. Quizás no ocurra en 2017, un año en el que se prevé que crezcan casi todas las economías del continente. Pero llegará ese momento: en 2020, 2021 o cuando lo necesiten...
Y entonces, ¿quién les podrá decir algo? ¿Qué argumentos tendrá la UE para afear su conducta? Eso por no hablar de España: nuestros gobiernos tendrán que estar bien calladitos a partir de ahora. Cómo vas a señalar a alguien con este pasado. La multa, dolorosa a corto plazo, habría impuesto disciplina para todos a futuro. Desgraciadamente, no ha sido éste el camino escogido.
6. El salvavidas: los cinco puntos anteriores nos deberían recordar una evidencia que el Gobierno ha decidido ignorar. De todos los países de la Eurozona (quitando a Grecia, un Estado que ahora mismo funciona como un protectorado) a los que menos les conviene que haya dudas sobre las reglas comunes son España e Italia. La ruptura de la moneda única o una nueva crisis de deuda soberana dañarían a alemanes, finlandeses o austriacos; pero acabarían con nuestra economía o la italiana. El euro pudo haber sido una mala idea hace veinte años (ése es otro debate, yo creo que ha sido una bendición para España, pero no es éste el momento de discutirlo) pero ahora mismo es nuestro salvavidas.
Por eso, deberíamos ser los más interesados en que las reglas comunes se cumplan y no los primeros en saltárnoslas. Nuestros políticos han preferido el cortoplacismo que les permite no aprobar medidas impopulares (en gastos o impuestos) a la solvencia a medio plazo que aportaría formar parte de un área económica más creíble y en el que la prioridad sería la competitividad y no aprovecharse del vecino para evitar decisiones complicadas ante el electorado.
No están solos. La mayoría de los medios de comunicación y de los votantes españoles les apoyan. En lo único en lo que piensan es en que nos hemos ahorrado 2.000 millones y tenemos más plazo para reducir el déficit.
Si fuéramos inteligentes aprovecharíamos ese margen para poner en marcha reformas estructurales, cuadrar las cuentas y poner en orden nuestro sector público. Ésta sería la única justificación para la No Multa: que la Comisión obligase a nuestros políticos, de una vez por todas y a cambio de no sancionarnos, a aprobar todos esos cambios en nuestra economía que llevamos décadas evitando. ¿Creen que ocurrirá algo así? Pues eso…

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