viernes, 22 de julio de 2016

El Tribunal de Cuentas detecta que más de 29.000 fallecidos 'cobran' pensión

Carlos Sánchez se hace eco de la enorme estafa detectada por el Tribunal de Cuentas, mediante en la cual decenas de miles de personas fallecidas seguían cobrando pensión en España. 

La corrupción y el fraude no es una característica del político, sino de la sociedad. A mayores incentivos e instituciones favorecedoras de la misma, mayor corrupción. De ahí la importancia de reducir dichos incentivos y posibilidades a la corrupción, que pasa por dotar de menos poder de arbitrariedad y decisión al político devolviendo dichas decisiones a la sociedad civil (eliminando dicha capacidad de corromperse y reduciendo por los incentivos que se dan los fraudes) así como que gestionen menos dinero del contribuyente. 
Desgraciadamente sucede al revés...
Artículo de El Confidencial:
Se ignora si los familiares de casi 28.000 españoles -oficialmente fallecidos- han leído el célebre epitafio de Moliere: "Aquí yace Moliere, el rey de los actores. En este momento hace de muerto y de verdad que lo hace bien”. Pero lo que está claro es que la pobre actuación de esos familiares -al contrario que la del dramaturgo francés- ha levantado sospechas. Al menos, en el Tribunal de Cuentas, que ha detectado que 27.860 pensionistas continuaban cobrando una pensión después del óbito.
O lo que es lo mismo, el sistema público de protección social les seguía abonando una prestación pese a que documentos oficiales certificaban el fallecimiento. Es decir, figuraban con el mismo DNI en la nómina de diciembre de 2014 y como fallecidos en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se nutre de las cifras que le suministran los distintos registros civiles.
La cifra bruta -sin depurar- es incluso superior: 29.321 fallecidos, pero de esta cifra hay que restar duplicaciones o fallos administrativos. En total, el fraude asciende a 25,3 millones de euros mensuales. Un cifra irrelevante respecto del presupuesto de gastos de la Seguridad Social, pero ilustrativo sobre la picaresca humana.
Así lo pone de relieve el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el cobro de cantidades indebidas pagadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en el que se revela que, al contrastar los datos correspondientes a los fallecidos entre 1997 y agosto de 2015, de los que consta el DNI en la nómina de la Seguridad Social y en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha observado que casi 30.000 fallecidos aparecen como perceptores de alguna pensión.
La cifra sería mayor, incluso, si la Seguridad Social hubiera podido hacer comprobaciones anteriores a esa fecha. Como recuerda el Tribunal de Cuentas, no se dispone del dato del carné de identidad de 3,29 millones de pensionistas que cobraron una prestación en el periodo 1987-1996, ya que esa información se incorporó por parte del INE a partir de 1997. Además, no consta el DNI en 349.055 casos, y ello, como denuncia el Tribunal de Cuentas, “a pesar de que corresponden a fallecimientos posteriores a 1996”.

Nóminas y fallecidos

En estos casos, y para conocer el alcance del fraude, lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es cruzar la información con datos de la provincia, fecha de nacimiento y los dos apellidos y nombre del fallecido. Y los resultados vuelven a ser singulares. Se ha observado que en 3.819 perceptores (con un importe de, al menos, 3,1 millones de euros) “coinciden los datos de la nómina a 31 de diciembre de 2014 y los de defunciones facilitados por el INE”. De ellos, también coincide el nombre en 558 casos. En la fiscalización se ha comprobado, asimismo, que de los mencionados 3.819 perceptores “continuaban figurando en la nómina de octubre de 2015 un total de 3.575”, lo que supone el 93,6%.
Una prestación indebidamente percibida consiste en la percepción de fondos públicos tras extinguirse o modificarse el derecho a su cobro por causas múltiples, siendo la principal la revalorización de pensiones con concurrencia y complemento de mínimos. Otros motivos pueden ser la incompatibilidad de prestaciones económicas percibidas; cambios en la situación del beneficiario o de la unidad familiar (estado civil, edad, edad de los hijos, ingresos generados, etc.); sentencias de los juzgados de lo Social, etc.
La operativa actual establece que cuando el INSS verifica el fallecimiento de un pensionista, se lo comunica a la Tesorería de la Seguridad Social y esta, a su vez, a la entidad financiera colaboradora para que suspenda el abono de la pensión. En los supuestos en que se hubiesen efectuado uno o más pagos tras el fallecimiento, se inicia el procedimiento de retrocesión bancaria, tendente a que la entidad financiera devuelva al INSS la cantidad pagada indebidamente.
Según el Tribunal de Cuentas, en 2014 se tramitaron 22.802 procedimientos de retrocesión, por un importe total de 25,6 millones de euros, de los que se recuperaron 24 millones. Ahora bien, no en todos los casos.
Como recuerda el órgano fiscalizador, la lentitud en la respuesta de la Administración ante el fraude hace que en muchos casos prescriban las irregularidades, pasados los cuatro años que establece la ley. Hasta el punto de que en el periodo 2012-14, la Seguridad Social no ha podido reclamar fraude por más de 10 millones de euros. De ahí que el Tribunal de Cuentas reproche a la Administración que el tiempo medio transcurrido desde el fallecimiento del beneficiario hasta la solicitud de retrocesión por las cantidades cobradas fraudulentamente supera los 15 años, “lo que evidencia que el actual sistema de control presenta significativas deficiencias”, concluye.

Falta de control

Es más, el órgano fiscalizador ha detectado 22.929 deudores por cobro indebido del complemento a mínimos que fueron reincidentes en varios ejercicios: 6.260 por, al menos, tres años; y 16.669 durante, al menos, dos años, lo que evidencia una significativa falta de control.
El Tribunal de Cuentas recuerda que este tipo de fraudes no sería posible si no fuera por la colaboración de los bancos, que son las entidades pagadoras. Y en este sentido, recupera una carta que le envió la Tesorería de la Seguridad Social a la patronal bancaria, la AEB, en la que acusaba a algunas entidades de incumplir su obligación de controlar la vivencia del beneficiario.
El Tribunal de Cuentas es muy crítico con el sistema de recuperación de deudas vinculadas al cobro irregular de prestaciones públicas. Y en este sentido, pone un ejemplo muy gráfico. Según los datos del inventario de deudores a 31 de diciembre de 2014, la deuda comunicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la Tesorería General de la Seguridad Social para su gestión de cobro ascendía a 71,6 millones de euros, correspondiente a 58.133 expedientes.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas remitió a la Tesorería General esos números durante la fiscalización para que confirmara la información. Esta, por el contrario, comunicó que el importe de la deuda que estaba gestionando ascendía a 15,3 millones de euros correspondientes a 174.047 expedientes; diferencia “que pone de manifiesto”, dice el Tribunal, “las deficiencias en la comunicación existente entre ambas entidades y el riesgo de que el saldo del inventario de deudores por prestaciones no refleje su situación real”.
“En el trámite de alegaciones”, dice con cierta sorna el Tribunal, “ninguna ha ofrecido explicación alguna que justificase la diferencia”.
Otra fuente de fraude es el pago de los llamados complementos de mínimos, las cantidades que paga el Estado, a modo de subvención, para que la cuantía de las pensiones alcance un mínimo aprobado anualmente por el Consejo de Ministros. Y el Tribunal de Cuentas recuerda que durante el ejercicio 2014 han aflorado mediante este control sobre el complemento de mínimos 59.605 deudores (el 50% del total de dicho ejercicio), de los que 49.069 se detectaron de manera automática.
En total, las deudas por prestaciones indebidamente abonadas cuya gestión de cobro se estaba realizando por la Tesorería General y que estaban pendientes a 31 de junio de 2015 ascendían a 15,3 millones de euros y se corresponden con 174.047 expedientes.

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