jueves, 4 de agosto de 2016

¿A quién debemos el iPhone y Google: al Estado o al capitalismo?

Manuel Llamas analiza la cuestión del avance de la innovación y el desarrollo, haciéndose eco del último informe del IJM sobre Mitos y Realidades del Estado emprendedor, que refuta por punto las tesis de la economista Mariana Mazzucato acerca del Estado emprendedor.
Artículo de Libre Mercado: 
Sede de Google | Archivo

¿Cuál es el motor esencial de las innovaciones más importantes que hemos disfrutado en las últimas décadas: el Estado o el libre mercado? Ésta es la cuestión que aclara el Instituto Juan de Mariana (IJM) en su informe Mitos y Realidades del Estado emprendedor: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación?, publicado este miércoles.
Son numerosos los analistas que otorgan al Estado un papel capital en los avances tecnológicos que se han desarrollado en los últimos años, defendiendo con ello la inversión pública y una mayor planificación estatal en esta materia. Éste es el caso de la economista italiana Mariana Mazzucato, quien destaca internacionalmente por pretender refutar la idea de que el capitalismo es el motor esencial de las innovaciones que han revolucionado el mundo actual.
Así, en su conocido libro El Estado emprendedor, Mazzucato trata de argumentar que todos esos avances tecnológicos son, en realidad, producto de los programas estatales de investigación: es al Estado y a su política de I+D+i a quienes le debemos el progreso presente. El iPhone o el buscador de Google son, de acuerdo con la italiana, subproductos de la planificación estatal.
Partiendo de esta tesis, Mazzucato defiende, entre otras medidas, la creación de una banca pública que financie el proceso de investigación, así como la nacionalización parcial de empresas beneficiadas por las ayudas estatales a la I+D+i. De este modo, sienta las bases para legitimar subidas de impuestos y el aumento del intervencionismo público en el pujante sector de las nuevas tecnologías con la excusa de que la sociedad acaba recibiendo un retorno.
El estudio del IJM, sin embargo, refuta, punto por punto, los cinco grandes mitos relacionados con el Estado emprendedor:

1. “El Estado es el motor de la innovación”

Realidad: El proceso de desarrollo de nuevas innovaciones es evolutivo, descentralizado, cooperativo y competitivo. No hay actores fundamentales en el mismo. Históricamente, el sector privado ha liderado el avance del progreso técnico. Y el único momento en la Historia que supone un cambio en la tendencia de crecimiento económico a largo plazo, la Revolución Industrial, se gesta y desarrolla por completo sin apenas apoyo estatal.

2. “Esfuerzo emprendedor unificado”

Realidad: Los Estados son entidades compuestas por diversas agencias, no cabe hablar de una voluntad unificada: lo que investigue una universidad pública en concreto no viene dado por el mismo plan que determina lo que investiga un laboratorio estatal. En particular, el gasto estatal en innovación en Estados Unidos se halla fuertemente descentralizado.

3. “La intervención en I+D+i es beneficiosa”

Realidad: Toda acción económica conlleva costes de oportunidad y puede dar lugar a consecuencias no previstas. La inversión estatal en innovación puede sesgar el avance de su desarrollo hacia campos menos conectados con las demandas de los consumidores, con la retirada de recursos de proyectos orientados hacia ellos y la ralentización de estas innovaciones. Además, el gasto público en I+D+i puede no generar más progreso tecnológico, sino suponer tan sólo una redistribución de la renta hacia científicos e ingenieros.

4. “El Estado debe liderar la innovación”

Realidad: Las funciones de coordinación que el Estado puede llevar a cabo son también realizables por la propia sociedad, de forma mucho más adecuada a sus necesidades. En general, allí donde el Estado trata de liderar el cambio tecnológico, tiende más bien a fracasar.

5. “Google nacen de la inversión pública”

Realidad: El iPhone y Google son atribuibles a sus respectivos creadores. Un estudio detenido de la historia del desarrollo de las tecnologías que constituyen el iPhone y los motores de búsqueda muestran que el progreso en esos sectores ocurría antes de la intervención estatal y que muchos agentes contribuyeron a él, sin ningún plan a priori.

El Estado emprendedor no sale gratis

Por otro lado, el intervencionismo público en esta ámbito resulta enormemente caro y costoso para el conjunto de la población por tres razones básicas.
- El coste de oportunidad: “Los contribuyentes se ven obligados a sufragar proyectos de resultado muy incierto, sobre los que no se dispone de la información que aportan los precios de mercado de cara a determinar si los medios utilizados están generando o destruyendo valor. Se produce asimismo un efecto expulsión (crowding-out) al detraer recursos de la economía por vía impositiva, de forma que el sector privado ve mermadas sus rentas para llevar a cabo sus propios proyectos de emprendimiento”, aclara el estudio.
- Apuestas de alto riesgo: Se anula la experimentación descentralizada e incremental (prueba y error) propia del mercado cuando se concentran recursos de I+D+i en una vía de investigación única y concreta. El riesgo es muy elevado. Si esta línea de trabajo no es la correcta, la sociedad no sólo ha destinado recursos a algo vacío (ineficiente), sino que queda desprovista de soluciones competitivamente más idóneas, por lo que sufre un importante menoscabo”.
- Incentivos perversos en los agentes: Inevitablemente, surgen buscadores de rentas estatales. Es el caso de los nuevos cuerpos de burócratas que buscan proteger su statu quo a toda costa, tratando de desprestigiar o boicotear a quienes, desde fuera del sistema, se lanzan a competir con ellos en la provisión de ideas e investigaciones novedosas. O espurios empresarios que, en lugar de dedicarse a ofrecer cada vez más y mejores bienes y servicios a la sociedad por mor de la innovación a la que les empuja el entorno competitivo, invierten sus fuerzas en hacer lobbying para aprovecharse de las regulaciones y las subvenciones públicas en un marco que les asegure la ausencia de competencia y una posición de monopolio”, concluye el informe.

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