Fernando Parrilla analiza el último ataque a la libertad en la Comunidad de Madrid (PP) y su cesión al lobby hostelero a raíz de la prohibición de celebrar bodas en fincas rurales. Un hecho, por el que se unían distintas agrupaciones políticas (PSOE, PP, Podemos).
Artículo del Instituto Juan de Mariana:
Según una famosa cita de Ronald Reagan, la visión gubernamental de la economía puede resumirse en unas cortas frases: si se mueve, póngasele un impuesto; si se sigue moviendo, regúlese y si no se mueve más, otórguesele un subsidio. En España habría que añadir que si se mueve demasiado como para molestar a algún lobby, prohíbase directamente.
Esto es lo que ha pasado con el sector de la celebración de bodas en fincas rurales. A finales de 2012, en plena crisis, la Comunidad de Madrid decidió que podía levantar su puño regulador de ciertas fincas rurales. Al parecer solo hicieron falta medio millón de parados para que los políticos del PP entendieran que sería bueno dejar que los dueños de este tipo de fincas pudieran hacer negocio (crear riqueza) de su propiedad sin que los políticos se lo impidieran.
Pero parece que la bonanza económica de estos últimos años ha vuelto a poner sobre la mesa lo intolerable que es que alguien pueda sacar provecho de su propiedad, sobre todo si hace la competencia a ciertos lobbies.
Vamos a analizar la situación desde un punto de vista lo más objetivo posible. Si alguien quiere habilitar su finca rural para realizar festejos familiares, ¿cuál es el problema?
Podrían existir dos:
- Necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios/clientes.
- Necesidad de regular las externalidades negativas de la explotación de la finca para ese tipo de uso.
Sobre lo primero, no parece que sea muy difícil garantizar la seguridad en este tipo de eventos. Se suelen hacer al aire libre o en carpas. Las fincas están bajo regulación local (se necesita una licencia del ayuntamiento), así que se puede garantizar unos accesos y salidas de emergencia acordes al aforo sin mucho problema, y sin que Cristina Cifuentes y sus chicos de la poderosa Comunidad tengan que intervenir para nada.
¿Y qué pasa con la seguridad alimentaria? ¿No tienen que cumplir los restaurantes con multitud de regulaciones que estas fincas no cumplen? Pues supongo que por eso este tipo de fincas contratan a empresas de catering que sí cumplen dicha regulación o seguramente superior (ya que transportan los alimentos cocinados). Así que una vez más el ayuntamiento puede verificar que se está contratando una empresa autorizada sin que tenga que venir el primo de zumosol a prohibir nada.
Y sobre las externalidades negativas… pues dependerá de cada caso, pero siempre serán locales. Y es por eso por las que deberían ser reguladas por el ayuntamiento correspondiente.
No hay nada que indique que una actividad como la celebración de bodas sea algo tan peligroso para el entorno y para la sociedad como para que tenga que ser regulado a nivel autonómico. No digamos como para ser directamente prohibido como quiere PSOE y Podemos, o ser limitado a las fincas de algún amigo cercano, como quiere el PP.
Pero claro, esto no va de lógica sino de política. Por eso a nadie le sorprende que se acuse a una desregulación de finales de diciembre de 2012 de un problema del que ya se publicaban artículos y había lobbies y multitud de abogados trabajando antes de la publicación de la ley.
Del mismo modo, a nadie le puede extrañar que organizaciones ecologistas de extrema izquierda hagan frente común con asociaciones empresariales de hostelería y hoteleras, con sus respectivos bufetes de abogados, para mantener el negocio en sus manos en perjuicio de los ciudadanos.
Tampoco llama la atención que ninguno de los partidos con representación en la Asamblea de Madrid considere, no ya que no se debería regular o prohibir la explotación de fincas privadas para este uso, si no que éste tipo de regulación debería recaer en los ayuntamientos. Es difícil que un lobby preste la atención que todo político anhela si este no le puede solucionar el problema de forma centralizada.
Partidos políticos, asociaciones de vecinos, organizaciones ecologistas y medios de comunicación trabajando para limitar la oferta de un servicio y mantenerlo dentro del dominio de los lobbies. Salvando al mundo rural, impendiendo que pueda decidir por sí mismo a qué dedica sus terrenos.
Así funciona la política. Y estos pequeños ejemplos, precisamente por su escaso tamaño, la muestran en todo su esplendor. Estaría bien prestarles más atención.
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