Juan R. Rallo analiza la cuestión del cupo vasco, y las dos alternativas a los problemas que crea dicho cupo, mostrando la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica para todas las autonomías.
Artículo de El Confidencial:
El lendakari, Iñigo Urkullu, conversa con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012. (EFE)
Como liberal —esto es, como defensor de una filosofía política fundamentada en el valor central de la libertad individual—, soy partidario de que el dinero de cada ciudadano permanezca en sus bolsillos y no en las arcas del Estado. Subsidiariamente, y en ausencia de un escrupuloso respeto institucional a la propiedad legítima de los individuos, soy partidario de que ese dinero sea recaudado y reinvertido por parte de aquellas administraciones públicas más cercanas al ciudadano: de esa manera, cada contribuyente recupera vía gasto parte de lo que le ha sido sustraído vía impuestos.
De ahí que propugne acercar la Administración al ciudadano tanto como sea posible: a igualdad de circunstancias, mejor el gasto municipal que el comarcal, mejor el comarcal que el provincial, mejor el provincial que el autonómico, mejor el autonómico que el nacional y mejor el nacional que el europeo (como digo, a igualdad de circunstancias: el gasto en defensa difícilmente podrá ser gestionado por un municipio). Cuanta mayor descentralización fiscal, tanto mejor (de hecho, el máximo grado de descentralización fiscal sería no extraer tributos de ninguna persona).
Desde esta óptica, el sistema de financiación de las provincias forales vascas, el llamado concierto económico, es 'prima facie' un buen sistema: cada provincia foral es plenamente autónoma a la hora de establecer y recaudar todos los impuestos necesarios para el sostenimiento de sus gastos y, posteriormente, negocia con el Gobierno central (y con el Gobierno vasco) el pago de una cantidad de dinero (cupo) para remunerar el valor de los servicios que la Administración central (y autonómica) continúa prestando en cada provincia foral. Lo mismo que hace cualquier persona o familia: gestionar su patrimonio y pagar (en el mercado) por aquellos bienes o servicios que le son suministrados por terceros. El concierto económico vasco, pues, salvaguarda un alto grado de descentralización fiscal que debería ser extensible al resto de España.
Hay, sin embargo, un gran problema que no puede ser obviado: el valor de los servicios que presta la Administración central en cada provincia foral no es un valor objetivo. Mientras que resulta relativamente fácil determinar el valor de los bienes y servicios que consume una familia (basta con mirar a sus precios de mercado), no sucede lo mismo con las prestaciones que proporciona el Estado en las tres provincias forales. Al no existir un mercado abierto y competitivo para tales servicios, especificar cuál es el precio justo (cuál es el cupo adecuado) que deben pagar alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos no es tarea nada sencilla. Al contrario, es un proceso donde la técnica deja totalmente paso al politiqueo; en la práctica, el cupo se convierte en el resultado de un chanchullo entre los dirigentes vascos y los próceres españoles: a cambio del apoyo de los diputados vascos al sostenimiento del Gobierno central, este acepta una cuantificación del cupo abiertamente infravalorada.
O lo que es idéntico: los ciudadanos vascos no abonan la totalidad del coste de los servicios públicos que reciben del Gobierno central y, en consecuencia, los contribuyentes del resto de España terminan subvencionando netamente la actividad de las haciendas forales vascas. Basta con echarle un vistazo al sistema de cuentas públicas territorializadas que elabora cada año el Ministerio de Hacienda: el País Vasco recibió en 2014 una transferencia neta de 3.387 millones de euros procedentes del resto de España, el equivalente al 5,3% de su PIB o a 1.547 euros por ciudadano vasco. En comparación, Cataluña, con una renta per cápita inferior a la del País Vasco, vio drenados sus recursos internos en 9.892 millones de euros (el 5,02% de su PIB o 1.317 euros por catalán), y la Comunidad de Madrid, con una renta per cápita análoga a la del País Vasco, los vio reducidos en 19.205 millones de euros (el 9,82% de su PIB o 2.979 euros por madrileño).
El sistema del concierto económico modulado a través del cupo es una extraordinaria idea muy mal ejecutada: y no creamos que su mala ejecución depende solo de que nuestros gobernantes sean pésimos en la gestión y excelentes en la corrupción (que también), sino porque técnicamente es muy complicado, en ausencia de mercado, determinar cuánto valen las actividades que el Estado central desarrolla en el País Vasco o en beneficio del País Vasco. Semejante indeterminación objetiva constituye un incentivo gigantesco a la politización y, por tanto, a la perversión del sistema.
Ante tamaña disfunción (no, desde luego, para los vascos, pero sí para el resto de españoles), caben dos alternativas lógicas: reclamar una recentralización tributaria (integrar a las provincias forales vascas en el —calamitoso— régimen común de financiación autonómica) o mantener el actual grado de descentralización fiscal pero reformulándolo para evitar las ambigüedades estructurales que institucionaliza el cupo. Personalmente, lo tengo muy claro: toda España —y no solo el País Vasco o Cataluña— necesita un nuevo modelo de financiación administrativa que ponga coto a la igualmente ultrapolitizada 'solidaridad interterritorial' y que permita una gestión y recaudación autonómica (¡o provincial!) de la inmensa mayoría de tributos. Frente al jacobinismo tributario que propugnan diversos políticos y economistas, no deberíamos perder la ocasión de acercar la Administración tanto como sea posible al ciudadano y, al mismo tiempo, corresponsabilizar a cada una de esas administración de su autosuficiencia tributaria.
¿Cómo conseguirlo sin abonar el terreno a las trampas —a la redistribución interterritorial encubierta— que permite el cupo? Muy sencillo: equiparando las competencias de cada nivel administrativo y dotando de capacidad tributaria a cada uno de esos niveles administrativos. ¿Que el Gobierno central se encarga de proveer la defensa y la representación exterior de todos los españoles? Pues el Gobierno central impone un tributo (el que sea) sobre todos los españoles para costear suficientemente esa defensa exterior. ¿Que una provincia foral vasca quiere establecer una renta básica universal para sus ciudadanos? Pues esa provincia foral adquiere la capacidad de imponer un tributo (el que sea) a todos sus ciudadanos para costear ese servicio. División de funciones (acercándolas tanto como sea viable al ciudadano) y suficiencia fiscal arraigada en la autonomía recaudatoria.
Ni subsidios encubiertos vía cupos politizados, ni exacciones descubiertas vía jacobinismos fiscales redistributivos.
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