Tomás Díaz se hace del reciente informe de la ONG WWF acerca de la estructura de costes del agua en España, mostrando los numerosos incentivos perversos y malas políticas que llevan a su despilfarro vía subvenciones y exenciones, la mala contabilidad pública, así como por la eliminación de los precios de mercado, relacionados con unos verdaderos derechos de propiedad (quien contamine, que pague).
Artículo de El Economista:
Con los embalses al 37% de su capacidad, el nivel más bajo en 22 años, el coste del agua es una variable fundamental para racionalizar su uso y fomentar el ahorro. Y aquí surgen grandes diferencias entre el sector privado y el sector público: el primero recupera el 82% de los gastos en los que incurre, mientras que el segundo se queda en el 56%, como sucede con las confederaciones hidrográficas, si bien los ayuntamientos se acercan mucho al primero, con un 80%.
El cálculo anterior procede de un reciente informe de WWF, una ONG que se ha preocupado de analizar la estructura de costes del agua en España en un reciente informe titulado ¿Quién paga el agua?, que analiza lo que supone el líquido elemento en ocho demarcaciones en las que se produce el 86% de los usos del agua del país, el 56% del consumo urbano y el 91% de los regadíos.
Lo primero que desvela el análisis es la ausencia de contabilización de determinados gastos, como los de las Sociedades Estatales del agua (como Acuaes o Seiasa), así como un buen número de subvenciones y exenciones, sobre todo a favor de los usos agrícolas y energéticos, que desvirtúan el principio de recuperación integral de costes que debería regir toda la política del agua, de acuerdo con la normativa comunitaria.
Igualmente, encuentra una gran disparidad entre lo que cuesta el agua dependiendo de los usos a los que se destine. Los hogares pagan una media de 0,06 euros por metro cúbico, mientras que el regadío desembolsa alrededor de 0,013 euros por metro cúbico. Y una diferencia tan grande no evidencia otra cosa, a juicio de la ONG, que un mal reparto de costes y una subvención encubierta.
De acuerdo con el vigente ciclo de Planificación Hidrológica, el agua en España (sin considerar algunos costes ambientales ni los de oportunidad) supone un total de 12.623 millones de euros al año, de los que únicamente se recuperan 8.575 millones. Los usos urbanos cuestan 6.760 millones, los agrarios, 3.703 millones y los industriales, 2.159 millones.
Principales obstáculos
Entre los obstáculos identificados para recuperar íntegramente los costes del agua, WWF identifica en primer lugar una interpretación restrictiva de la normativa comunitaria, que reduce el número a aplicar en la normativa nacional, así como un grado de detalle insuficiente en la instrucción técnica de cálculo. Pero después analiza los actuales mecanismos de recuperación de costes y llega a la conclusión de que no están bien diseñados.
Por ejemplo, en el caso del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, únicamente se atienden las inversiones ejecutadas por los Organismos de Cuenca, y contemplan exenciones de hasta del 60%. Otro efecto perverso es producido por las subvenciones: hay una relación directa entre las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y la contaminación por nitratos y otros contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas, que termina impactando en los usuarios urbanos por el mayor coste de la potabilización.
Y eso, cuando no se reduce el coste precisamente cuando hay sequía, que es cuando más debería reflejarse su incremento, por la escasez. Así ocurre ahora con el agua del Trasvase Tajo-Segura, tras un decreto excepcional por la sequía en Levante.
Soluciones
Para revertir la situación, WWF recomienda revisar la normativa, para que amplíe el tipo de costes y el detalle de los mismos, eliminando subvenciones distorsionadoras; revisar las herramientas de recuperación, como por ejemplos los cánones y las tarifas, y aplicar la fiscalidad verde para que quien contamine, pague. Y finalmente, incluir los gastos de las Sociedades Estatales en los cómputos totales.
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