Somos muchos los que llevamos años advirtiendo de la insostenibilidad del sistema de pensiones público. Mantener el sistema de reparto solo llevará a mayores y continuas reducciones de las prestaciones y a alargar las edades de jubilación, reduciendo más y más el poder adquisitivo de los pensionistas.
Esto es una obviedad que se hace más dramática con el paso del tiempo, como demuestra la pirámide poblacional.
Sin embargo, la gente sigue engañada al respecto y los políticos siguen usando las pensiones como arma política, sin preocuparse realmente de la sostenibilidad del sistema:
“En España estamos haciendo mucho ruido con la actualización de las pensiones, cuando lo realmente importante es la sostenibilidad del sistema”. Así se expresaba ayer un presidente de un importante fondo de pensiones privado español, que ponía sobre la mesa dos hechos: mientras el sistema público tiene la tercera tasa de sustitución más alta del mundo, el privado no arranca y está en cotas inferiores a países como México, Polonia o Eslovaquia. En el mercado se pide una reforma del sistema ya, porque se antoja más que complicado mantener esas cifras en el futuro.
Conforme los datos de la OCDE, España tiene una tasa de reposición del 82%, es decir, el jubilado percibe ese porcentaje de sus ingresos en su retiro. Sin embargo, la sostenibilidad está de nuevo más en entredicho que nunca. Las previsiones de colapso total del sistema apuntan a 2050, pero podrían ser incluso conservadoras. No en vano, en ese año la pirámide de la población española tendrá su principal grado de concentración en personas de 70-79 años, conforme datos de Inverco. Todo ello, con una población en la que habrá 22 millones de trabajadores y 15 millones de jubilados. Un sistema piramidal no viable.
Primeras voces agoreras
Después de la constitución del Pacto de Toledo en 1995 se escucharon las primeras declaraciones agoreras, que hablaban de una viabilidad del sistema hasta 2015. Pero durante la última parte de la década de los 90 y los primeros años del Siglo XXI España protagonizó una fuerte expansión económica, que redujo el paro hasta cotas no vistas en democracia y permitió, además, la constitución de un fondo de reserva para las pensiones del que ahora el Ejecutivo tiene que tirar para afrontar las pagas extras de los jubilados.
En esos años fue el momento de haber legislado para impulsar un marco más ambicioso para la previsión social, aunque fue imposible. Desde la industria de la gestión se culpa a la falta de iniciativa del Gobierno socialista que no quiso abrir el contencioso de las pensiones cuando todo estaba a favor y también a los sindicatos, contrarios de entrada a los desarrollos de sistemas complementarios por lo que aquello podía tener de menoscabo de lo público.
Reforma
Es en este momento, 25 años después del nacimiento de los planes de pensión privadas, cuando el lobby de la inversión colectiva pide una reforma ambiciosa. Empezando por el presidente de Inverco, Mariano Rabadán, que pone de manifiesto que desde 2003 no ha habido aportaciones relevantes a los planes de empleo (de las empresas) o que desde 2007 las realizadas al sistema privado han caído un 50%.
El histórico presidente alerta de que el sistema público proyecta una relación entre afiliados y pensionistas decreciente, cuyo equilibrio financiero sólo podrá alcanzarse reduciendo la tasa de sustitución, con el consiguiente efecto negativo para la renta disponible, el consumo y el crecimiento o aumentando las cotizaciones sociales, lo cual afectaría al empleo. Parece claro que hace falta algo más.
José Antonio Herce, de AFI, uno de los gurús de las pensiones en España, destaca que el problema del futuro sólo se resuelve con una mayor esfuerzo individual durante el ciclo activo, un ciclo activo más largo, la rebaja de las expectativas durante el ciclo pasivo o una mezcla de las tres. “Pero los milagros no existen”.
Seguir cobrando una pensión pública se antoja uno de los grandes retos del futuro. Las sociedades deben organizarse y dar con el mix apropiado, que combine lo público con algún otro tipo de complemento. Parece imposible fiarlo todo a un modelo de previsión pública y para ello hay propuestas de Inverco, que contempla dar facilidades fiscales a las pymes para que promuevan sus planes de empleo. Será difícil dar con la tecla, pero o se da con ella o la tasa de sustitución del 82% bajará mucho antes de lo esperado. Entonces, la actualización del ipc será el menor de los problemas. "
Fuente: Voz Populi
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