Una nueva evidencia del creciente autoritarismo antidemocrático del gobierno (PSOE y Unidas Podemos).
Un nuevo ejemplo de instrumentalización del Estado no en beneficio de los ciudadanos, no en servicio a los ciudadanos, sino en beneficio del gobierno para protegerle de los ciudadanos...
José María Olmo se hace eco de la noticia en el siguiente artículo.
Artículo de El Confidencial:
Cacerolada este lunes en la calle Ordoño II, de León, en protesta por la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. (EFE)
El Ministerio del Interior ha ordenado a la Policía Nacional que investigue las movilizaciones contra el Gobierno para identificar a los supuestos promotores y llevarlos ante la Justicia. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska cree que no se están produciendo de forma espontánea. Las diligencias policiales comenzaron este lunes sin que conste ninguna querella de la Fiscalía relacionada con las protestas ni tampoco la denuncia de ningún particular. La decisión ha provocado un profundo malestar en el cuerpo, que interpreta que está siendo utilizado por Moncloa para tratar de acallar las manifestaciones en su contra.
Hasta el fin de semana, Interior interpretó el llamado movimiento de Núñez de Balboa —comenzó en esa calle de Madrid el domingo 10 de mayo— como un conato de revuelta casi exótico, focalizado en uno de los barrios más exclusivos de España. La instrucción impartida ahora supone el reconocimiento de que las caceroladas han escalado a otra dimensión. El domingo llegaron incluso a la puerta de la vivienda que comparten Pablo Iglesias e Irene Montero en el municipio de Galapagar y se han extendido casi por todo el territorio nacional, también por distritos y localidades humildes.
La orden de investigar las movilizaciones tiene un origen controvertido. Según han confirmado fuentes próximas a las pesquisas, la iniciativa ha partido del Gabinete de Coordinación y Estudios, un órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que tiene como principal misión supervisar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Desde julio de 2018, lo dirige el comisario José Antonio Rodríguez, más conocido por el apodo de 'Lenin' por su fuerte vinculación con el PSOE. Ya ocupó puestos de responsabilidad en Interior en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba y, cuando Grande-Marlaska aterrizó en Castellana 5, Ferraz lo colocó en ese puesto clave del ministerio.
Denuncia a los juzgados
La instrucción del comisario Lenin llegó este lunes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que puso la investigación automáticamente en marcha. La orden es rastrear las diferentes protestas que se están registrando para tratar de encontrar posibles patrones de actuación que permitan llegar hasta unos supuestos organizadores. También deben analizar las posibles vinculaciones políticas de los participantes y el modo en que se coordinan los llamamientos, precisan las fuentes consultadas. Las teóricas conclusiones se transformarán en un informe que será enviado a los juzgados de plaza de Castilla para tratar de abrir una causa penal contra los manifestantes.
La medida ha provocado inquietud en la Policía por sus intensas connotaciones ideológicas. Por un lado, ha sorprendido la apertura de la investigación por iniciativa exclusiva del ministerio. En el cuerpo no consta ninguna querella de la Fiscalía contra las personas que están saliendo a la calle ni contra sus hipotéticos líderes. Asimismo, tampoco se tiene conocimiento de que se hayan iniciado acciones judiciales por parte de algún particular o asociación.
El propio objeto de las diligencias genera las mismas dudas. Pese a las sospechas del ministerio, los especialistas coinciden en que todos los indicios apuntan a que se trata de una movilización espontánea de carácter netamente vecinal que ha prendido de forma fortuita. No se ha localizado en las redes ningún anuncio de la primera gran cacerolada de Núñez de Balboa. Además, los expertos sostienen que, aunque hubiera un grupo de organizadores dirigiendo las protestas, es cuestionable que los hechos sean susceptibles de ser investigados por la vía penal. Ni siquiera con el estado de alarma sería delito convocar una marcha. Conllevaría únicamente sanciones de tipo administrativo por no respetar las restricciones sanitarias o no comunicar previamente las movilizaciones a la Delegación del Gobierno. En la Policía, ha cundido la idea de que la investigación es una maniobra del Ejecutivo para intentar desactivar este vector de descontento.
Vox se desvincula
Muchas voces han vinculado a Vox con este movimiento, pero el partido niega toda responsabilidad, aunque muchos de sus dirigentes están sumándose a título personal. Con todo, la mente de Santiago Abascal está puesta en el próximo sábado. La formación ha trasladado a las subdelegaciones del Gobierno de todas las capitales de España que ese día ha convocado protestas ciudadanas en coche. La mayoría de ellas no ha respondido o lo ha hecho en sentido positivo, lo que da vía libre a la formación para ejecutar sus planes.
No ha ocurrido lo mismo en Cataluña, donde las marchas han sido prohibidas porque, según Interior, pueden afectar a la salud de los ciudadanos con el argumento de que coinciden con las franjas habilitadas para hacer deporte o pasear. También las ha vetado la Delegación del Gobierno en Castilla y León alegando que constituyen "un riesgo para la salud".
Al margen de estos dos casos, la mayor parte de subdelegaciones están dando luz verde a la iniciativa. En algunos casos, como Málaga, Valencia, Zaragoza, Huesca y Teruel, los organismos han reclamado a la organización un cambio del recorrido inicialmente propuesto. En la mayoría, ni siquiera eso. Las subdelegaciones se han limitado a no contestar al comunicado realizado por Vox, que únicamente tiene la obligación de informar a la autoridad para dar curso a su empresa.
Silencio administrativo
Es lo que ocurre en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Castellón, Alicante, Asturias, La Rioja, Canarias, Baleares o Álava. En todos estos territorios, consideran desde Vox, el silencio administrativo se torna en autorización, por lo que el partido estaría habilitado para desarrollar sus protestas tal y como han sido planteadas. También pasaría lo mismo en Madrid, Ceuta, Melilla y Navarra, aunque en el caso de estos últimos cuatro lugares aún está por pronunciarse la formación de Abascal.
La organización de las marchas, por lo tanto, cuenta con que llevará a cabo la protesta en la práctica totalidad de España de la forma propuesta. Es decir, los manifestantes estarán en todo momento en sus vehículos respetando las limitaciones previstas por el estado de alarma y la normativa establecida en su zona en función de la fase en la que esta se encuentre. Vox tiene todas sus fuerzas enfocadas a que estas concentraciones salgan bien y no haya altercado alguno que estropee la iniciativa, la primera que plantea una manifestación en época de estado de alarma.
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