Tomás Díaz muestra la destrucción paulatina de las empresas nucleares como motivo de las decisiones impositivas del gobierno (PSOE y Unidas Podemos) que hacen inviables la generación y producción de dicha energía y la inversión en la misma.
Las consecuencias son negativas para el empleo, el desarrollo empresarial, la reducción del CO2 y para el precio de la electricidad encareciendo aún más la factura de la luz y aumentando la dependencia energética del exterior.
Pero este es el gobierno que se le llena la boca con los pobres y la pobreza energética, ayudar a los desempleados (los que genera a raudales), el cambio climático (la energía nuclear no genera CO2) y blablabla...
Lobbies e ideología por encima de todo...
Artículo de El Economista:
Central nuclear. Foto: Archivo
Los bajos precios del mercado eléctrico y la presión fiscal vuelven a poner en jaque a la generación nuclear, que no ingresa suficiente ni para rentabilizar la operación. Lo exponía rotundamente la semana pasada Foro Nuclear: el precio medio del mercado en abril fue de 17 euros por MWh y la mordida de Hacienda ronda los 22 euros por MWh.
El problema, provocado por el hundimiento de la cotización del gas, el auge de las renovables y el impacto del Covid-19, acaba de empezar, porque los mercados de futuros no esperan recuperar niveles de 45 euros por MWh hasta 2023 y porque la presión impositiva sigue creciendo: Cataluña acaba de aprobar un rejón de 5 euros por MWh, que le costará 53 millones anuales a Endesa.
Con esos números, las plantas van a bajar su producción para minimizar pérdidas -el Puente de Mayo operaron al 50%-, y ya veremos qué ocurre con el pacto de las empresas y el Gobierno para que prolonguen su vida útil más de 40 años. Hace unas semanas el CSN autorizó que Almaraz genere hasta 2028, pero para ello, Iberdrola y el resto de propietarios tendrán que invertir más de 400 millones, algo harto dudoso si la central no es rentable; y si alguien no lo ve claro, que recuerde el caso de Garoña, cerrada intempestivamente -y consecuentemente multada-, por ese mismo motivo.
Como los precios del mercado eléctrico dependen de factores inmanejables, la industria busca soluciones y reclama un alivio de la fiscalidad, que desde 2013 se ha tragado el 40% de los ingresos anuales y que este año puede engullir el 65%, por la subida de la tasa Enresa y el desplome del precio de la electricidad.
Las empresas también miran con envidia lo que sucede en Reino Unido, que acaba de ofrecer casi 60 millones de euros a la central de EDF de Sizewell por parar durante cuatro meses para facilitar la gestión de un sistema eléctrico cuya demanda se ha reducido de un 15% a un 20% desde que estalló la crisis sanitaria.
Así las cosas, la pregunta que queda por hacer es: ¿quiere el Gobierno que sigan produciendo las centrales?
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