Guadalupe Sánchez analiza la cuestión de las protestas, la libertad de expresión, el cambio de parecer de Marlaska (Psoe) hoy respecto a ayer no por el objeto sino por el sujeto, la responsabilidad que deben tener también las protestas y la estrategia política del gobierno al respecto.
Artículo de Voz Pópuli:
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. EFE
“Como hemos expuesto, la libertad de expresión se caracteriza no por asumir los discursos amables, los que nos pueden gustar más, se caracteriza por respaldar aquellos otros que puedan devenir, según los casos, molestos o hirientes”. Esta reflexión no es mía, sino del actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La plasmó en una sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 29 de marzo de 2017, relativa a un delito sobre enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, de la que fue ponente. El acusado había publicado en su cuenta de Twitter mensajes e imágenes que hacían referencia explícita a la “kale borroka” y ensalzaban a personas condenadas por delitos de terrorismo. El tuitero resultó absuelto. “Puede referirse cómo esa violencia a la que aluden las fotografías no es gratificante en una sociedad madura, pero no puede derivar que su anexo al mensaje concluya justificación de la violencia, menos aún la de carácter terrorista, que no debe expandirse en su significación”, afirmó el ahora ministro.
No me digan que no tiene su aquél comprobar que el Marlaska del año 2017, ese que defendía la libertad de expresión, sería considerado un “desafecto” por el Marlaska de 2020. Ahora que es ministro, las manifestaciones críticas con la gestión del Gobierno le molestan. “Muchos representantes políticos de la derecha están hablando hoy y llamando a las concentraciones. ¿Mucha de esa gente sale a pasear o sale a criticar?”.
¿Y a usted qué le importa a lo que sale la gente, Sr. ministro?
El estado de alarma habilita al Gobierno a suspender determinados derechos en pos de garantizar la salud pública. Pero ni limitar significa suspender, ni la crítica al gobierno o a su gestión atenta contra la salud pública. Una cacerolada no es indiciaria de la comisión de delito alguno, y ordenar a la Guardia Civil investigar a los promotores de las mismas en las redes sociales es una sinvergonzada que no cabe más que calificar como autoritarismo punitivo. Para lo que ha quedado Marlaska.
Como bien ha recordado la Fiscalía, la vigencia del estado de alarma no constituye por sí una justificación jurídica apta y suficiente para la prohibición o modificación de reuniones o manifestaciones.
Ciertamente, dado que ningún derecho es absoluto, el quid de la cuestión está, como siempre, en la ponderación. Esto es, en analizar cada caso concreto y valorar la viabilidad y la posibilidad de que se lleven a término las protestas. Y en esta tarea los ciudadanos somos también responsables: se puede y se debe mostrar al Gobierno que libertad y seguridad no están reñidas, que somos conscientes de que, cuando salimos a criticar al gobierno o a lo que nos da la real gana, debemos hacerlo manteniendo la distancia interpersonal y usando la mascarilla. Lo contrario es contraproducente, tanto para nuestra salud y la de quienes nos rodean, como desde el punto de vista de la estrategia política.
Aunque aún se empeñen en tapar la luna con el dedo, las manifestaciones del 8-M contribuyeron de forma cierta y segura a la difusión del virus (no lo digo yo, lo dice el forense que ha emitido el informe para el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid). Pero competir con ellos en irresponsabilidad, alentado y/o participando en manifestaciones en las que no se garantiza el derecho a la salud, supone legitimar sus instrumentos y discursos y facilitarles una vía de escape con la que, hasta hace poco, no contaban.Por eso insisten en caldear el ambiente y en menospreciar a los manifestantes calificándolos como “cayetanos”, “pijos” o “ricos insolidarios”.
Están ansiosos por que la olla a presión estalle y que las calles se conviertan en un hervidero de gente a la que poder identificar con la oposición para responsabilizarla así del siguiente brote. Es duro decirlo, pero necesitan mutualizar la muerte. Hay que combatir las pulsiones totalitarias del Gobierno de manera reflexiva e inteligente para que, llegado el momento, el único reflejo que se muestre en el espejo de la irresponsabilidad sea el suyo.
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