Reflexiones sencillas sobre los desahucios. (Política, Economía.1061)

Una reflexión acerca del tema de los desahucios, un tema muy usado con intereses políticos, y donde la demagogia o directamente mentiras o medias verdades pueden llevar a decisiones políticas que afecten al conjunto de la sociedad mucho más gravemente:

"Con el problema de los desahucios hemos asistido, una vez más, al uso torcido -y políticamente interesado- de una realidad muy delicada y dolorosa para quienes la padecen. Como sucede en toda situación de crisis e infortunio, la demagogia sólo logra que impere la mentira o la verdad a medias y se impulse una toma de decisiones que, bajo la apariencia del amparo a los desfavorecidos, termina perjudicando -y mucho- al conjunto de la sociedad y a quienes en el futuro pretendan realizar contratos en ese sector afectado.

Por desgracia, podemos estar en la antesala de adoptar decisiones al respecto tan erróneas y dañinas a largo plazo como lo han sido las viejas normas proteccionistas de los arrendatarios en el mercado de alquiler o los mínimos salariales para los trabajadores y la estructura de nuestro mercado laboral.

Acepto que lo que usualmente entendemos por desahucio, es decir, el desalojo de una familia de su única vivienda habitual por impago de hipoteca, resulta un drama que como sociedad podemos suavizar lo más posible para que, lo que -también comúnmente- es una situación pasajera o excepcional (no corriente) pueda sobrellevarse con la máxima dignidad personal y sin cercenar las posibilidades de salir adelante. Pero esto debe plantearse por ambas partes, ya que el contrato (hipotecario o de cualquier tipo) afecta a dos partes y, si es lícito, ambas acuden sin coacción ni engaño.

Y no me vale lo de que existe asimetría de posición, fuerza o información, tanto porque, por muy dispar que ésta sea para un banco, una gran marca comercial o una hipertienda, si hay libertad de contrato nadie me puede obligar a aceptar o firmar uno que yo no quiera o desee, como porque, además, en el siglo XXI existen suficientes normas, instituciones y organismos que vigilan los contratos, o a los que acudir en caso de sospecha de desasistencia, como para compensar la posible desigualdad.

¿Por qué ahora?

Lo primero que no entiendo en todo este asunto es por qué tras cinco años (la crisis se inició en septiembre de 2007, precisamente con problemas hipotecarios) es ahora cuando salta en los medios la alarma, tras muchísimos lanzamientos (término jurídico del proceso de desalojo por impago) de toda índole y pelaje. Lo segundo es el disimulo de cifras. ¿Por qué se han manejado tan perversamente cifras de hasta 300.000 e incluso 500.000 desalojos? ¿Y desde cuándo? Porque si es desde 2007, insisto, ¿por qué no se alertó antes de que llegasen a tal cifra?

Resulta que, según datos del CGPJ, entre 2007 y 2011 el organismo considera una cifra de 350.000 ejecuciones (en 2012 prevé otras 75.000 más) y unos 165.000 desahucios. Pero las cifras incluyen todo tipo de procesos y casos. No distingue entre el tipo de morosos; si son empresas, particulares, entidades u organismos semipúblicos; no distingue el tipo de inmueble afectado, ni si sólo son terrenos, fincas rústicas o urbanas u otro activo; no distingue entre promociones inmobiliarias requisadas a una empresa deudora o particulares; ni si son demandas judiciales que han llegado a un acuerdo; tampoco entre propietarios o inquilinos a los que se ha ejecutado por no pagar el alquiler; no distingue si son viviendas únicas y primeras o segundas viviendas o de otro tipo; si se trata de personas que abandonan el piso sin más y sin pagar (por ejemplo ciudadanos extranjeros que retornan a su país de origen y dejan simplemente el piso desocupado), etc.

Las medidas de las entidades

Y resulta que, según nos informan las entidades financieras y de crédito, a las que se pretende culpar de todo, desde muy temprano de la crisis ellas ya estaban tomando cartas en el asunto para que los casos realmente más sangrantes (dolorosos son todos y casi logro imaginar, nunca como quien lo padece, la tragedia que tiene que ser para una persona o familia ver perder su segunda vivienda o para un emprendedor que le embarguen su nave o su terreno), ésos que entendemos de forma común como desahucio, han tratado de paliarse (moratorias del total o sólo del capital y pagando los intereses, o ampliación de plazos de la hipoteca), renegociarse (períodos de carencia, cambios en las condiciones o reestructuración del contrato hipotecario y otras deudas), reconducirse o llegar a acuerdos más o menos imaginativos (alquiler con opción a compra o sin opción a ella o dación en pago).

Y esto porque dichas entidades son las primeras interesadas en cobrar la deuda en lugar de quedarse con la garantía, máxime tras cinco años con la que está cayendo (devaluación de activos inmobiliarios y plétora de propiedades inmobiliarias en sus balances); pero también porque los prestatarios son mayoritariamente cumplidores y tienden a pagar, sobre todo y lo primero, su hipoteca.

Por todo ello, entre 2008 y 2011 se calcula que puedan haberse producido unos 15.000 desahucios de primera vivienda, que no es poco y da una idea de la magnitud de la crisis, pero que son mucho más asumibles para nuestra sociedad y deja en mejor posición al sistema financiero y de crédito en su esfuerzo por aliviar ciertas situaciones.

Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid."

Fuente: El Economista