jueves, 18 de febrero de 2016

Jueces y fiscales ven “aberrante” que Podemos les exija adhesión al Gobierno

Otra de las "aberrantes" exigencias e intenciones de Podemos (no solo lo son las económicas) presentes en su documento de Gobierno para formar coalición con el PSOE. 

Y es que como buen gobierno omnipotente, un medio indispensable es el control de la justicia (lo que ocurre en tantos países de Sudamérica como tan bien saben y han estudiado). 


La independencia judicial ya está muy tocada en España a raíz del "golpe de Estado" al Estado de Derecho que dieron los políticos en 1985 (con el PSOE de Gonzalez, y que mantuvo el PP después) con la ley Orgánica del Poder Judicial que eliminó de un plumazo la independencia del CGPJ al ser los doce vocales jueces elegidos por los políticos (Congreso y Senado). 

Podemos, una vez más, lejos de resolver el problema despolitizando la justicia, lo que quiere es politizar aún más todo, controlarla absolutamente y tenerla bajo su dirección (los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado).

Sencillamente espeluznante. Le cuesta a alguien imaginar que es posible hacer sin límite alguno si tienes bajo tu dirección política (sin contrapesos ni independencia alguna) la justicia, el tribunal Supremo, el fiscal anticorrupción...y qué se puede hacer con los opositores y rivales políticos e ideológicos, el chantaje político, las leyes, la libertad, incluida la de prensa, el sometimiento del ciudadano...(vamos, la misma situación que ocurre en cualquier dictadura y gobierno totalitario). 

Seguimos sin ser un ápice conscientes de las consecuencias de que esta gente gobierne y pueda implementar sus propuestas, seguidores de un modelo jacobino que esconde que su revolución, en nombre de la libertad (ese es el cebo), acrecienta el poder del Estado y destruye la libertad de la sociedad civil. 

Fernándo J. Pérez muestra la reacción de jueces y fiscales a la propuesta de Podemos.
Artículo de El País: 
Pablo Iglesias (c), Nacho Álvarez y Carolina Bescansa presentan el programa.Uly Martin
El documento que Podemos envió el pasado lunes al PSOE como base para formar un Gobierno de coalición “con garantías” escandalizó este martes a las principales asociaciones judiciales y de fiscales. El programa del partido de Pablo Iglesias plantea que algunos puestos clave de la justicia, como el Fiscal General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean designados, además de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, por su “compromiso con el programa del Gobierno”. Las asociaciones consideran que esta exigencia de adhesión política supone un ataque a la independencia del Poder Judicial.
El documento programático de Podemos reserva su parte final a una serie de cargos de “especial relevancia” que, según la formación de Pablo Iglesias, han de ser seleccionados y elegidos por consenso. Estos altos cargos se dividen en cuatro grupos —económicos y fiscales, Justicia, Seguridad y Educación—. En el apartado de Justicia, el documento cita seis puestos: los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado.

El programa de Podemos sostiene que “estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar”. Y, a renglón seguido, remacha: “La elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”. Nunca antes se había recogido expresamente que la adhesión de un fiscal o un juez al proyecto político del Gobierno fuera un criterio para su designación como fiscal general, magistrado del Constitucional o vocal del Poder Judicial.
Las asociaciones de jueces y fiscales de todo signo ideológico consideran que esta fórmula atenta contra la independencia judicial. “Es una de las mayores aberraciones que he podido escuchar en los últimos tiempos”, afirma Emilio Frías, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, la mayoritaria en el ministerio público. “Se trata de garantizar la división de poderes; los mejores deben ocupar los cargos con independencia de su ideología. Nos compete interpretar y aplicar las leyes, jamás atendiendo al sentido de pertenencia política o ideológica; no queremos hacer las leyes pero tampoco que los políticos interfieran en nuestro trabajo”.
Su colega Álvaro García, de la Asociación Progresista de Fiscales, considera que el criterio de “compromiso con el Gobierno del cambio” planteado por Podemos “choca con la petición de independencia del ministerio fiscal” que el propio partido hace en otro punto de su programa.
Ambos fiscales extienden sus críticas a otra idea incluida en el documento de Podemos: la creación de una Secretaría de Estado contra la Corrupción. En concreto recelan de una de las funciones de este organismo que dependería de una hipotética vicepresidencia dirigida por Pablo Iglesias: “coordinar” a policías, jueces, fiscales y órganos fiscalizadores del Estado en la lucha contra la deshonestidad pública.

Un error

“No puede ser más que un error: hay que diferenciar el control administrativo de la corrupción de la función de jueces y fiscales. Es un error pensar que todo es lo mismo y se pueden incluir en una agencia, eso hay que separarlo mucho”, considera Álvaro García.
“Resulta totalmente innecesario que un político venga a coordinar a jueces y fiscales, que son independientes. Tendrán que dotar de los medios pero nunca controlarlos ni coordinarlos. Que nos dejen hacer nuestro trabajo, nos den los medios y ya investigaremos, y que el político no nos instrumentalice”, exige Frías.
En la judicatura también ha sorprendido la idea de Podemos. “Que en un programa político se exprese la intención de dirigir al Poder Judicial nos parece negativo; no sé si es un error, si no lo es me parece desacertado que organizaciones que velan por la separación de poderes dependan del Gobierno”, afirma Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia.
“La Justicia debe quedar al margen de los avatares políticos, no podemos identificarnos con un proyecto político en concreto, ni este ni ninguno”, recuerda Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador. Tanto Rodríguez, de la APM, como su colega Raimundo Prado, de la Asociación Francisco de Vitoria, reclaman que los vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera -12 de los 21 que componen el órgano de gobierno de los jueces- sean elegidos por los magistrados.

COMPROMETIDOS CON LA CAUSA


PILAR ÁLVAREZ
El documento de Podemos incluye hasta nueve cargos relacionados con educación, investigación y ciencia cuyas personas al frente podrían tener “diferentes sensibilidades políticas” pero deberían estar, eso sí “comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”. Entre ellos, el secretario de Estado de Educación y el secretario general de Universidades, el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), los directores del Instituto Cervantes, el Centro de Investigaciones Sociológicos o los de los centros de Estudios Fiscales y Jurídicos.
“En mi caso, estaba comprometido con la causa [socialista] pero no creo que se deba cerrar la posibilidad de que personas independientes ocupen esos cargos sin menoscabo de su opción política”, defiende Salvador Ordóñez, que fue rector de la UIMP entre 2006 y 2012 (cinco años en un Gobierno socialista y otro en un Ejecutivo del PP) y fue previamente secretario de Estado de Universidades el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
La normativa actual fija que el cargo de rector de la UIMP debe ocuparlo un Catedrático de Universidad elegido por el Patronato de este organismo (que presiden el Secretario de Estado de Educación y Universidades y el cuyo vicepresidente es el Director general de Universidades) y nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte. “Lo más importante para ese puesto es la capacidad técnica”, añade Ordóñez, que es catedrático de Petrología y Geoquímica y fue rector de la Universidad de Alicante. Actualmente da clases en esta universidad.
“Considero que, independientemente de que se busquen profesionales solventes, siempre existe una vinculación de este tipo de cargos con el partido en el poder”, considera por su parte Segundo Píriz, presidente de la conferencia de rectores, la CRUE. Píriz distingue entre los cargos universitarios, como el suyo o los rectores de las universidades españolas que son elegidos en el seno de sus claustros, y los puestos que dependen del Gobierno. “No me parece descabellado el planteamiento. Si el que está en el Gobierno es el PP, por ejemplo, no va a nombrar un cargo que no esté en línea con el partido, sea o no afiliado. Así se ha hecho hasta ahora”.

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