jueves, 19 de mayo de 2016

La Diputación de Valencia pagó 37.607 euros a un sindicalista de UGT por trabajar en Año Nuevo

Es la escenificación gráfica de la mafia política, recogida en el caso de la empresa pública Imelsa, y que afectó a distintos partidos en el poder o con presencia (PP, máximo responsable, PSOE, IU o sindicatos). De la lucha de poder por hacerse con trozos crecientes del pastel político y aprovechar en beneficio propio las herramientas del Estado (a costa del ciudadano común).

Para ello necesitan más poder, más dinero, más control y más intervención en todo ámbito y es hacia lo que tienden, engañando a la gente de que es necesario y de que nos quitan cada vez más dinero (impuestos, monopolio del dinero y monetización de la deuda -inflación, devaluación y pérdida de poder adquisitivo- y deuda -impuestos futuros-) por tu bien. 
Así, acrecientan la administración sin fin, crean organismos de descontrol, empresas públicas, diputaciones, cabildos, autonosuyas, digo autonomías, departamentos, observatorios...que les sirven para aumentar el control de la vida de las personas, entrometerse crecientemente y decidiendo por ti cómo se deben hacer las cosas, qué se puede hacer y qué no, y cuándo. Obligan a qué todo tenga que pasar por sus manos y autorización y van paso a paso delegándose a sí mismos parcelas crecientes que antes llevaba a cabo la sociedad civil poniendo trabas crecientes y dificultando su desarrollo actuando bien como monopolistas, bien haciendo competencia desleal. 
El resultado es el obvio: Corrupción creciente, impuestos crecientes, menor crecimiento económico, menor poder adquisitivo en manos de las familias en general (menos las privilegiadas) y empobrecimiento creciente del ciudadano, privilegios crecientes del político y allegados, dependencia creciente del político y Estado, reducción y problemas crecientes a la iniciativa propia, trabas crecientes a la creación de empresas (y con ello del empleo y la riqueza de la sociedad), dirigismo creciente, reducción de la libertad, nepotismo creciente, burocracia creciente, ineficiencia creciente, desempleo en el sector privado mucho mayor a la "creación" del público (por las mayores trabas y costes, por el menor poder adquisitivo, por el efecto crowding out del crédito y por el coste de oportunidad), siendo el primero mucho más productivo, injusticia creciente (pues se discrimina entre unos y otros según a quién favorece el político, no dependiente de quién satisface mejor las necesidades como ocurre en competencia en el mercado, decidiendo el cliente), reparto creciente del botín expropiado a los ciudadanos entre las élites dirigentes... 
Pero todo esto es lo que apoyan los distintos partidos en el poder de manera creciente, tanto los "nuevos" como los viejos. 
Y el mejor truco, y bien que lo saben, es mágico para que todos acepten: Es por el "bien común" o por los pobres. Y no importa las barbaridades que se cometan (de hecho se apoyado y se siguen apoyando o incluso se tratan como héroes numerosos dictadores y criminales bajo este parapeto). Y automáticamente no hay nada que cuestionar. No importa que argumento sea absolutamente falso, y además contraindicativo (genera más pobres y menos oportunidades para salir adelante y prosperar, con múltiples efectos nocivos y de segunda ronda así como incentivos perversos que lejos de solucionar problemas los agravan sobremanera. 
Pero estas son las consecuencias de las causas exigidas y defendidas. 
Artículo de El Economista: 
ximo-puig-reuters.jpgEstornell fue en las listas de Ximo Puig. Imagen: Reuters
El caso Imelsa (empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia) no deja de sorprender. Según los informes de la Guardia Civil, Honorio Estornell, sindicalista de UGT, y en las listas del socialista Ximo Puig, cobró 37.607,64 euros por trabajar un 1 de enero para esta empresa. Es decir, un día de Año Nuevo, "por lo que presumiblemente no hubiera trabajado", explican los agentes encargados del caso.
Estornell, que en la época que se investiga fue secretario de acción sindical de UGT en Imelsa, figuró en el puesto 36 de la candidatura del PSPV-PSOE a las elecciones autonómicas de 2015 por la provincia de Valencia, pero no logró acta.
Según Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, esta práctica, de presuntos contratos de personal irregulares, estaba generalizada desde esta administración municipal. De hecho, Imelsa habría contratado "a doscientas o trescientas personas, la mayoría asesores que no hacían nada, ni tan siquiera iban por allí", ha confesado Benavent.
La empresa pública Imelsa -ahora denominada Divalterra- contrató a dos arquitectos por indicaciones del exvicepresidente segundo de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla (PP), con el objeto de trabajar en la confección de los pliegos del plan de instalación de césped artificial de instalaciones deportivas de distintos ayuntamientos que impulsó el expresidente de la corporación provincial, el 'popular' Alfonso Rus. Ambos profesionales cesaron su vinculación laboral en la empresa pública Ciegsa para pasar a formar parte de Imelsa.
Esta contratación se incluye en el sumario de la pieza separada relativa a la contratación de trabajadores en la entidad pública incoada por el juez que instruye el 'caso Imelsa'. En esta pieza figuran como investigados, además de Rus y Caturla, el exalcalde de Genovés y mano derecha del expresidente de la Diputación, Emilio Llopis, o el presidente del grupo empresarial Engloba, José Adolfo Vedri, entre otros.
El informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que las acciones supuestamente punibles que se investigan en esta causa se realizaron siguiendo dos caminos: a través de la contratación de personal, sin los cauces adecuados o sin reunir los requisitos necesarios, y a través de despidos de personal pactándose el cobro de la máxima indemnización, como si fueran despidos improcedentes.

Enchufados, contratados...

Estas contrataciones, según ha relatado ante el instructor el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, vendrían impuestas por terceros con suficiente capacidad para realizarla o imponerla, o como contraprestación de favores recibidos o pendientes de recibir.
En su declaración en sede judicial el 11 de junio de 2015, Benavent asegura que en sus siete años en Imelsa habría contratado "a doscientas o trescientas personas" y que "la mayoría de asesores no hacían nada" y "ni siquiera iban por allí".
"Todos los trabajadores de Imelsa eran enchufados", afirmó el exgerente, que explicó que con estas contrataciones, la empresa pública nutría de trabajadores a muchos departamentos de la Diputación como su departamento de prensa, protocolo, presidencia, turismo, Muvim, Fundación Alfonso El Magnànim, Escuela de Capataces de Catarroja, así como las diferentes secretarias y secretarios de los diputados, además de la Sala Parpalló en la primera legislatura.
Según comenta el exgerente, no existía "ninguna oferta de empleo público ni proceso selectivo" sino que "te daban un currículo y había que encajarlo donde fuera". "Contra los excesos de amiguismo no había solución posible porque Imelsa era un pozo sin fondo", llegó a decir.
Entre las personas que Benavent sostiene que le pidieron "favores" para que se hicieran determinadas contrataciones señaló a Rus; Llopis; el exvicepresidente primero de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo; el vicepresidente tercero de la corporación, Emili Altur; Ruth López, por parte de CSI.F; el exsecretario general de UGT-Imelsa, que presentó su dimisión por su situación procesal este martes, Rubén Estornell; y la diputada provincial de EU y denunciante del caso, Rosa Pérez.
Incluso, relató que Imelsa llegó a contratar a dos trabajadores de Engloba, la empresa de Vedri que recibió numerosos contratos de la Administración valenciana, que en realidad realizaban sus labores para la firma privada.
También son especialmente significativos los casos de un futbolista del Olímpic de Xàtiva -club que presidía Rus-, Miguel Ángel Mullor, investigado en esta pieza, que figuraba como asesor de un consejero del PP y aparece en un listado con trabajadores que no fichaban en su supuesto puesto de trabajo. O una persona que se dedicaba a la confección de calcetines y que de forma paralela fue contratado en Imelsa, donde nunca desempeñó trabajo alguno, según Benavent.
En cuanto a los despidos, el exgerente de Imelsa manifestó que la gran mayoría de ellos se pagaban con la máxima indemnización, de 45 días por año trabajado, calificándolos como improcedentes, y esto se debía a que la gran mayoría respondían a favores personales y a que existía un criterio basado en que ya que se les despedían, que al menos fuese con la indemnización máxima.
A preguntas del magistrado, Benavent afirmó que uno de los casos fue el de la exmujer del diputado nacional del PSOE José Luis Ábalos, que estaba en nómina en Turismo -aunque desconoce si realmente acudía a su puesto de trabajo- y que recibió la máxima indemnización. Se repitió este procedimiento, según indicó, con una amiga del diputado provincial Antonio García o con la sobrina del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Vicente Aleixandre, investigado en la pieza de este caso en la que se investiga un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal 'popular'.

Otras causas de baja

Destaca también el caso del exalcalde de Llutxent y delegado sindical de UGT en Imelsa, Honorio Estornell (EU), que cobró como indemnización por despido 72.251,72 euros. Además, este ex representante de los trabajadores terminó su relación contractual con Imelsa el 1 de enero de 2008 -Año Nuevo- y por ese día, que "presumiblemente no hubiera trabajado", percibió 37.607,64 euros.
Los despidos de esta clase se justificaban bajo el título "otras causas de baja" que, según Benavent, eran un "cajón desastre" que usaban principalmente "para el personal enchufado, para el personal de partido, para evitar poner como causa problemas con el alcohol o las drogas o conflictos o causas graves". "Era un subterfugio para evitar dar explicaciones", añadió.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) expone, en sus conclusiones, que "cualquier cantidad satisfecha a cualquier trabajador de Imelsa que haya sido despedido ha de ser puesta en tela de juicio".

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