lunes, 20 de febrero de 2017

La gran mascarada que se oculta tras el conflicto de los estibadores

Nacho Cordero analiza la gran mascarada que se oculta tras el conflicto de los estibadores.

Artículo de El Confidencial:
Foto: Pablo López LeartePablo López Learte
Dicen haber suspendido las movilizaciones, pero lo cierto es que llevan semanas practicando una huelga de celo que impide el correcto funcionamiento de los puertos; son un fortín inaccesible donde impera la ley del nepotismo bajo el radiofónico eslogan “por nuestros padres, por nuestros hijos”; en el puerto de Algeciras no permiten trabajar a las mujeres, en un claro ejemplo de discriminación, y se erigen en uno de los colectivos más privilegiados de España, con sueldos medios de 67.000 euros al año, que pueden llegar hasta los 150.000, un 50/60% del total de costes portuarios.
Sí, son los estibadores, los amos de los puertos. En sus manos está la posibilidad de paralizar el país y producir un importante quebranto económico a compañías y consumidores. Podrían hacerlo con solo chascar los dedos.
Pero una cosa es predicar y otra, dar trigo. Aunque se manifiestan en las calles y amenazan una y otra vez como verdugos con espada de Damocles, las huelgas se muestran lejanas en el horizonte. Al menos, con la virulencia de la que los estibadores son capaces. La realidad es otra. Más allá de las arengas que distribuyen a través de YouTube, sus coacciones obedecen a un plan predeterminado con un guion escrito de antemano que en nada se parece al que están haciendo creer a la opinión pública.
Tampoco el real decreto elaborado por el Gobierno es lo que parece y posiblemente tenga una efectividad más que limitada. Aunque el Ministerio de Fomento ha anunciado su determinación de poner coto a los desmanes de la estiba y sacar adelante una nueva legislación que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —que obliga, bajo amenaza de multas millonarias, a liberalizar el sistema de contratación de los trabajadores responsables de la carga y descarga de buques, que ahora se canaliza a través de empresas únicas (Sagep) participadas por los propios concesionarios—, lo cierto es que da la sensación de que dicho real decreto quedará en papel mojado antes incluso de que vea la luz.
No servirá para que haya más competencia efectiva y el gozo de Bruselas se quedará en lo más hondo de los pozos. El real decreto, que probablemente apruebe el Consejo de Ministros este viernes, no impedirá que los estibadores perpetúen su 'estatu quo'. En definitiva, una gran mascarada. Como Lampedusa, quieren que todo cambie para que todo siga igual.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato que agrupa a los trabajadores de este colectivo, a regañadientes y mucho paripé, terminará dando su ‘nihil obstat’. Lo hará porque tiene la llave que desmonta las medidas del texto que más la perjudican. ¿Cómo? Mediante la negociación individual con cada empresa de las condiciones concretas de la aplicación de la nueva regulación, especialmente en lo referente a la continuidad de las actuales Sagep, que monopolizan la contratación de los estibadores.
Así, mientras los partidos políticos se enredan en la cortina de humo del real decreto y su convalidación en el Parlamento, tratando de dilucidar si son galgos o podencos, en paralelo y por la puerta de atrás, estibadores y operadores portuarios negocian cómo saltárselo a la torera y seguir como hasta ahora. Mañana martes, sindicatos (Coordinadora) y patronal (Anesco), con el Ejecutivo de mediador, se volverán a sentar a la mesa para ponerle banda sonora a esta película que parece una réplica de las de la HBO.
En la negociación individualizada, Coordinadora está planteando a las compañías la subrogación de la contratación y mano de obra en las mismas condiciones que tienen actualmente, una vez se vean obligados a aplicar el real decreto y, tal y como establece el texto, desaparezcan las Sagep. Si no aceptan esta subrogación, el sindicato avisa de una campaña de presión sin parangón que paralizará los puertos. Durante las semanas previas, los operadores ya han sido testigos de algunos de estos ‘avisos’.
Nadie duda a estas alturas de la capacidad de Coordinadora para ralentizar la actividad de los puertos y lograr que la totalidad de las empresas estibadoras, una tras otra, firmen la mencionada subrogación. De hecho, no están teniendo problemas para conseguirlo. El aplazamiento para que la nueva regulación vaya a Consejo de Ministros no es sino la excusa perfecta para que los estibadores ganen tiempo y los operadores pasen a firmar en fila india.
A modo de pataleta, algunas de estas compañías se han dirigido a escondidas al notario nada más rubricar el acuerdo con los sindicatos para que este dé fe de que han firmado bajo coacción, con el objeto de romper dicho documento una vez se ponga en marcha la nueva ley. Una maniobra a la desesperada de la que se desconoce su efectividad.
Al fin y la postre, la subrogación individual se muestra como una solución óptima para los estibadores, que preservan su estatus y salarios actuales; tampoco es mala para los operadores portuarios, que mantendrán su actividad sin huelgas ni presiones, y es aparentemente inocua para el Gobierno, que cumple con las exigencias de Bruselas, pacta unos acuerdos perfectamente legales y todo ello he aquí otra clave sin coste para el erario público.
Si los 7.000 estibadores tuvieran que ser despedidos para empezar de cero, tal y como deja caer la sentencia de la Unión Europea, las distintas autoridades portuarias, dependientes de Puertos del Estado, deberían abonar en indemnizaciones cerca de 350 millones de euros, según cálculos de PwC. En cambio, si hay subrogación, la Administración no tendrá que pagar nada.
El modelo que están firmando estiba y patronal hace recaer sobre las empresas todos los costes laborales de la reforma. De tal forma que si los operadores se subrogan, cualquier despido posterior lo tendrán que pagar las compañías de su bolsillo. Se trata, en definitiva, de una liberalización cosmética en la que los únicos que pierden son el mercado y los consumidores, que no verán bajar la cesta de la compra. Si no hay eficiencia ni ahorro de costes, difícilmente podrá repercutirse en los particulares. Nada nuevo bajo el sol.

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