Juan Rallo analiza la cuestión de la investigación judicial sobre el comportamiento de los organismos reguladores en el proceso de rescate y recapitalización financiero y por qué hay que investigar al Banco de España, a la CNMV y al gobierno.
Artículo de El Confidencial:
Banco de España. (Reuters)
En muchas ocasiones he expresado mi frontal oposición hacia la expansiva ola de populismo judicial que venimos padeciendo desde hace años: la podemización de la vida pública no sólo ha contaminado la política española, sino también sus tribunales. Y la justicia populista no es justicia: es un ajuste de cuentas bendecido por la magistratura.
Un claro síntoma de esta peligrosa podemización de la vida pública es el la presuposición de que los damnificados por la crisis carecían de cualquier responsabilidad en la gestación de los hechos que terminaron por perjudicarles y que, por el contrario, las “élites sociales”(llámense “los ricos”, “las grandes empresas”, “la banca”, “los políticos”, etc.) eran plenamente conscientes del desastre hacia el que nos dirigíamos y, en consecuencia, eran totalmente responsables de haberlo generado o de no haberlo evitado. La copla es de sobras conocida: “No es una crisis; es una estafa”.
En realidad, nadie posee información perfecta acerca de cuál va a ser el futuro y, por tanto, enjuiciar desde el conocimiento presente las decisiones nocivas que alguien tomó en el pasado sería tanto como presuponer absoluta mala fe en su conducta (si el error no existe, todo daño es deliberado). Pero, a contrario sensu, equiparar la inexistencia de información perfecta con la inexistencia de cualquier tipo de información sobre el futuro equivale a considerar irresponsable cualquier decisión que adopte una persona (si no se conoce nada, todo daño es aleatorio). Dicho de otro modo, ni “las élites” son naturalmente culpables de las decisiones que tomaron por conocer de antemano cómo iba a desarrollarse la crisis, ni “el pueblo” es naturalmente inocente de las decisiones que tomó por desconocer de antemano cómo iba a desarrollarse la crisis. Culpar a priori a unos y exculpar a priori a otros, hilando una delirante narrativa conspiranoica, es el tipo de populismo judicial que rechazo.
Desde esta perspectiva crítica contra el populismo judicial, parecería que debería oponerme radicalmente a la imputación de la cúpula de los principales organismos reguladores de España por el caso Bankia. ¿Qué sentido tiene exigir a personas como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Fernando Restoy o Julio Segura que supieran con absoluta seguridad que Bankia estaba inexorablemente abocada a la quiebra y que, por consiguiente, su salida a bolsa no era más que una estafa contra los incautos inversores? Ninguno: elevar su diligencia debida hasta los niveles de la presciencia sólo puede tener el objetivo amarillista de convertirlos en cabezas de turco ante una población sedienta de “venganza”.
Pero no, no sólo no me opongo, sino que me parece del todo pertinente investigar con absoluto celo el comportamiento de toda la burocracia estatal durante los años del colapso del sistema bancario español. No porque observe necesariamente dolo o negligencia en cualquier error que pudieran cometer los reguladores, sino por las más que razonables sospechas de que el conjunto de las instituciones públicas empujaron a los ahorradores españoles a asumir unos riesgos financieros que sabían desproporcionados pero que les fueron de utilidad para nuestros gobernantes.
¿Cuál es el origen de esas razonables sospechas? Recordemos: a comienzos de 2011, la basura ladrillística escondida debajo de las alfombras de las cajas españolas era sobradamente conocida por cualquiera que analizara con un mínimo rigor el balance de tales entidades de crédito. No cabe dudar de que el Banco de España o la CNMV eran conscientes de que nuestros bancos cargaban con un grave agujero financiero que amenazaba con dinamitar su solvencia y con degenerar en una crisis sistémica.
Ahora bien, el tamaño y la gravedad de ese agujero sí eran cuando menos opinables: por ejemplo, adoptando ciertas hipótesis optimistas sobre la evolución futura de nuestra economía (estabilización post-recesión de 2009, freno en la destrucción de empleo, progresiva caída de la morosidad y reducción de la aversión inversora al riesgo), cabía la posibilidad de que semejante estercolero financiero pudiese salvarse sin necesidad de recurrir a un rescate estatal a gran escala o a una quita generalizada sobre los acreedores de la banca; y, bajo tan generosos supuestos, las cajas españolas apenas habrían necesitado captar algunos miles de millones de euros de capital que les permitieran sobrevivir durante algunos semestres más hasta que la crisis global escampara y la recuperación arrancara con firmeza. La apuesta podía ser muy arriesgada, pero no cabía descartarla de pleno: de hecho, incluso desde los informados departamentos de análisis de algunas grandes empresas (como Mapfre, Telefónica, Banco Santander, Iberdrola o ACS), apostaron por semejante recuperación, hasta el punto de invertir en Bankia durante su salida a bolsa. Fue la posterior crisis de credibilidad de la Eurozona —y la consiguiente salida masiva de capitales de España— la que terminó por arruinar cualquier esperanza al respecto.
Así pues, uno podría interpretar bienintencionadamente que el Banco de España y la CNMV trataron de incentivar la captación de capital por parte del sistema financiero nacional para intentar evitar un colapso que creían evitable. Pero incluso en tal caso, lo que resulta absolutamente reprobable —y acaso delictuoso— es que buscaran extraer ese capital del incauto inversor minorista español: es en ese desesperado intento por sostener el castillo de naipes del sistema financiero español donde cabe enmarcar la connivencia o apoyo estatal hacia la emisión de participaciones preferentes o hacia la salida a bolsa de Bankia. “Inyectemos capital a la banca procedente del pequeño ahorrador español para que ésta logre aguantar hasta que pase la crisis”.
Si los tribunales son capaces de demostrar fehacientemente lo que, por ahora, sólo constituye una (muy) verosímil hipótesis sobre el comportamiento de nuestros principales organismos reguladores —el Banco de España por acción y la CNMV por omisión—, entonces quienes participaron en semejante operación desde luego deberían ser condenados por un delito de estafa a inversores. Sería precipitado dictar sentencia por anticipado; sería irresponsable no investigar —con todas las garantías judiciales necesarias para preservar la presunción de inocencia— las posibles actuaciones antijurídicas de los reguladores durante un período tan crucial y doloroso de nuestra historia. Linchamientos no; impunidad tampoco.
Ahora bien, del mismo modo que todas estas fundadas sospechas justifican la investigación judicial del comportamiento de los organismos reguladores a propósito dela salida a bolsa de Bankia (y, más general, de la política de gestión de pasivos de las cajas españolas entre 2008 y 2011), resulta igualmente imprescindible apuntar hacia más arriba. En nuestro país, es del todo inconcebible que nuestros politizados organismos reguladores tomaran decisiones de tanto calado en asuntos tan cruciales sin el conocimiento, consentimiento o mandato del Gobierno de turno. Es preciso dilucidar, pues, si el Ejecutivo tomó la decisión política de apuntalar a corto plazo el sistema financiero nacional a costa de los ahorradores minoristas: es decir, es necesario investigar no sólo a la cúpula del Banco de España y de la CNMV, sino también a la del Ministerio de Economía de Elena Salgado y a la de la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La banca —y, muy en especial, ese trasunto de banca pública que eran las cajas de ahorro— es un sector demasiado privilegiado e interrelacionado con el poder estatal como para que las posibles responsabilidades de sus directivos no contaminen a los altos burócratas de la administración. Del mismo modo en que resulta necesario indagar en ese insoportable tufo a corrupción que ha rodeado al rescate bancario orquestado por el Gobierno de Rajoy, también es obligado averiguar si el Banco de España, la CNMV y el propio Gobierno de Zapatero promovieron estafar a centenares de miles de conciudadanos para sufragar su muy arriesgada apuesta política, económica y electoral. Que la crisis no sea una vulgar historia maniquea de buenos y malos no significa que los malos no puedan existir y que no hayan podido ocupar los principales estamentos del Estado: más bien al contrario, como ya nos advirtiera Hayek, son los peores quienes suelen llegar al poder.
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