Es el mundo al revés, una muestra más de la indefensión del ciudadano ante la ley, y del menguante respeto a la propiedad privada, pilar esencial de toda sociedad desarrollada.
Un nuevo caso que evidencia que la creciente corrupción y degradación de las leyes, lejos defender al legítimo propietario y ciudadano de bien, defiende al agresor, contra las que supuestamente están hechas. La policía no actúa contra los agresores y no propietarios, que además denuncian que sus dueños recuperen lo que es suyo con total impunidad, pero actúan y arrestan con la mayor brevedad ante los legítimos dueños, que exigen SU propiedad. Los desalojados no son los okupas, son los dueños en su propia casa...
Luego se escandalizan ante la desconfianza de la política, de las leyes y de los jueces que la interpretan, y la degradación del sistema...
Artículo de Libre Mercado:
La okupación se ha disparado en los últimos años | Pixabay/CC/makunin
El agravio que sufren muchos propietarios cuando algún okupa pone en su punto de mira sus viviendas, no tiene límites. El último caso insólito ha sucedido en Calafell (Tarragona), donde la Policía ha desalojado a los dueños de una casa tras la denuncia de los okupas.
La vivienda, okupada desde hace 3 años, era propiedad de un banco hasta que hace unos meses fue comprada por unos vecinos del municipio. Aprovechando un momento en que estos enemigos de la propiedad privada se ausentaron del domicilio, los nuevos propietarios entraron y cambiaron la cerradura, una decisión que les ha costado la denuncia de los okupas y el desalojo. Fueron los Mossos d’Esquadra los que instaron a los propietarios a abandonar la vivienda.
Tal y como informa el Diario de Tarragona, la vivienda en cuestión es una casa unifamiliar aislada de dos plantas con jardín y piscina. La casa fue okupada hace tres años por una familia con seis hijos.
Los okupas no tienen intención de marcharse. "El marido trabaja desde hace un año y la familia dice que con el sueldo no llegan. El Ayuntamiento de Calafell explica que los niños reciben ayudas para el comedor, el transporte escolar y que la familia también tendría acceso a ayudas del banco de alimentos", relata el diario.
Los dueños de la casa aseguran que han intentado llegar a acuerdos con los ocupantes "ofreciéndoles dinero para que se vayan y pagándoles un año de alquiler de un piso", pero los okupas no han aceptado. Por otro lado, las asociaciones que trabajan con personas sin vivienda "han denunciado que el banco vendió la vivienda a un precio muy por debajo de su valor real sabiendo que tenía okupas". Según afirman, la vivienda estaría valorada en unos 400.000 euros y el banco la habría vendido por 180.000.
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