Juan Rallo analiza la falsa "seguridad" que supone la Seguridad Social para los Autónomos, porqué no se comporta como un verdadero seguro privado (y cuáles son las diferencias y cómo funcionaría si lo fuera), qué supone la Seguridad Social para el autónomo y en qué consiste el "aguinaldo-trampa" que pretende aprobar el gobierno respecto a los autónomos y cuáles pueden ser sus efectos.
Artículo de El Confidencial:
Galería de alimentación en Madrid. (EFE)
La Seguridad Social no es un seguro: se nos publicita nominalmente como tal pero, en realidad, es un arbitrario instrumento de extracción y distribución en manos del poder político. A la postre, no somos los ciudadanos los que determinamos cuánto queremos cotizar para recibir, en función de esa cotización, una determinada prestación futura: son los políticos quienes nos imponen cuánto debemos cotizar y qué tienen a bien darnos a cambio. En otras palabras, no existe ningún contrato que establezca obligaciones recíprocas entre dos partes: solo la sumisión de una parte y el 'diktat' absoluto de la otra.
En este sentido, tomemos el ilustrativo caso de la cotización por incapacidad temporal de los autónomos. La inmensa mayoría de trabajadores por cuenta propia tiene la obligación de pagar a la Seguridad Social el 29,8% de su base de cotización. Ese 29,8% podría, en realidad, descomponerse en dos categorías: el 26,5% se correspondería con la cotización para recibir una pensión en el futuro; y, a su vez, el 3,3% sería la cotización para contratar una cobertura frente al riesgo de sufrir una baja laboral por enfermedad común y accidente no laboral (de hecho, los autónomos en régimen de pluriactividad no tienen que cotizar por incapacidad temporal y, en consecuencia, solo están obligados a pagar el 26,5% de su base de cotización).
El problema al que se enfrentan los autónomos —debido a que la Seguridad Social no actúa como un seguro privado— es que el tipo del 29,8% se ha de aplicar sobre una misma base de cotización. Es decir, un autónomo no tiene derecho a cotizar al 26,5% sobre la base mínima (por ejemplo, porque dispone de otras fuentes alternativas para cobrar la pensión y no quiere destinar mucho ahorro a devengar esta prestación) y, en cambio, al 3,3% sobre la base máxima (por ejemplo, porque es muy adverso al riesgo de caer temporalmente de baja y desea adquirir una buena cobertura contra él). No, el autónomo ha de cotizar por la misma base tanto por la prestación “pensión” como por la prestación “incapacidad temporal”: y como la mayoría de autónomos no confían en las exiguas pensiones que vaya a pagarles la Seguridad Social en el futuro, más del 85% seleccionan la base de cotización mínima, esto es, 932,7 euros mensuales.
Sucede que, al seleccionar la base mínima de cotización, la mayoría de autónomos quedan infrasegurados frente al riesgo de incapacidad temporal. A la postre, un autónomo que esté un mes de baja apenas cobrará, a modo de prestación de la Seguridad Social, unos 550 euros, pero simultáneamente tendrá que seguir cotizando como si se mantuviera en activo: es decir, deberá pagar el 29,8% de 932,7 euros (278 euros). ¿Cuál es, por tanto, la cobertura neta que les queda por un mes de baja a la inmensa mayoría de autónomos? Apenas 272 euros. Se entenderá perfectamente así que, sobre el papel, los trabajadores por cuenta propia gocen de una salud de hierro: darse de baja es un lujo que muy pocos se pueden permitir.
Pero, ¿qué sucedería si la Seguridad Social fuera verdaderamente un seguro y, por tanto, permitiera a los autónomos cotizar según las distintas prestaciones que desean contratar? Pongamos por caso que un autónomo no quiere cotizar para su pensión, de modo que sólo abona el 26,5% de la base mínima (esto es, 247 euros al mes), pero en cambio sí tiene mucho interés en cubrirse frente al riesgo de baja temporal, para lo que cotiza el 3,3% sobre una base de 3.000 euros mensuales (esto es, 99 euros mensuales). En total, este autónomo pagaría al mes 346 euros a la Seguridad Social, pero si sufriera una baja temporal de un mes recibiría una prestación de 1.770 euros mensuales (que deducida la cotización de 346 euros, quedaría en una compensación neta de 1.424 euros). En estas condiciones, es obvio que muchos autónomos en situación de incapacidad temporal sí podrían coger la baja.
Pero la Seguridad Social, como decíamos, no se comporta como un seguro privado porque no es un seguro privado. Es una máquina para extraer recursos de la población y repartirlos de vuelta según las preferencias electorales del gobierno de turno. Por eso, el Ministerio de Trabajo está contemplando ahora aprobar un aguinaldo-trampa para los autónomos: permitirles que se tomen la baja sin que, simultáneamente, deban seguir cotizando. De este modo, la prestación por incapacidad temporal no descenderá de 550 euros mensuales a 272, sino que se mantendrá en 550.
Fantástico, ¿no?, ¿dónde está la trampa? Pues que, como el Estado sigue disfrutando de la potestad de modificar unilateralmente las prestaciones y las cotizaciones sociales, muy probablemente solo estemos ante una maniobra para justificar el sablazo ulterior que el Gobierno lleva meses preparando contra el colectivo. No en vano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se escuda en el déficit presupuestario del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para justificar la obligatoriedad de que los autónomos coticen por sus ingresos reales y no de acuerdo con la base de cotización que ellos libremente determinen. Pues bien, esta medida solo hará que incrementar todavía más el déficit del RETA y, por tanto, las excusas para que Sánchez fría a nuevas cotizaciones a los trabajadores por cuenta propia: te regalo un caramelo para, en unos meses, embargarte la casa. No, mientras la Seguridad Social sea un instrumento político, y no un seguro privado donde el asegurado pueda determinar libremente qué prestaciones contratar, los gobernantes seguirán dándonos y quitándonos según sus cálculos electorales y no según nuestras necesidades reales.
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