Carlos Rodríguez Braun analiza la típica y más que falaz (con evidentes intenciones) declaración al respecto de la defensa del monopolio público para mantener privilegios, aumentar intereses propios, impedir competencia (no necesitando rendir cuentas a nadie) imponiendo sus condiciones sin posibilidad de alternativa y aumentando el coste de los consumidores-clientes-personas.
Artículo de Libre Mercado:
Una publicidad a página entera en El País, bajo el título "No es la economía, son las personas", atrajo mi atención. Era de Emasesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, y era el comienzo de una serie: "Los nuevos retos de la gestión pública del agua (I)".
Al parecer, los retos estribaban en la posible privatización de la empresa. Hasta ahí podíamos llegar. Se nos avisaba que Emasesa es una empresa pública y de "su firme vocación de seguir siéndolo en el futuro".
Esto ya es curioso, porque no se entiende bien qué es eso de tener una "firme vocación" de seguir ostentando el privilegio de ser un monopolio público impuesto por las autoridades a la población. Eso sí, afirmaba el anuncio que la empresa quiere responder a las demandas de la sociedad con "unas nuevas reglas del juego que imponernos a nosotros mismos". Estos deben de ser los famosos enemigos de la autorregulación…
Palabras bonitas, siempre: "asegure el suministro de un recurso limitado, como el agua, reconocido como derecho humano". El derecho de los usuarios a elegir recibir un bien en competencia no vale nada, como tampoco vale el derecho de propiedad sobre sus carteras, frente al "compromiso con nuestros usuarios que son, en último término, a quienes nos debemos y a quienes tenemos que rendir cuentas". ¿Cómo va a rendir cuentas un monopolio cuyas cuentas el pueblo no puede elegir no pagar?
Al día siguiente, continuó el anuncio: "Una gestión pública responsable está enfocada más hacia las personas que a la cuenta de resultados de la empresa".
Es decir, son las personas las que importan, y no la economía, no las cuentas de resultados de una empresa cuyos resultados dependen de que los sevillanos sean obligados a pagar. Pero entonces, ¿qué personas son las que importan?
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