Inquietud entre los jueces por el decretazo de la violencia de género

Es otro decretazo que asalta los derechos constitucionales de las personas, otorgando al poder político todavía más arbitrariedad (quitando las funciones a los jueces) que la reparte en favor de sus clientes políticos e ideológicos, no en beneficio de la sociedad, sino de sus clientes y lobbies, que adquieren cada vez mayor poder y dinero a costa del resto de ciudadanos pisoteando sus imprescindibles e inviolables derechos personales. 

Una auténtica aberración desde el punto de vista que se quiera mirar. Pero por supuesto, hay mucho poder, dinero y colocación de allegados en juego. 

Otro evidente efecto desastroso y pernicioso de esta mal llamada democracia, que deviene en la dictadura de las élites extractivas que se reparten el poder y el botín imponiéndolo arbitrariamente mediante leyes favorables a sus intereses. 


Los efectos que se derivan de dicha nueva ley son dramáticos para muchos y muy suculentos para otros, pues los incentivos al fraude y a la victimización se multiplican (aún más), pues el dinero que hay en juego (más colocados, ingresos y subvenciones por cada victima, que cada vez, se relaja más su condición por múltiples vías para contabilizarla así (sin pruebas). 

Otro paso más hacia la dictadura de género con un fin bien definido por sus teóricos (la ruptura social, el conflicto creciente social, la ruptura de la familia, la destrucción del derecho y la igualdad por ley con independencia de quién comete un acto...)

Artículo de Libertad Digital:

Inquietud entre los jueces ante el decreto ley | Pixabay/CC/Daniel_B_photos

Las asociaciones judiciales se han mostrado muy críticas con el Real Decreto ley que amplía, entre otras cosas, las formas de acreditar la condición de víctima de violencia de género y que reforma el Código Civil. El decreto, aprobado por el Gobierno el pasado 3 de agosto, supone una intromisión en sus funciones, denuncian los jueces, pues deja en manos de la Administración algo que es competencia suya.

Las cuatro asociaciones de jueces ven con temor cómo se abre la puerta a otros agentes sociales para que tomen decisiones de especial transcendencia que deberían ser labor exclusiva de los magistrados.

No entienden por qué se han modificado con tanta urgencia, en forma de Real Decreto y en pleno verano, varias leyes orgánicas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos sin el necesario consenso del Parlamento.

Hasta ahora, solo una resolución judicial o un informe de la Fiscalía podía acreditar una situación de violencia de género y, por tanto, la condición de víctima; con el polémico Real Decreto ley también se puede determinar con un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

Es decir, según explica a Efe Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), "se deja en manos de las administraciones la decisión de qué es y qué no es una víctima de violencia de género cuando debe ser el juez en un procedimiento judicial quien lo determine".

Esta asociación cree que el Real Decreto ley no ha sido "meditado" ni "debatido" en profundidad y por ello pide al Gobierno que lo retire y confía en que la oposición no lo ratifique en el Congreso.

Aunque en general las asociaciones apoyan la necesidad de que se amplíe el significado de víctima de violencia de género y comprenden la intención de fortalecer las medidas contra esta lacra, no entienden ni la prisa ni la forma de hacerlo. A Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, es algo que no le "encaja del todo".

"Colocar en el mismo plano un informe y una sentencia no es de recibo", señala Rodríguez, que cree que hay muchos derechos fundamentales en juego, incluido el de la presunción de inocencia, como para dejar un asunto así únicamente en manos de la Administración.

Con similar preocupación acogen desde la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) la modificación del Código Civil, por la que los menores expuestos a violencia de género no necesitan el permiso del padre para recibir atención psicológica. Una medida que afecta de manera directa a la patria potestad y que, según Concepción Rodríguez, portavoz de FJI, debería ser "competencia exclusiva" de los tribunales.

Rodríguez lamenta la falta de confianza en el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y cree que aprobar estas medidas tan sensibles "a oscuras" vía Real Decreto lleva a una "pérdida de competencias de los jueces y de garantía jurisdiccional".

En este punto, Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria coinciden en cuestionar que solo haga falta la denuncia para que el denunciado no pueda decidir sobre sus hijos ni el juez pronunciarse sobre el asunto.

Las asociaciones sostienen que no concurren los requisitos de "urgencia y credibilidad" necesarios para la tramitación de un Real Decreto ley; lo "lógico", dicen, hubiese sido someter a debate las medidas en el Parlamento para aprobarlas, en su caso, con la "mayor celeridad" que las fuerzas políticas estimasen.