miércoles, 17 de julio de 2019

"Dos polvos y 600 euretes": los 'requisitos' de un funcionario para dar una licencia a un bar

Otra nueva muestra del poder arbitrario del funcionario, creando un incentivo a la corrupción, al fraude, a la injusticia y al chantaje. 
Por supuesto, la solución está en cambiar los incentivos (si mantienes los incentivos, mantendrás el problema, más grave aún pues cada vez se le dota de mayor poder, intromisión en la vida de las personas y recursos, lo que aumenta el incentivo y el montante del fraude y chantaje). De ahí que la solución sea dotar de menos poder de decisión al político-burócrata-funcionario y más a la sociedad civil. Menos leyes y regulaciones y más agilidad y claridad de las mismas. Menos arbitrariedad y más libertad. 
Juanma González se hace eco en el siguiente artículo. 

Artículo de El Español: 
Ciudad de la Justicia de Valencia.Ciudad de la Justicia de Valencia.
Un funcionario del Ayuntamiento de Valencia ha sido sancionado con tres años sin empleo y sueldo por ofrecer una licencia de un local a cambio de 600 euros y "un par de polvos".
El sancionado, que ocupaba el cargo de jefe de sección de la oficina técnica de Expropiaciones del Ayuntamiento de Valencia, ofreció entre los años 2014 y 2015 facilidades al propietario de un local para concederle la licencia municipal para operar como local de alterne.
El promotor, de origen búlgaro, almacenó grabaciones telefónicas y denunció los hechos. En los audios, el funcionario explicaba que, gracias a su ayuda, se había ahorrado mucho dinero y que con "600 euretes lo podríamos arreglar". 

"Dos polvos cuando abráis"


También se pudo escuchar cómo trató de justificarse detallando que "Hay una montaña de papeles que te cagas", y que, cuando estuviese abierto el prostíbulo, agilizaría los trámites para obtener la licencia a cambio de "dos polvos".
"Tranquilo, que no voy a cobrar hasta que no lo tengáis" o "no digáis a nadie que estoy detrás de todo el rollo" son otras de las frases que se pudieron escuchar en la grabación.
En 2017, el funcionario quedó absuelto durante el juicio por la vía penal, según ha podido constatar el periódico Las Provincias. En aquel juicio, el magistrado entendió que se incumplía uno de los requisitos del delito de tráfico de influencias al no haberse dictado una resolución. Sin embargo, se mantuvo el relato de los hechos probados y fue denunciado por la vía administrativa.


Ahora, una nueva sentencia ha confirmado el castigo de tres años de suspensión de empleo y sueldo para el funcionario. El sancionado, por su parte, ha recurrido la sentencia, pero el juez ha desestimado sus pretensiones.

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