El Gobierno valenciano repartió una veintena de 'ayudas' al periódico de Ximo Puig en 3 años

Es lo de siempre. Se critica la corrupción del de delante mientras se institucionaliza y justifica la propia. Se critican los rescates a empresas privadas que cuestan dinero del contribuyente, pero se aceptan y justifican si son afines o hay intereses políticos en ello. Se exigen dimisiones a la mínima en otros, pero se niegan y bloquean y olvidan cuanto se tratan de sí mismos o afines. Se habla de moralidad en otros, pero se justifica y defiende la inmoralidad propia. Se critica el clientelismo ajeno, pero se defiende e incrementa al máximo el clientelismo propio. Y así todo. 

Y por supuesto, no se trata de frenar y acabar con nada de esto por parte del político, lo que se aspira es de controlar dicho poder (político) para ejercerlo en beneficio propio. Por eso no se proponen medidas reales para evitar todo esto, sino justificaciones para mantener las causas que provocan todo esto y vender retórica al votante creyente de que acabarán con ello porque ellos son seres de luz que se desviven por ti. Y en todo caso, el votante dirá (como célebremente dijo Franklin Roosevelt "es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta", que no es otra cosa que perpetuar precisamente el mal del que dice aborrecer y criticar. 

Rubén Arranz se hace eco en el siguiente artículo. 


Artículo de Voz Pópuli: 

Ximo Puig Clara Rodríguez

El periódico Mediterráneo de Castellón, editado por la sociedad Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa) y propiedad del Grupo Zeta, recibió desde octubre de 2015 hasta finales de 2018 al menos 19 partidas de publicidad institucional por parte de la Generalitat Valenciana. Se da la circunstancia de que Ximo Puig, presidente de esta comunidad autónoma, es accionista minoritario de este medio de comunicación, del que posee más de 200 participaciones, con un valor de 177.000 euros.

Según figura en los registros públicos del Gobierno valenciano, este diario recibió en 2016 un total de 82.565,58 euros en este concepto, frente a los 179.192 de 2017 y los 289.993,14 de 2018. En octubre de 2015, ya con Puig al frente de esta comunidad autónoma, ingresó cuatro partidas por un valor de 15.416,4 euros.

La mayor parte de este dinero procede de la Consejería de la Presidencia, es decir, la encabezada por el propio Puig. En 2017, un total de 162.324, mientras que en 2018, de 212.597,27. En el resto de los ejercicios no se especifica en los documentos que figuran en la web de la Generalitat.

Hay que tener en cuenta que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han exigido explicaciones a Puig por haber participado en una decisión política que ha beneficiado directamente a este periódico e indirectamente a sus accionistas. Es la relativa a la quita del 70% de la deuda de 1,9 millones de euros que el Grupo Zeta tenía con el Instituto Valenciano de Finanzas, dependiente de la Generalitat.

Una venta 'política'

La decisión tuvo importancia dentro del proceso de venta de Zeta, completado hace unas semanas, después de que Javier Moll (Editorial Prensa Ibérica) acordara los términos con sus antiguos accionistas mayoritarios, es decir, la familia Asensio. Esta operación obligó a los acreedores de la compañía -CaixaBank, Sabadell, BBVA, Santander, Instituto Catalán de Finanzas e Instituto Valenciano de Finanzas- a alcanzar un pacto con el comprador que implicó la condonación de alrededor de 70 millones de euros de deuda. Básicamente, porque, sin quita, ningún grupo de prensa hubiera hecho una oferta por estos activos.

Este proceso de venta tuvo un importante componente político. De hecho, el otro interesado en el Grupo Zeta, Jaume Roures -el candidato preferido de ERC- denunció la existencia de "fuerzas oscuras" que habían impedido que prosperara su oferta, pese a que era más alta. Desde Moncloa, tanto con Rajoy como con Sánchez, existía la voluntad de que El Periódico de Catalunya mantuviera su línea constitucionalista dentro de una comunidad autónoma en la que los independentistas cuentan con potentes altavoces mediáticos, como TV3.

Por otra parte, también hay que señalar que los Gobiernos autonómicos de Cataluña y Valencia aceptaron perder 7 de cada 10 euros de lo que les debía el Grupo Zeta, lo cual, evidentemente, también obligó al poder político a posicionarse en este proceso y aceptar pérdidas con cargo al erario público. La oposición de Ximo Puig ha criticado que haya participado en una decisión que afectaba a su bolsillo y que, por tanto, podría suponer un conflicto de intereses.

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