Otro ejemplo de corrupción institucional, conflicto de intereses, malversación de fondos públicos, clientelismo político...
El presidente de la Generalitat, accionista de la empresa mediática, subvenciona con cientos de miles de euros dicho medio, que al engrosar sus resultados, paga dividendos beneficiando al propio presidente, que a la vez, firma un decreto para hacer una quita por el 70% de la deuda de dicha empresa editora (que reúne los medios de prensa más importantes de Valencia, desde los que se hace propaganda del régimen en el poder).
Pero aquí no pasa nada, claro, ni oiremos hablar de ellos en 20 especiales semanales. Hay que entender que eso iría contra el relato que hay que insertar en la mente de los ciudadanos...
Pero nadie quiere llevar a cabo las medidas que acabarían con todo esto (que son muy sencillitas), pues supone eliminar una de las principales herramientas del poder político...
Victor Romero informa en el siguiente artículo.
Artículo de El Confidencial:
El 'president' valenciano, Ximo Puig. (EFE)
La operación de traspaso del Grupo Zeta al conglomerado mediático de Prensa Ibérica Media y la condonación del 70% por parte de los acreedores financieros de la deuda que arrastraba la ya excompañía de Antonio Asensio están repletas de carambolas y efectos colaterales. Una de ellas es el chute de salud financiera que han recibido los accionistas minoritarios de 'Mediterráneo de Castellón', uno de los periódicos de Zeta que han pasado a formar parte de la colección de diarios de Javier Moll. La empresa editora de esta cabecera, Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), estaba controlada en un 84% por Asensio, pero cerca de un 16% se lo reparten antiguos socios, uno de ellos el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que en su declaración de bienes valora en 177.886,06 euros el 1,16% de su participación, algo más de 200 acciones. Esta participación le ha permitido cobrar un bocado durante dos de los cuatro años en que ha sido presidente, cerca de 11.000 euros, de un diario al que la Generalitat ha regado con casi 600.000 euros de publicidad, 547.000 directamente inyectados desde el área de Presidencia desde 2015.
El Instituto Valenciano de Finanzas tenía un deuda viva de 1,9 millones de euros con el Grupo Zeta por dos préstamos concedidos a Pecsa que sumaban seis millones y que fueron sindicados en 2009 con el pasivo consolidado del grupo. El hecho de que el llamado banco público de la Generalitat haya participado en el acuerdo de venta del pasivo a Prensa Ibérica junto con entidades como CaixaBank, Santander o Sabadell, con un descuento del 70%, ha generado una tormenta política en Valencia. Partido Popular y Ciudadanos han reclamado explicaciones al 'president' socialista por la quita de la deuda. Le piden que aclare, además, por qué no se ausentó de la reunión del pleno del Consell en que su Gobierno aprobó un decreto de funcionamiento del IVF en el que, entre otras cosas, se habilitaba al organismo para sumarse a operaciones de refinanciación sindicadas.
El decreto, aunque genérico y sin referencias al caso de Prensa Ibérica y Zeta, blindó legalmente la venta de la deuda, que se cerró apenas unos días después. El director del IVF, Manuel Illueca, defendió el jueves la operación. Aseguró que su capacidad de influencia en el sindicado, con el 1,8% de la deuda, era muy limitado como para poner condiciones y que la quita era la mejor opción para el instituto. Insistió en que informes encargados a Deloitte señalaban que la pérdida podía ser superior en caso de liquidación. El alto cargo admitió que Puig se interesó personalmente por la situación de la deuda, pero insistió en que no le dio ninguna instrucción. "Hablé con el presidente de este tema en la medida en que estaba en los medios de comunicación. Me preguntó qué créditos tenemos, cuánto dinero se nos debe. Son conversaciones que tenemos día a día. Pero nunca ha dado luz verde o luz roja a ninguna actuación del instituto. Siempre ha habido el máximo respeto a la decisión técnica que se adopta en esta casa", aseguró.
Ximo Puig alega que su participación en Pecsa es anterior a la entrada de Zeta, que tiene su origen en una indemnización por despido que ganó en los juzgados al periódico en el que trabajó en los años ochenta y que decidió invertir junto con antiguos compañeros de partido y empresarios cuando entró en crisis en aquella época. Muchos de estos pequeños inversores eran militantes socialistas, que se aglutinaron en una sociedad denominada Eivisa en 1988. En 1999 decidieron ceder sus participaciones en Pecsa, el 22% del capital, por una peseta al PSOE federal, que entonces atravesaba una situación financiera complicada. El partido vendió su paquete el Grupo Zeta para obtener liquidez y Antonio Asensio amplió su control sobre el diario.
Al contrario que otros compañeros, Ximo Puig decidió no vender y mantuvo su posición. Siempre ha defendido que era su único patrimonio, que tenía un componente sentimental y que nunca participó ni tuvo influencia en la gestión del diario. No ha sido la única vez que compañeros y personas de su entorno le han aconsejado desprenderse del paquete por el posible conflicto de interés que podía tener en su desempeño político.
En los años en que ha sido presidente de la Generalitat, ha recibido dividendos modestos, unos 11.000 euros en 2016 y 2017, después de que 'Mediterráneo' ganase algo más de medio millón de euros cada uno de esos ejercicios. Aunque el periódico siempre ha estado en beneficios, desde 2015 y años atrás, hasta el inicio de la crisis en 2007, optó por prudencia y reforzar su balance, no repartir beneficios y elevar las reservas contables, que superan los 13 millones de euros. Pecsa tuvo ejercicios muy positivos antes de la crisis, en los que llegó a repartir 4,5 millones de euros en dividendos a sus accionistas. Con Puig al frente de la Generalitat, 'Mediterráneo' ha recibido cerca de 600.000 euros en inserciones publicitarias de la Administración autonómica. El dirigente político ha hecho públicos esos dividendos en el portal de trasparencia de la Generalitat. La cantidad recibida por los medios de Prensa Ibérica el año pasado ascendieron a 1,4 millones de euros.
Algunos de estos socios que, como Puig, se quedaron dentro del accionariado con porcentajes minoritarios son empresarios de influencia en Castellón. De hecho, su presencia se explica por el deseo de Zeta de afianzar su posición en la provincia del norte de la Comunidad Valenciana contando con aliados locales. Entre ellos, con un 2% del capital, está la familia Batalla, que incluso ha participado en el consejo de administración a través de uno de sus ejecutivos de confianza, Alberto Oller. La participación de la familia Batalla en 'Mediterráneo de Castellón' quedó fuera del perímetro de la venta de gran parte de su grupo empresarial e industrial que realizó a Atitlan Grupo Empresarial.
Gabriel Batalla, hijo del fundador del grupo Lubasa (después Obinesa), se vio envuelto en el caso Gürtel por las aportaciones que sus empresas, muchas de ellas contratistas de la Administración, hicieron al Partido Popular de Francisco Camps a través de Orange Market para financiar actos de las campañas de 2007 y 2008. Batalla confesó los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que rebajó su petición de pena a una multa económica y no pidió cárcel para él. Lo mismo ocurrió con Enrique Gimeno, dueño de Sociedad Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), que figura como accionista del periódico a través de Viviendas Benicàssim. Su porcentaje es inferior al 2%.
Como Ximo Puig, los dos grupos empresariales se han convertido ahora en socios de Prensa Ibérica, grupo de comunicación dominante en la Comunidad Valenciana que controla ahora los tres periódicos líderes: 'Mediterráneo', 'Levante-EMV' e 'Información de Alicante'. Tras cerrar la adquisición de Zeta, Moll cerró la cabecera 'Levante de Castellón', con 25 años de historia, y despidió a una parte de la plantilla.
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