Pero en el absurdo (tan fácilmente desmontable) relato que se trata de insertar en las mentes, la corrupción no es un problema generalizado que afecta a los partidos políticos que tocan el poder, sino solo a alguna sigla en concreto...
Cristóbal Toledo y Gema Peñalosa informan en el siguiente artículo.
Artículo de El Mundo:
Los esfuerzos de los partidos que gobiernan la Comunidad Valenciana -el PSPV y Compromís- por trasladar una imagen de limpieza y regeneración tras los años de la corrupción del PP saltaron de nuevo este miércoles por los aires con la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, su círculo más cercano de colaboradores y una alto cargo de Compromís en la Institución Provincial.
La operación policial, bautizada como Alquería y avalada por el juzgado de instrucción número 9 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, arrancó a las 7.30 de la mañana con el arresto de Rodríguez en Ontinyent, localidad en la que también ejerce como alcalde, por los delitos de prevaricación y malversación.
Paralelamente, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), respaldados por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Jefatura de Policía de Valencia, detuvieron al jefe de Gabinete de Rodríguez en la Diputación, Ricard Gallego; un asesor de Presidencia, Manuel Reguard; los cogerentes de Divalterra (la antigua Imelsa), Xavier Simón (PSPV) y Agustina Brines (Compromís), y el secretario letrado asesor del consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda, que también actuaba como asesor jurídico de Presidencia.
Los agentes, además, registraron las dependencias de Presidencia en la Diputación, de Divalterra, del Ayuntamiento de Ontinyent y de las viviendas de Rodríguez y de otros tres detenidos.
La operación Alquería es el segundo golpe que encajan tanto los socialistas como Compromís después de la causa abierta por la presunta financiación irregular de ambos partidos a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar y que investigan juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía.
Las pesquisas que han desembocado en las seis detenciones se iniciaron con la denuncia de un trabajador, a la que después se añadieron denuncias del PP y Ciudadanos, por la contratación a dedo en noviembre de 2015 de siete directores de área con categoría de alta dirección en Divalterra, pese a la existencia de hasta 12 informes jurídicos tanto externos como internos en contra. Los reparos legales hacían referencia a la necesidad de convocar concursos públicos para la contratación de puestos de alta dirección, una circunstancia que se obvió gracias, supuestamente, a un único informe favorable, el del secretario letrado asesor del consejo de administración de Divalterra, detenido ayer.
Los siete altos directivos (tres nombrados por los socialistas y cuatro por Compromís), que paradójicamente tenían el cometido de vigilar que no se cometieran las irregularidades del pasado, tenían un salario de 75.000 euros y un contrato que, en principio, debía prolongarse durante los cuatro años de la legislatura, lo que implicaría un desembolso para la Diputación de 2,5 millones, según consta en la denuncia de Ciudadanos. Los investigadores sospechan que los detenidos podrían haber desviado parte de esta cantidad y que los contratados no ejercían ninguna actividad real. Una práctica que no era ajena en Divalterra, la antigua Imelsa, que ya fue objeto de la operación Taula precisamente por la contratación de los conocidos como «zombis», personal empleado la empresa pública pero que no desarrollaba ningún tarea real y que ni pasaban por su sede.
Es decir, que se habrían repetido los mismos mecanismos que se dieron durante la etapa del popular Alfonso Rus y que todavía siguen judicializados.
En total, la Diputación recurrió a este sistema de contratación en Divalterra en 13 ocasiones: además de los actuales cogerentes Brines y Simón, también ocuparon puestos de alta dirección José Ramón Tíller, José Luis Vera, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Josep Lluis Melero, María Soledad Torrijo, Pau Pérez, Raúl Ibáñez, Víctor Sahuquillo y otros dos que apenas se mantuvieron en el cargo unos días. Todos los contratos fueron suspendidos hace algunos meses.
Ninguno de los nombramientos, según la denuncia presentada por Cs, habría pasado por el consejo de administración de Divalterra como, en principio, sería preceptivo. En su lugar, el presidente de la Diputación habría creado un consejo de dirección paralelo en el que no estaban los consejeros de la oposición para autorizar las contrataciones. En el escrito, además, se instaba a la Fiscalía a investigar la posible distracción de fondos a partidos políticos, puesto que, a su juicio, era posible que los altos cargos contratados realizaran, «de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado».
La contratación de los altos cargos sólo sería una de las vías abiertas de la investigación. El juzgado también está revisando la decisión de Rodríguez como presidente de la Diputación de suspender el cobro de la tasa de basuras a Ontinyent, el municipio del que es alcalde, pese a los informes en contra del secretario de la institución, una situación que también fue denunciada por el PP.
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