Isabel Morillo se hace eco de otra muestra de corrupción institucional y fraude masivo a los andaluces (por supuesto, sin consecuencias para sus responsables).
Artículo de El Confidencial:
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. (EFE)
El Gobierno andaluz de PP y Cs, que ha pactado en sus presupuestos con Vox un importante ajuste en el sector público de la Junta en 2019 y 2020, puso en el punto de mira a la fundación de empleo Andalucía Emprende. Según un informe que se presentó este martes en Consejo de Gobierno, este ente público destina apenas un 2% de su presupuesto a ayudas a los emprendedores, objeto con el que fue creado.
La fundación Andalucía Emprende cuenta con estructura periférica en las ocho provincias andaluzas, 262 centros andaluces de emprendimiento (CADE) y 878 alojamientos empresariales que cubren el 100% del territorio de la comunidad.
El ente público contaba con un presupuesto de 40 millones de euros "pero no emprendía". De todo este dinero anual, dedicaba un millón de euros a ayudas al emprendimiento que, además, debían tramitarse a través de la Agencia IDEA. El resto se va en nóminas y en gastos corrientes para el mantenimiento de la fundación.
Un millar de trabajadores
En concreto, 33,8 millones (83%) son para pagar nóminas a un millar de personas. Descontando gastos de mantenimiento, quedaba un millón de euros para ayudar a emprender. “Era un modelo de gestión. Creamos un ente, lo inflamos de personal y al objetivo de creación le dedicamos el 0,1%. Un gran fraude que ningún socialista ha explicado todavía”, aseguró el consejero de Presidencia, Elías Bendodo.
El informe presentado por Empleo señala además que en la selección de personal de esta fundación “no había criterios de igualdad, mérito y capacidad”. Según el Gobierno andaluz de PP y Cs, Empleo ha dado pasos “para encauzar esta situación”. Habrá un diagnóstico de funcionamiento y sobre la prestación de servicios para finales de agosto y después se reorganizará la fundación, “en diálogo con los trabajadores”.
44 eventuales, fuera
El Gobierno ya remodeló la estructura de esta fundación el pasado abril, cuando eliminó 44 puestos de libre designación “con un ahorro de 360.000 euros”. Este, apuntó, será el camino a seguir el verano.
“El modelo socialista de Andalucía Emprende es el mismo modelo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, es un modelo institucionalizado, un fraude y un engaño para los andaluces que hay que cambiar. Un modelo para crear una agencia y buscar una excusa para inflarla de personal. Si destinas un millón de euros de 40 de presupuesto estás defraudando, al menos las expectativas de los andaluces”, sostuvo el consejero de Presidencia, que admitió que habrá despidos. “Lo digo muy claro, de verdad. Lanzo un mensaje de tranquilidad al personal de la Junta de Andalucía, a todo el personal que ha entrado por oposición o bajo los principios de igualdad, merito y capacidad, para ellos no habrá ningún problema, pero quienes hayan entrado por pertenecer al PSOE y si hay margen de mejora y margen de recorte, por supuesto que no vamos a mirar hacia otro lado. Quien haya cumplido el procedimiento, no tendrá ningún problema, quien no, habrá que revisarlo”, sostuvo Bendodo. “Quedarse igual no se puede quedar”, advirtió.
El Gobierno andaluz ya puso también en el punto de mira a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, de la que igualmente aseguró que “solo pagaba sueldos”. Con 483 trabajadores, 18 millones en nóminas y 24 millones de presupuesto, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, denunció que "solo un millón" se destinaba a promoción cultural. El resto era para sueldos y gastos de mantenimiento.
Los trabajadores de esta agencia pública, a través de su comité intercentros, defendieron la labor de estos empleados y advirtieron de que el planteamiento de la consejera era “demagogia”. “La principal actividad de la agencia, que es la prestación de servicios a la cultura, se da en gran parte gracias al esfuerzo de trabajadores en numerosas y variadas actividades”, defendieron. “Gran parte del personal de esta agencia es en sí mismo actividad cultural”, lo que denunciaron que el Gobierno obvia “deliberadamente” para hablar de despidos y “desprestigiar” su labor.
Desde el PSOE, el diputado Antonio Ramírez de Arellano, exconsejero de Economía y Hacienda, defendió que las funciones de la fundación Andalucía Emprende están reguladas en la Ley Andaluza de Emprendimiento aprobada en mayo de 2018 y que tuvo el apoyo de Cs, entonces aliado del PSOE andaluz. “Andalucía Emprende realiza funciones de difusión, formación, asesoramiento, acompañamiento, alojamiento y apoyo. Puede ‘ayudar’ pero no dar ‘ayudas’. No es una agencia administrativa”, defendió el diputado socialista.
Parte del pacto con Vox
El Gobierno andaluz de PP y Cs ha pactado con Vox en su acuerdo de Presupuestos para 2019 y 2020 una “decidida” reordenación del sector público instrumental. Pero la letra pequeña del acuerdo admite que “uno de los principales obstáculos” para esta actuación es la situación en que quedaría el personal de estas entidades. En sus discursos públicos, hablan de “enchufados” y de “chiringuitos”, pero la Justicia avala a sus trabajadores.
El Ejecutivo de PP y Cs teme el coste de esa reordenación. El importe total de las sentencias por denuncias interpuestas por antiguos trabajadores, fruto de la liquidación de entes emprendida por el anterior Gobierno socialista, va a suponer a las arcas públicas un desembolso de 41,15 millones de euros, incluyendo los salarios de tramitación e indemnizaciones.
El pacto de PP, Cs y Vox acuerda una partida económica en 2020 de dos millones de euros de auditorías privadas, 1,5 para asistencia jurídica y 15 millones de euros en indemnizaciones. El Gobierno contratará “firmas externas especializadas en derecho laboral y de reestructuración de grupos societarios” para decidir qué hacer con ese personal que quedaría sin ocupación al eliminar empresas, agencias, fundaciones o consorcios públicos.
Aunque desde el Ejecutivo de PP y Cs han ‘vendido’ la eliminación de 101 entes instrumentales en sus primeros 100 días, en realidad, 87 son consorcios, llamados unidades territoriales de empleo y desarrollo local y tecnológico (UTEDLT), que corresponden a la reordenación llevada a cabo en 2010 por el Gobierno de José Antonio Griñán. Se habría ordenado en total la liquidación de 14 entes en seis meses.
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