Juan Santiago expone las razones en defensa de la educación privada empleando las mismas razones con las que un reciente artículo (reseñando un libro) la critica.
Artículo de El Confidencial:
Alumnos en un colegio de Murcia. (EFE)
El pasado 1 de julio, El Confidencial publicaba un interesante artículo firmado por Héctor G. Barnés en el que se resumían las tesis del libro 'Los motores del privilegio: los colegios privados británicos', recientemente escrito por dos profesores británicos, Francis Green y David Kynaston.
Una obra realizada “contra la educación privada” porque “daña a la sociedad”. Y aunque ambos autores estudiaron en Oxford, “ahora se rebelan contra todo lo que el sector privado representa: una forma de acabar con la igualdad de oportunidades y la democracia”.
La frase anterior, llevada al titular, resume el contenido del libro y también de la reseña que Héctor G. Barnés hace del mismo y motiva este artículo de respuesta, por cuanto Acade es la genuina representante de la educación privada en España, incluyendo los colegios británicos en nuestro país, y las conclusiones de la obra mencionada, aunque escrita para el caso británico, nos son extrapolables.
¿Es realmente posible que la educación privada dañe a la sociedad y sea una forma de acabar con la democracia?, ¿en qué se fundamenta tan contundente acusación? En el preámbulo del libro se dan los supuestos argumentos:
- “La educación no es otro bien material: es fundamental para crearnos”.
- Con la educación privada “adquirimos una posición preferente para nuestros hijos, a costa del futuro de otros niños”.
- “Sencillamente, la compra de educación privada por una minoría es incompatible con una sociedad más justa y cohesionada”.
Respecto a estas tres afirmaciones, que resumen los principales cargos contra la educación privada, quiero exponer lo siguiente: la educación no es otro bien material: es fundamental para crearnos. Material o espiritual, la educación es uno de los cientos de servicios de interés público que pueden ser prestados tanto por instituciones públicas como privadas. No es el único caso. La información (El Confidencial, por ejemplo, es un medio informativo privado), la sanidad, las telecomunicaciones, el transporte, la seguridad, la distribución de electricidad y gas y un larguísimo etcétera de sectores que son también esenciales y están abiertos a la libre empresa.
La iniciativa privada introduce competencia, lo que redunda en mejores servicios, y además garantiza la capacidad de los usuarios de ejercer su libertad de elección, que además en nuestro caso está reconocida expresamente en la propia Constitución. En este sentido, los sectores abiertos a la competencia privada son más democráticos y eficientes que aquellos limitados al monopolio público.
¡Y por supuesto que la educación es fundamental para crearnos! Por ello se debe garantizar a los ciudadanos el acceso a la misma, pero también al tipo de educación que cada uno elija para él o para sus hijos.
Siguiente crítica: con la educación privada, "adquirimos una posición preferente para nuestros hijos, a costa del futuro de otros niños”. ¿Cómo? ¿Si yo le doy una buena educación a mi hijo en un buen centro privado estoy perjudicando con ello 'el futuro' de otros niños?
Como supongo que se están refiriendo al futuro laboral, hay que aclarar que ni la economía de libre empresa ni el mercado de trabajo que genera son sistemas de 'suma cero', en los cuales alguien solamente puede ganar lo que otro pierda. Son sistemas dinámicos que generalmente crecen (aunque también pueden menguar, en condiciones adversas), lo que otorga más oportunidades para todos.
Acusar a una familia que ha invertido mucho en la educación de sus hijos de perjudicar a los hijos de otros es una acusación inaceptable que se visualiza mejor si consideramos la siguiente frase: “Aquellos que se suscriben a un medio de comunicación de titularidad privada para estar mejor informados perjudican a aquellos otros que por carecer de recursos económicos solamente pueden recibir información de medios públicos”.
Y finalmente: “La compra de educación privada por una minoría es incompatible con una sociedad más justa y cohesionada”. El uso del verbo 'comprar' es, cuanto menos, tendencioso. Las familias que matriculan a sus hijos en centros privados no 'compran' educación, invierten en ella, haciendo en la mayoría de los casos un esfuerzo considerable, y lo hacen porque reconocen su carácter innovador y su probada calidad. De hecho, en este mismo artículo se hace un encendido elogio de la excelencia de los colegios privados británicos. Lo que se critica es su carácter supuestamente elitista.
¿Cómo conseguir que no sea solamente una minoría la que pueda acceder a los centros privados? Vaya por delante que los titulares de centros no sostenidos con fondos públicos somos los más interesados en que se amplíe nuestra base de potenciales usuarios. Por ello, llevamos años luchando por un modelo de financiación que lo haga posible. Es evidente que el problema es financiero y que se resolvería si la Administración, además de facilitar plazas gratuitas en centros públicos o concertados, arbitrase fórmulas de ayuda directa a las familias que eligen nuestros centros vía cheque escolar o desgravación fiscal, por ejemplo.
Esto es lo que reiteradamente hemos solicitado desde Acade, porque lo consideramos la mejor manera de hacer compatibles dos de los principios básicos de la educación en una sociedad desarrollada, como son la universalidad y la gratuidad, con los otros dos principios igualmente básicos, como son la libertad de elección y la excelencia. Esta última, como decía antes, solo se consigue mediante la competencia.
En esto sí coincidimos con los autores, que al final proponen “conseguir que estos colegios sean accesibles para una población más amplia y representativa”. Existen herramientas para hacerlo posible. Solo hace falta voluntad política para ponerlas en marcha.
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