José Luís Bajo muestra el importe de las subvenciones otorgadas en 2016 en España, un auténtico despilfarro (solo hace falta leer en el BOE a dónde van dedicadas en gran medida) generador de clientelismo político y dependientes del poder político crecientes que implica una asignación ineficiente de los recursos penalizando la creación de riqueza, la eficiencia y productividad, la creación de empleo o la mejor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
Artículo de El Economista:
Las Administraciones repartieron, a lo largo de 2016, casi 11.300 millones en subvenciones de todo tipo. Una cantidad "ni grande ni pequeña" de no ser porque los expertos alegan problemas de transparencia y justificación, especialmente en las esferas autonómica y local. Un hecho relevante teniendo en cuenta que el capítulo de subvenciones es el quinto más caro para el sector público.
En concreto, y según datos de los Presupuestos del Estado 2016 y del plan presupuestario 2018 remitido a Bruselas, las pensiones siguen suponiendo la mayor porción de gasto, con cerca de 140.000 millones. Le sigue la remuneración de funcionarios, que supera los 121.000 millones; la partida de intereses de deuda, de más de 31.405 millones; y la de desempleo, de 18.600 millones el año pasado. Después, y en quinto lugar, aparecen las subvenciones, con 11.299 millones.
De esa cantidad total, 5.121 millones fueron repartidos por el Estado, mientras que las autonomías concedieron 2.500 millones y las corporaciones locales, 1.470. La Seguridad Social también las otorgó, por valor de 2.100 millones.
En 2017, y pese a la ausencia de Cuentas Públicas hasta julio, el volumen de subvenciones repartidas por las distintas administraciones apenas se reduce. Según el citado plan presupuestario, se han concedido un total de 5.580 millones.
Más supervisión
"Es una cifra respetable", asegura Valentín Pich, presidente del Consejo de Consejo General de Colegios de Economistas, quien aún así no quiere valorar si excede lo debido. "Lo importante es que quede justificado por qué se concede una subvención, que al fin y al cabo va a provocar una distorsión en la economía de mercado". [...]
Larga es la polémica en torno a las subvenciones a las renovables, con economistas como Daniel Lacalle recordando el déficit de tarifa como un "monstruo" creado con ayudas. O las otorgadas al carbón, más de 750 millones anuales según un informe de la organización Overseas Development Institut y por el que ponen gritos en el cielo desde los liberales hasta Greenpeace.
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Suaz sería partidario de una reforma de la Ley General de Subvenciones que impidiese que una subvención pública financiase al 100% una actividad y reservase, por tanto, una porción a la coofinanciación privada. La ley, además, debería otorgar un mayor poder de control a la Intervención General del Estado (IGAE), "incluso para que pueda exigir el reintegro de cantidades cuya percepción o destino haya quedado acreditado que fue fraudulento". Eso hubiera evitado, o al menos mitigado, escándalos como el ERE en Andalucía o el de la formación en Madrid (caso Aneri).
Pich, por su parte, cree que las leyes deben exigir que la AAPP justifique "correctamente" cada subvención y demuestre "un esfuerzo brutal de conocimiento" del ámbito en el que la va a aplicar.
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