Artículo de Voz Pópuli:
El conseller de Salud, Antoni Comín, y la de Educación, Calara Ponsatí EFE
La fractura de la comunidad educativa catalana presenta una lenta capacidad de regeneración. Si bien los sindicatos mayoritarios niegan la existencia de adoctrinamiento en las aulas, existen otras voces que luchan por dar a conocer las irregularidades que se estarían cometiendo por parte de los responsables de algunos centros escolares y de algunos políticos del ámbito educativo. Entre estas, las de algunos inspectores o la del sindicato AMES que presentó 25 casos de adoctrinamiento tras las declaraciones del Inspector de Educación Jordi Cantallops cuando afirmó el adoctrinamiento existía desde hace décadas y que, esta semana, ha recogido 14 nuevos episodios más.
"Se considera adoctrinamiento escolar político partidista el aprovechamiento de la estancia de los alumnos en un centro educativo, para la transmisión de unos valores o unas ideas que sólo son compartidas y defendidas por unos determinados partidos políticos y unas determinadas entidades. Es decir que no son las compartidas por todos los ciudadanos y que no están recogidas en las leyes básicas, que en Cataluña son la Constitución y el Estatuto", explican desde la asociación, que representa a 300 docentes de secundaria.
Editoriales secesionistas
El último caso al que hacen referencia es el de un grupo de alumnos de Primaria manifestándose por las calles con su maestro cantante "IN-DE-PEN-dencia" para luego aludir, de nuevo, a la editorial de libros de texto catalana La Galera, ya que ha enviado un enlace a los docentes que utilizan sus libros, en el que se propone una actividad dirigida a los alumnos sobre los incidentes del 1-O. "El texto propuesto es claramente adoctrinante y así lo comentan muchos profesores. El señor Xavier Carrasco, director de esta editorial, no acepta que haya sido un error", denuncia Ames.
Otra de las situaciones que ha hecho saltar las alarmas de este sindicato es que el consejero de Educación balear insultase a una madre que denunciaba adoctrinamiento en las aulas. "El socialista Martí March llamó "impresentable", "sectaria" y "ignorante" a una ciudadana que respondió en los comentarios de una noticia en Facebook", aseguran. Además, llaman la atención sobre un instituto público de Mallorca que habría obligado a los alumnos a apoyar en horario lectivo el referéndum catalán en el patio sin el pertinente consentimiento de los padres.
Casos en Valencia
Por otro lado, la Alta Inspección de Educación, dependiente del Ministerio, ha recibido un paquete de más de 100 denuncias sobre supuesto adoctrinamiento "catalanista" en centros educativos de Valencia según publicó el diario valenciano Las Provincias. Y también en Valencia los representantes de los padres de alumnos de la confederación Covapa y de la Federación Provincial Gabriel Miró de Alicante reclaman a la Conselleria de Educación que retire una agenda escolar repartida este curso gratuitamente en varios colegios y que contiene en sus páginas centrales el mapa de las variantes del catalán.
"Resulta llamativo, con lo que estamos viviendo estos días por el conflicto catalán, que a nuestros hijos se les dé una agenda en cuyo desplegable central aparece un mapa de los 'països catalans' que abarca desde el Roselló francés, en el punto más septentrional, hasta el Bajo Segura como extremo meridional", alertaban. El citado mapa incluye asimismo las Islas Baleares y Alguerès, al noreste de Cerdeña.
En una escuela de Calella se utilizó, según describe Ames, una ficha de trabajo para Primaria en la que se presenta una mapa a Cataluña como un país distinto al resto de España y cuya capital es Barcelona. Y aclaran que Calella es la población en la que el director del hotel "El Gallinero", donde estaba la policía nacional, fue obligado a echarles. Otro caso es el de un colegio informando de las actividades que se han hecho con los alumnos de Primaria y Secundaria en relación al pasado referéndum ilegal del 1-O cuyo lema era "Es una urna, no muerde".
Inspectores, señalados
Desde Ames, denuncian el 80% de los inspectoras educativos en Cataluña dependen de la Generalitat al no ser titulares cuando en muchas CCAA el porcentaje es inferior al 25%. "Estos inspectores temporales son más fáciles de controlar por el poder político", explican haciendo a referencia a las comisiones de servicios de las que dependen. Sin embargo, sindicatos mayoritarios como USTEC-STEs niega que exista adoctrinamiento en los centros escolares catalanes y tampoco está dispuesto a que las escuelas sean intervenidas, por lo que ha asegurado que "no reconocerá como interlocutores válidos" a aquellas personas que asuman las competencias en el ámbito educativo y ha hecho un llamamiento a "resistir" contra "las imposiciones" del artículo 155.
Cabe recordar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha enviado este viernes un tercer requerimiento a la Conselleria de Educación de la Generalitat de Cataluña por una treintena de nuevos casos de adoctrinamiento y acoso de alumnos pertenecientes a familias no independentistas, en el que pide al departamento dirigido por Clara Ponsatí i Obiols que "depure responsabilidades" y restaure "los derechos conculcados".
Tercer requerimiento del Ministerio
Es el tercer requerimiento que Educación envía a la Generalitat sobre este asunto para dar trámite a las denuncias recibidas en la Alta Inspección Educativa sobre "irregularidades" en las aulas vinculadas a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. El primero data del 26 de septiembre y se refería a una decena de casos; el segundo requerimiento recogía otra veintena de casos y fue enviado el 6 de octubre, de modo que la Conselleria aún tiene margen para responder.
En cuanto a esta tercera reclamación, recogida por Europa Press, recopila denuncias vinculadas a la convocatoria de huelgas y manifestaciones en torno al mencionado referéndum e incide en que "involucrando a los alumnos en este tipo de actuaciones, se están conculcando diferentes derechos, desde el restarles tiempo y enseñanzas en su proceso educativo, como el de no proporcionarles la suficiente protección para su desarrollo personal e intelectual".
"A la vez, se sesga su formación como ciudadanos libres, comprometidos con la sociedad y el respeto a los valores democráticos instaurados en la Constitución, al hacerles partícipes de un acto suspendido por el Tribunal Constitucional, por lo que es un acto no conforme a la norma del que los alumnos deberían permanecer alejados", afirma el Ministerio de Educación. El Gobierno estudia tomar acciones legales si no obtiene respuesta.
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