El siguiente artículo muestra la verdadera brecha, que no es salarial, sino de libertades, y a dónde nos lleva la instrumentalización política del movimiento feminista. Y no es ningún buen lugar, para nadie, y particularmente para las mujeres...
Artículo del Instituto Juan de Mariana:
El movimiento feminista, con la huelga en España como punta de lanza, ha convocado a las mujeres a movilizaciones de protesta en diferentes partes del mundo para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta táctica subversiva para desestabilizar las sociedades desarrolladas, donde la dicotomía burgués-proletario ya no tiene recorrido, haría las delicias del mismísimo Saul Alinsky.
Entre los convocantes hay una mezcla grande de ignorancia y mala fe. Ignorancia porque muchos no saben de qué factores depende la cuantía de las retribuciones laborales y que la presión sindical solo puede elevar las retribuciones de unos a costa de las de los otros; y mala fe porque si lo saben están apoyando medidas contraproducentes que nos empobrecen a todos moral y económicamente.
Toda esta agitación no es sino una nueva exigencia de redistribución masiva en la sociedad por parte de un poderoso grupo de presión: las feministas. Se trata, en suma, de allegarse por medio del monopolio de la fuerza (del lenguaje y el BOE) privilegios económicos y de poder. Para ello, se destierra de toda relación humana la voluntariedad y naturalidad en las interacciones y se introduce a un intermediador (opinión pública o Estado) que sanciona cómo y en qué términos han de producirse estas, sean de carácter económico o personal.
La deriva de esta agresiva campaña de tintes distópicos tiene consecuencias económico-productivas y de relación de poder-vasallaje que se realimentan. Es más, tan íntimamente relacionado está lo económico con el poder que la vendida brecha salarial (factor económico) se está empleando como arma arrojadiza para reclamar privilegios (poder), al tiempo que se limitan los derechos de la mitad de la población (erosión de convivencia) por medio de la censura y la intimidación. El mayor mérito para justificar dicho aplastamiento es haber nacido de un sexo y no de otro, que clama al cielo cuando todas las cartas de derechos humanos modernas apelan a la no discriminación por cuestión de sexo, raza, religión, etc.
En lo que respecta a la vertiente económico-productiva, recordemos que una huelga no es un derecho sino un privilegio que concede el Estado a los trabajadores de vulnerar el contrato que han firmado sin que puedan sufrir consecuencia alguna por ello. En todo caso, una huelga podría tener algún sentido como medida de protesta y de presión de los trabajadores de una empresa en particular ante un incumplimiento contractual previo por parte del empleador. Pero una huelga general es otra cosa: un instrumento de propaganda y agitación política utilizado históricamente por la izquierda para movilizar a sus bases y generar un ambiente de tensión social.
Esta huelga del 8-M encaja a la perfección en ese manual revolucionario: inventar un problema e instrumentalizarlo en beneficio político propio. Y es que, encima, el principal motivo que ha llevado a la convocatoria de la huelga, la queja por la brecha salarial entre hombres y mujeres, es eso, un invento. No existen diferencias en los salarios de hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo. Lo que explica que el salario medio de un hombre sea superior al de una mujer es que los hombres, en términos generales, trabajan más horas, ocupan sectores y puestos mejor remunerados y renuncian a conciliar la vida familiar con la laboral. Pero si una mujer trabajara las mismas horas que un hombre en el mismo sector y puesto de trabajo y renunciara en la misma medida a conciliar la vida familiar y laboral, ganaría el mismo dinero que su equivalente masculino.
En ese sentido, en un mercado libre, no existen los hombres y las mujeres, sino miles de millones de individuos, cada uno con sus características personales que lo hacen único.
Y esto nos da pie al segundo tipo de consecuencias al que ya nos referíamos antes: las de dominio y poder. Se están sustituyendo las relaciones contractuales voluntarias y privadas por mandatos colectivos impulsados por aquellos con más fuerza en los parlamentos y los medios.
En realidad, por negar la mayor, si un empresario entendiese que en su compañía, a igualdad de puestos de trabajo y de circunstancias personales, los hombres deben ganar más que las mujeres (o viceversa), nada ni nadie le debería impedir llevar a cabo tal idea.
Pero es precisamente en las sociedades libres, en las que no existen grupos de presión privilegiados, en las que los empresarios se ven sometidos a unas fuerzas del mercado que les obligan a estar en constante alerta para no ser fagocitados por la competencia o ser desplazados por alguna disrupción que no dominan. Que un empleador, por prejuicios de diferente índole, se empeñe en cometer errores empresariales sistemáticos por mala elección de personal tendrá como resultado su expulsión del mercado de manera fulminante. Flaco favor se hará si falla con estrépito una y otra vez: otros empresarios se harán con los recursos productivos, entre ellos los humanos, que mejor sirvan a la creación de valor en sociedad. El tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio. Es la exitocracia la que determina las ganancias del empresario y, a partir de ellas, la retribución de los recursos productivos, factor humano incluido, en función de cuál es su contribución al valor. Ahí se mide el mérito de cada empleado en el mercado libre.
Institucionalizar esta supresión de libertad para proteger a una parte de la población nos lleva de nuevo, como círculo que es, a consecuencias de tipo económico dañinas para empresarios, pero también –y muy especialmente- para las mujeres. Porque, no lo olvidemos, las principales víctimas de esta beligerancia extrema contra los empresarios, ese revolver a una mitad de la población contra la otra, van a ser las mujeres. En EEUU, país avanzado donde los haya en la puesta en práctica de la estrategia gramsciana de crear tensión social a través de la polarización y victimización, ya hoy existe gran pánico a contratar a mujeres por miedo a sus reacciones o represalias. Por más que un grupo de mujeres no pueda arrogarse la representación de todo el sexo femenino, un efecto no deseado de esta agresividad “en nombre de todas” es que es menos arriesgado no contratar mujeres que hacerlo, con lo que el paro femenino (y la caída de sueldos hasta 0) sí pasará a ser un problema muy grave y preocupante para la sociedad. Y, paradójicamente, muchas serán las mujeres que caerán en desgracia, sin comerlo ni beberlo, solo por el hecho de haber nacido mujeres. Y muchos serán los empresarios que no podrán contar con sus habilidades y conocimientos por esa prima de riesgo en la contratación. Por lo demás, ya sabemos qué sigue a una regulación fallida: otra aún peor. El próximo paso (y no se trata de dar ideas) será forzar, sí o sí, la paridad de contratación en las empresas.
Recapitulemos, pues, dado que esto solo es el comienzo de lo que se nos avecina: relaciones hombre y mujer rotas en todos los ámbitos humanos, y productividad y competitividad empresarial por los suelos. Eso sí, las feministas tendrán poder, que, no nos engañemos, es lo que buscaban. Deslomarse a trabajar ocho horas diarias es francamente duro. A nadie se le escapa que nunca han creído en el mérito ni en la libertad. Ignorancia o maldad. Ustedes juzguen.
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