sábado, 5 de marzo de 2016

Dame un lobby y llámame tonto

Andrea Martos sobre la cuestión de los lobbies y el poder político, a raíz de una ley aprobada en Reino Unido sobre los grupos de investigación científica y la financiación pública, su finalidad y los posibles efectos. 
Los señores miembros de la Cámara de Diputados de la corte del rey Julio de Francia no fueron los primeros en recibir una petición del lobby de las eléctricas, a la sazón fabricantes de velas en aquel comienzo del siglo XIX. No fueron los primeros y tampoco serían los últimos porque el poder atrae irremediablemente a oportunistas ansiosos de favores. Lo que hoy se zanja distribuyendo párrafos del BOE hace no tanto se solucionaba con el dedo decisorio del rey. La línea que separa el sano asesoramiento de la práctica lobista es de un gris que se hace blanco cuando velar por los intereses del consumidor se convierte en un escolio. Adam Smith, que desconfiaba de los empresarios en una actitud más de prudente observador que de peligroso socialista, sabía que los mercantilistas de todas las épocas claman por subsidios y pocos rechazan un confortable monopolio.
Hace exactamente un mes se aprobaba en Reino Unido una cláusula por la cual los grupos de investigación científica que recibieran financiación pública no podrían emplear dichos fondos para influenciar al gobierno o al parlamento a fin de evitar las prácticas lobistas. El espíritu de la regla deja al término influencia un significado peligrosamente amplio que los legisladores explican como sigue: ‘El propósito de esta cláusula es asegurar que el dinero de los contribuyentes se gasta apropiadamente en línea con las intenciones del gobierno electo’. Además de merecer Premio Pera Verde a la Obviedad, la sentencia es cuando menos curiosa. El gobierno asegura que financiará proyectos científicos cuyos autores no podrán dar cuenta al gobierno de la utilidad o no de la investigación. La crítica rancia british edition ha reprochado enseguida que esto deja el rumbo de la ciencia en manos de las fundaciones particulares. Si los científicos que reciban fondos públicos no pueden pronunciarse, solo podrían hacerlo los que reciban fondos -¡oh, cielos!- privados. Muy al contrario, las fundaciones que apoyan estos proyectos son las primeras interesadas en recibir información de la suerte que ha corrido el dinero que destinan a una u otra causa. Hay sin duda un componente estético en querer conocer los éxitos de los fondos, pero también uno utilitarista que pasa por no dilapidar libras alegremente.
Más allá de lugares comunes, el debate se abre en tres flancos distintos: la libertad de expresión, el derecho a la información y el problema de fondo, quién debe orientar las políticas públicas. En tanto que la cláusula solo cuenta con un mes de vida, la propia comunidad científica permanece a la espera -no sin algún estupor- de saber cuán estricta será la aplicación, pero por ahora opinar públicamente en este sentido puede salirles caro. Si la expresión del científico se restringe, no queda en mejor lugar el derecho del contribuyente a conocer qué destino han corrido sus impuestos. Más aún porque todo esto sucede justo después de la aprobación en el Parlamento de la manipulación genética de embriones humanos, una decisión pionera sobre la que la sociedad lo ignora casi todo, en parte y por desgracia a medidas como esta. Sin embargo, el problema de origen es quién debe asesorar al gobierno para procurar que los fondos del contribuyente se destinen a los proyectos más adecuados. Los científicos pueden actuar como los comerciantes de velas, mercantilistas de bata blanca que intentarán recabar para su causa la mayor cantidad de dinero. No hay una respuesta unívoca o numérica que establezca en qué proporción y sentido debe influir el grupo receptor de la subvención. En el otro extremo, dejar elegir por si solo al funcionario el rumbo de la ciencia patria es como dejarle el timón de la industria alimentaria: estanterías vacías en los supermercados.
Con todo, no es la primera vez que se aprueba una medida de esta naturaleza. En Canadá, 2009, se aprobaba una ley que obligaba a periodistas nacionales e internacionales interesados en conocer el estado o la relevancia de las investigaciones de sello canadiense a enviar previamente las preguntas al ministerio, así como las respuestas a las preguntas. Todo a raíz de un incidente con un grupo de científicos especialistas en cambio climático a los que se acusó de prácticas lobistas por presionar al Primer Ministro del momento mediante unas declaraciones en la prensa.
Canadá y Reino Unido son dos de los países con las políticas públicas para la ciencia más desarrolladas y, si bien ambas cláusulas cercenan la libertad de expresión, tiene sentido el debate de quién debe guiar la estrategia científica. En una reciente conferencia, Carlos Rodríguez Braun, maestro de tantos, mas nunca de los suficientes, recordaba algo clave que por sencillo pudiera pasar desapercibido: «Ya sabemos que un presidente sólo puede hacer tres cosas: gobernar bien, gobernar mal y no gobernar. La experiencia ya nos ha mostrado que gobernar bien les resulta imposible. Sólo quedan dos opciones: gobernar mal o no gobernar. ¿Entonces, la decisión está clara, ¿verdad?». Al amparo de ese no gobernar, en España hay ciertos sectores que, si bien no se benefician, al menos no se ven perjudicados por la más que visible mano del Estado. Diría que estos ámbitos afectan a grupos de población con una capacidad mínima para influir en el voto, pero quizá deba usted atribuir esta observación a mi natural malicia. Uno de ellos es el homeschooling y otro la política científica. Hay más, pero tampoco se lo pongamos demasiado fácil a Procusto.
Peticiones de comerciantes de velas o no, la solución ideal a esta disyuntiva es bastante clara. Tanto más poder tenga un gobierno, tantas más parcelas de nuestra vida quedarán a su arbitrio, arbitrio humano, falible y movido por voluntades que coinciden solo por aproximación, cuando no por casualidad, con el interés del contribuyente. Las cesiones en libertad son siempre irreversibles.

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