sábado, 4 de febrero de 2017

Cataluña colapsa su sanidad pública tras expulsar a las clínicas privadas

El dogmatismo y la arbitrariedad política infringen un enorme daño al ciudadano. Desde la cruzada independentista contra las empresas sanitarias privadas el caos en la sanidad pública catalana es de órdago, con graves consecuencias y un pésimo servicio al ciudadano. 
Pero qué más da. La demagogia, los intereses políticos, y las ideas propagandísticas (por caducas que sean) antes que la libertad o los intereses de los ciudadanos.


Artículo de El Economista: 
puigdemont-hospital.jpgEn la imagen, Carles Puigdemont.
El 16 de enero de 2016, en su primera intervención pública como nuevo consejero de Salud en Cataluña, el independentista Toni Comín afirmó: "La red pública de hospitales en Cataluña tiene que volver a su esencia. Sólo han de estar ahí operadores hospitalarios sin afán de lucro". Fue dicho y hecho. A partir de entonces, el consejero de Junts Pel Sí inició una auténtica cruzada contra las empresas sanitarias que colaboran y tienen convenios con el sistema público de Salud. Un año después de poner en marcha ese plan, Comín -y el resto de catalanes- han sufrido las consecuencias de esta decisión. Desde este invierno, debido a la epidemia de la gripe -algo habitual- los hospitales públicos catalanes, sin apenas posibilidad de derivar pacientes a otras clínicas y en mínimos de personal, se han colapsado.
La mayoría de centros sanitarios públicos ha sido incapaz de dar cama con agilidad a los pacientes de urgencias que requerían ingreso. Es especialmente grave la situación en el Hospital Vall d'Hebron, en el de Bellvitge o en el Parc Taulí de Sabadell, con pacientes en urgencias más de 24 e incluso 48 horas. El caso del hospital de Sabadell es significativo de esta situación. Este centro fue el que asumió los pacientes de la primera expulsión del sistema llevada a cabo por Comín, la de la Clínica del Vallés, del grupo Quirónsalud, realizada en agosto.
Esta clínica recibía 2.600 derivaciones para intervenciones quirúrgicas y otras 1.000 hospitalizaciones del hospital público Parc Taulí, por lo que recibía 7,2 millones de euros al año. La actividad pública que hacía hasta ahora y 32 de sus trabajadores han sido absorbidos por Parc Taulí y Consorci Sanitari de Terrassa, un hecho que también suscitó las dudas de los sindicatos por su dudosa legalidad. Tras esta derivación, el Parc Taulí no ha dado para más y hace unas semana tuvo que desviar pacientes al Hospital General de Cataluña, curiosamente el otro centro de Quirónsalud que la Generalitat tiene previsto o expulsar o nacionalizar.
En el Hospital Bellvitge, por ejemplo, se han eliminado las casi 2.000 derivaciones a centros privados que se hacían de media durante la etapa del anterior consejero Boi Ruiz para aliviar la lista de espera quirúrgica de 9.000 pacientes y se ha asumido esta carga con recursos públicos propios a cuenta de un mayor déficit, ya que no se ha incrementado el presupuesto del centro, según fuentes sindicales.

El pasillo, un espacio más

Ante la situación creada, el conseller Comín salió a los medios de comunicación para entre otras justificaciones asegurar que "el pasillo es un espacio asistencial más", justificando el hecho de que muchos enfermos estén en los espacios intermedios de los hospitales más de un día, ya que "en ocasiones, la permanencia en el pasillo responde a la decisión de la enfermera, que quiere tener al paciente a la vista". Las enfermeras, por su parte, han llegado a pedir su dimisión en bloque y han negado dicha afirmación con vehemencia.
La sanidad catalana sobrevive con estas paradojas y contradicciones. Y es que mientras el conseller se ha propuesto nacionalizar ahora el segundo hospital QuirónSalud para evitar la construcción de otros centros previstos en Rubí y Cerdanyola, la red hospitalaria catalana aún tiene espacios vacíos. Un ejemplo es el Hospital de Bellvitge, construido en 2008, pero que, según ha denunciado la comunidad de profesionales médicos, tiene entre un 30 y un 40% de sus espacios vacíos y sin uso. Estas instalaciones sin utilizar tienen un coste añadido para el erario público catalán, ya que los médicos señalan que cuando se quieran poner en uso -Puigdemont lo sitúa en 2020- su puesta a punto encarecerá la factura de un centro infrautilizado.

Una red de convenios

Pero el problema no es puntual. La sanidad catalana sufrió un tijeretazo por parte del Gobierno de Mas de 1.500 millones de euros. El sindicato Médicos de Cataluña denuncia que, entre 2010 y 2016, se han perdido 1.170 camas de agudos en la red pública. Pero si para reflotarlo, el sistema público-privado catalán parecía una fórmula de éxito, el nuevo conseller hizo público desde el inicio su intención de extirpar la actividad privada. Y la huella de las empresas privadas en el sistema sanitario catalán no es menor. Cataluña es la comunidad autónoma con un mayor número de hospitales y camas pertenecientes a compañías privadas dentro de su sistema sanitario. De hecho, se trata de la única región española que dispone de un mayor número de camas en hospitales privados (19.387) que en los públicos (15.307).
Es decir, la Generalitat depende de estos centros para poder dar cobertura sanitaria a toda su población. Por ese motivo, Cataluña es actualmente la comunidad autónoma que destina más dinero a la partida de conciertos, con un importe cercano a los 2.400 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 25,6% de su gasto en salud y se calcula que aproximadamente el 25% de la actividad está concesionada. Pero tanto en centros primarios, sociosanitarios como agudos, las empresas que trabajan temen a un conseller al que acusan de actuar bajo "el dogmatismo, sin mirar por la calidad del servicio".

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