PP, PSOE y Cs comprometen más de 20.000 millones de gasto en la 'compra de votos'

M. Llamas muestra cómo los distintos partidos en España han entrado ya de lleno en campaña electoral (falta incluir a Podemos, que está en campaña todo el año...). 

Una muestra más de los perversos incentivos del sistema, en el que lo que importa es la compra de votos (con tu propio dinero) y la lucha de intereses entre lobbies varios para obtener vía política y coercitiva rentas en beneficio propio (a costa del resto de ciudadanos). 

Una carrera por la mayor demagogia, regalos a grupos de presión, manipulación, y apelación a los sentimientos a costa de los intereses generales, los derechos naturales de las personas (libertad, propiedad y acuerdos voluntarios) y la sostenibilidad. 

Artículo de Libre Mercado: 

Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera | Cordon Press

Todavía faltan dos años y medio para que termine la presente legislatura en caso de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, logre apurar al máximo su mandato y, sin embargo, España ya ha entrado de lleno en campaña electoral. Las principales fuerzas políticas se esmeran en lanzar promesas de todo tipo para tratar de recabar la atención y simpatía de los votantes de cara a la celebración de los próximos comicios. Pero todo esto tiene un elevado coste para el contribuyente: hasta el momento, más de 20.000 millones de euros de aquí a 2020, casi cuatro veces más que la subida del IRPF que anunció el PP para 2012.

Además, la estrategia política que siguen PP, su socio Cs y el principal partido de la oposición, PSOE, está muy clara. Estas tres formaciones centran todo su esfuerzo en rascar votos de dos colectivos muy concretos, pero muy numerosos, como son los funcionarios y los pensionistas, puesto que comparten una serie de intereses económicos que son fácilmente manipulables desde el punto de vista político.

Ahora que la economía se está recuperando y que la creación de empleo está logrando reducir de forma paulatina el paro, el debate en torno a la salida de la crisis ha pasado a un segundo plano siendo ahora sustituido por la necesidad de aplicar mejoras salariales a estos dos colectivos a fin de mantener o lograr nuevos votos. El mensaje que se les traslada es sencillo: más dinero.

Y la razón es evidente. Su influencia en las elecciones es clave. España cuenta, en la actualidad, con cerca de 3,07 millones de empleados públicos, casi 80.000 más que al inicio de la crisis. El número de efectivos se disparó entre 2008 y 2011, hasta registrar un máximo histórico de 3,3 millones de personas para, posteriormente, reducirse hasta el entorno de los 2,9 millones a finales de 2013 con el fin de reducir el abultado déficit público. Desde entonces, sin embargo, el personal a cargo de las Administraciones Públicas ha vuelto a crecer aprovechando la recuperación económica.

Número de empleados públicos desde el estallido de la crisis

Aunque son los pensionistas los que ostentan el mayor peso en el censo electoral. Su número oficial asciende a 8,7 millones de personas, tras aumentar en un 1 millón durante la última década.

Entre ambos suman un total de 12,4 millones de potenciales votantes, lo cual equivale al 34% del censo electoral, cuyo número ronda los 36,5 millones de personas en total. La cuestión es que también representan el mayor coste para las arcas del Estado. Así, la remuneración de los empleados públicos supera los 120.000 millones de euros al año, según los últimos datos disponibles de la Intervención General del Estado, correspondiente al ejercicio 2016, mientras que la factura de las pensiones asciende a cerca de 140.000 millones. El coste de ambos colectivos, por tanto, se sitúa en unos 260.000 millones de euros, equivalente al 55% del gasto público total.

De ahí, precisamente, que las promesas de los partidos políticos resulten tan onerosas para el conjunto de los contribuyentes. La equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los Mossos de Cataluña es la última medida que se ha anunciado en esta línea. Aunque la idea inicial partió de Cs, ha sido el PP el que, finalmente, la ha hecho suya. Tras el principio de acuerdo alcanzado el pasado jueves, policías y guardias civiles cobrarán un 25% más en tres años, unos 560 y 720 euros extra al mes, respectivamente. El coste para las arcas públicas rondará los 1.100 millones de euros.

A ello se suma, por otro lado, la subida de sueldo que, desde hace meses, están negociando el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de los funcionarios. Aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo, el Gobierno ya ha puesto encima de la mesa una subida salarial del 8% en tres años, cuyo coste total rondaría los 9.000 millones de euros.

En cuanto a los pensionistas, el PSOE ha logrado abrir el debate sobre la necesidad de elevar las pensiones por encima del 0,25% que establece el Índice de Revalorización, una idea que está dispuesto a debatir Cs, al tiempo que dentro de la cúpula del PP ya no se descarta aplicar una subida superior al mínimo que fija la ley.

En concreto, los socialistas plantean una subida del 1,6% en 2018, en línea con la inflación prevista para este año. La factura, en este caso, ascendería a unos 2.100 millones de euros al año, más de 6.000 millones en total hasta 2020 en caso de extenderse hasta el fin de la legislatura.

Por último, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha avanzado que, haya o no Presupuestos Generales del Estado en 2018, el Gobierno tirará de decretos para aprobar diferentes medidas de gasto como, por ejemplo, los 4.230 millones de euros extra que se ha comprometido a repartir entre las CCAA durante el presente ejercicio -antes de las generales, hay elecciones autonómicas y locales-, a la espera de lo que se acuerde finalmente en el seno de la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

Tan sólo estas cuatro grandes promesas electorales lanzadas por unos y otros supondrían un desembolso superior a los 20.000 millones de euros en los próximos tres años. Y eso que la legislatura todavía no ha llegado a su ecuador.