Diego Sánchez de la Cruz analiza el nefasto plan y consecuencias de la contrarreforma laboral (y solo una de las medidas) planteada por Sánchez (PSOE) y que contempla aprobar por Decreto Ley antes de elecciones.
Artículo de Libre Mercado:
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno | EFE
El gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha reconocido que el adelanto electoral impedirá desarrollar la contrarreforma laboral defendida por los socialistas, si bien el Ejecutivo contempla la posibilidad de tramitar vía Decreto Ley algunas medidas orientadas a reducir la flexibilidad introducida en el mercado de trabajo con la reforma de 2012.
Uno de los puntos que está encima de la mesa es la modificación del Estatuto de los Trabajadores. La idea es que las empresas que prestan servicios auxiliares a otras compañías tengan que pagar a sus empleados el mismo salario que las firmas a las que sirven como proveedores mediante los procesos de subcontratación.
En la práctica, esa equiparación implica un fuerte aumento de los costes salariales. La empresa de recursos humanos Randstad ha estudiado más de una decena de sectores y ha considerado más de un centenar de ocupaciones incluidas en este tipo de procesos. El resultado de proceder a la reforma defendida por el PSOE sería un encarecimiento del 40% en el coste medio de mantener dichos puestos de trabajo. La subida podría llegar al 63% en el caso de la industria siderometalúrgica, mientras que en los grandes almacenes se alcanzarían tasas del 43%.
Los servicios auxiliares generan en España el 2,25% del PIB, una cuota que supone alrededor de 25.000 millones de euros por ejercicio. Este movimiento económico soporta más de 1,1 millones de empleos, de acuerdo con cifras oficiales de las estadísticas de trabajo. Con la contrarreforma socialista, los costes salariales asociados a este sector aumentarían de la noche a la mañana un 40%.
Evidentemente, semejante repunte sería difícil de encajar y generaría un enorme aumento del paro. La horquilla se movería entre los 300.000 y los 400.000 puestos de trabajo destruidos, de modo que uno de cada tres españoles ocupados en el sector acabarían perdiendo su empleo si prosperan los planes del PSOE.
El cambio engordaría las cifras de paro, pero, además, ensancharía el agujero presupuestario, debido al fuerte aumento en el gasto por prestaciones de desempleo. El coste se movería entre los 4.130 y 5.250 millones de euros, cifra muy significativa que se comería la mitad de los ingresos adicionales planteados por Moncloa en su fallido Presupuesto para 2019.
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