El PSOE, contra los derechos humanos

Juan Rallo expone cómo el PSOE está yendo contra los derechos humanos (en contra de lo que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) a raíz de la cuestión de la gestación subrogada llevada a cabo por españoles en el extranjero (aquí está prohibida), cediendo a las exigencias del lobby del feminismo colectivista. 

Artículo de El Confidencial:

(Imagen: EC)

La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida prohibida, por pésimos motivos, en España. Tal prohibición, sin embargo, se enfrenta a un problema básico cuando se practica en aquellos países donde esta técnica sí es legal: en tales jurisdicciones, se reputa a los padres comitentes españoles —y no a la gestante— como tutores del menor, de modo que si las autoridades españolas se oponen a reconocer tal relación de filiación, el menor queda en un absoluto limbo jurídico. A saber: el Estado español niega que los padres del menor son aquellos a los que las autoridades extranjeras reconocen como únicos padres del menor.

Tal problema se vuelve tanto más grave si, además, tenemos presente que, en la inmensa mayoría de casos, al menos uno de los padres comitentes guarda una relación genética con el menor. Es decir, aunque las autoridades españolas se empeñen en reconocer únicamente como madre a 'aquella que pare' (y no a la madre comitente), el padre de la criatura generalmente es el padre comitente que ha aportado su material genético para concebir el embrión que ulteriormente fue implantado en la gestante. Por tanto, las autoridades españolas deberían en todo caso reconocer el padre genético como padre del menor y al menor como ciudadano español (por 'ius sanguinis') inscribible en nuestro Registro Civil.

Frente a esta problemática, el Estado español tendría ciertamente la alternativa de despreocuparse absolutamente por los derechos de filiación del menor y condenarlo a permanecer en ese limbo jurídico: es decir, en su (injusta) cruzada contra la gestación subrogada, los políticos españoles podrían condenar al menor a carecer de tutores legales en ninguna jurisdicción del planeta (incluso a convertirlos en apátridas en aquellas jurisdicciones donde el 'ius soli' no confiere la nacionalidad). Pero hete aquí que las autoridades españolas tendrían un problema si siguieran este camino: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha declarado que atenta contra los derechos del menor el privarle de sus relaciones de filiación con sus padres comitentes cuando al menos uno de ellos guarda una relación genética con él. Dicho de otra forma: que el Estado español deniegue la inscripción en el Registro Civil de aquellos menores concebidos en el extranjero mediante gestación subrogada y que mantienen un vínculo genético con los padres comitentes españoles es un atentado contra los derechos humanos.

Por eso, las autoridades españolas habían venido siguiendo hasta hace pocos meses un doble criterio con respecto a tales inscripciones: en aquellas jurisdicciones (como varios estados de EEUU) donde la relación de filiación del menor es determinada por los tribunales en condiciones garantistas análogas a las de España (análisis genético, control de no coacción sobre la gestante…), la inscripción se efectuaba de manera cuasi automática siguiendo el procedimiento de 'exequatur'; en aquellos otros países (como Ucrania) donde, en cambio, los tribunales no tutelaban todo el proceso, eran los consulados españoles los que practicaban un test de ADN para cerciorarse de la existencia de un vínculo genético y poder así proceder a inscribir al menor como hijo del padre comitente (y genético) español, dejando ulteriormente abierta la puerta a que el cónyuge no gestante inicie un procedimiento de adopción conforme a la ley española.

Sucede que, desde hacía varios meses, el consulado español en Kiev había dejado de practicar tales test de ADN escudándose en que la nueva Ley de Protección de Datos europea impedía echar mano de material tan sensible. Pero, al rechazar los test genéticos monitorizados, también estaba denegando a esos menores españoles el derecho a ser inscritos en nuestro Registro Civil y a obtener el salvoconducto necesario para entrar en España. Justo por ello, el pasado 16 de febrero, la Dirección General de Registros y del Notariado publicó una instrucción en la que instaba a los consulados a volver a practicar pruebas biológicas para determinar la relación de paternidad y, acto seguido, inscribir al menor: tal instrucción permitía, pues, regularizar de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la situación de aquellos niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero.

Empero, al día siguiente de conocerse la instrucción, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, célebre por chapotear en los lodazales de las cloacas del Estado, decidió tumbarla para contentar al 'lobby' del feminismo colectivista, aun a costa de conculcar los derechos humanos de los menores. Es decir, el Gobierno socialista estaba decidido a condenar al ostracismo a decenas de familias españolas (padres comitentes y sus hijos) como forma de sanción extrajudicial para satisfacer el dogmatismo liberticida del feminismo colectivista. Por fortuna, en los últimos días, parece haberse producido una rectificación parcial y extraoficial de esta postura, de modo que el consulado ha vuelto a aceptar test genéticos homologados para inscribir a los menores nacidos en Ucrania.

Con todo, no deberíamos equivocarnos respecto a esta rectificación parcial. Es verdad que, por esta vía, se está dando (por fin) una salida a las familias que llevan meses atrapadas en Ucrania y, sobre todo, a aquellos menores cuyos derechos humanos se estaban violando. Mas el Ejecutivo ya ha alertado de que no piensa inscribir en el futuro a nuevos menores nacidos por gestación subrogada en Ucrania (u otros países donde no haya control judicial de la gestación subrogada). Es decir, los perversísimos efectos de haber tumbado la instrucción del 16 de febrero siguen en pie: no hay ninguna garantía jurídica de que los menores que nacerán en Ucrania a lo largo de los próximos meses vayan a ver respetados sus derechos por parte del Estado español. Hasta que la instrucción no se restablezca y, por tanto, se ofrezca un cauce legal para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Ejecutivo español continuará violando (o amenazando con violar) los derechos de esos menores.

Repitámoslo una vez más: el Estado español está obligado a reconocer la relación de filiación entre los padres comitentes y los menores nacidos en el extranjero por gestación subrogada. Y, de momento, el Estado español está actuando con absoluta arbitrariedad: respeta los derechos humanos de los menores cuando lo considera oportuno y los conculca cuando lo cree conveniente a sus intereses electorales. Más allá de soluciones 'ad hoc' y transitorias, es hora de ofrecer una solución estable y respetuosa con los derechos humanos: es hora de habilitar un mecanismo reglado de inscribir a los menores nacidos en el extranjero por gestación subrogada aun cuando el 'lobby' del feminismo colectivista desee condenarlos a un exilio forzoso.