Jesús Cacho analiza el problema creado en torno a los nacionalismos en España (un problema que viene de lejos y atañe a todos los gobiernos previos) y la situación y retos actuales, a raíz de la reciente manifestación en contra de la rendición del gobierno ante los mismos y la situación de rehén ante la que está con el objetivo de mantener el poder.
Artículo de Voz Pópuli:
Manifestación por la unidad de España.
Imposible imaginar hace unos años que la democracia española pudiera llegar a caer en el pozo de infamia en el que hoy se encuentra. Ni el más osado de los analistas hubiera podido sospechar que, cuando la creíamos firmemente asentada entre nosotros, el nacionalismo catalán, convertido ya en separatismo a palo seco, fuera a encargarse de entronizar en Moncloa al séptimo presidente del Gobierno (“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma del Estado…”) con el objetivo de sostenerle en el cargo el tiempo suficiente para lograr la separación de Cataluña, arramblando con esa Constitución que el felón, ni conciencia ni honor, prometió defender. Hemos vivido no pocos episodios vergonzosos en nuestra historia, pero pocos tan ignominiosos como este: El 1 de junio de 2018, previa espantada del cobarde Rajoy, no fue Pedro Sánchez y su PSOE quienes se hicieron con el poder, sino los separatistas catalanes con la inestimable ayuda de los neocomunistas y del PNV. Desde entonces, Sánchez es apenas su rehén, una marioneta cuyo vuelo mantendrán en tanto en cuanto les alcance para romper España. Ellos tienen un objetivo claro. Sánchez solo tiene su ambición.
Es el momento más bajo de la historia de España reciente, comparable en iniquidad al protagonizado en Bayona por esa familia de Carlos IV a la que magistralmente retrató Goya en pintura que hoy admiramos en El Prado. El intento de acabar con el Parlamento para sustituirlo por “instituciones” paralelas a la venezolana manera, -esa “mesa de partidos” en la que el PSC de Iceta y Podemos se iban a encargar de negociar con separatistas catalanes, nacionalistas vascos y filoetarras una “solución política al problema de Cataluña”, en palabras de Maritornes Calvo, con la ayuda de un mediador, a ser posible extranjero-, es sin duda el desafío más grave sufrido por nuestra democracia desde el intento de golpe de Estado del 23-F. Es el cierre definitivo del régimen de la Transición y la evidencia de su fracaso político, a resultas de su incapacidad para regenerarse desde dentro. La quiebra de la democracia de partidos y la constatación de los fallos de diseño de nuestra arquitectura constitucional.
Porque las culpas no son achacables en exclusiva a Sánchez, ni mucho menos. Él es apenas el último eslabón en un largo proceso de degradación de la política y la clase política en un país sin tradición democrática, sin instituciones de raigambre, sin sociedad civil fuerte, sin élites dirigentes dignas de tal nombre, capaces todas ellas de haber puesto a los sucesivos presidentes del Gobierno frente a la pared de sus responsabilidades. Testigo directo de la gran crisis de finales de 1992 y 1993 que llevó a un millón de trabajadores al paro, con los escándalos de corrupción del felipismo por colofón, estaba claro que esas elites tendrían que haber procedido, sin la amenaza de la acorazada Brunete, a una revisión en profundidad de nuestra Carta Magna para corregir los defectos de diseño en esa mentada arquitectura institucional, para enmendar las cosas que no se habían hecho bien, tal que la España de los 17 Estaditos dispuestos, llegado el tiempo, a convertirse en 17 Cartagenas, las competencias cedidas en Educación, la ruptura del mercado único, la fragmentación de la Justicia, y esa Ley Electoral que ha convertido a los partidos nacionalista en árbitros interesados de la vida política española a cambio de suculentos réditos, y que finalmente ha terminado por animarles a atentar a cara descubierta contra la Constitución.
Nada hizo Felipe, y mucho menos Aznar cuando esas disfunciones eran ya visibles hasta para un ciego. Los partidos del turno, convertidos en sociedad de socorros mutuos, se habían aficionado a gobernar pastando en el Presupuesto, ocupando las instituciones y robando cuando era menester, aunque, eso sí, permitiendo a los nacionalistas hacer lo propio en sus territorios respectivos. Zapatero, además de arruinar la Economía, rompió el espíritu de reconciliación entre españoles que alumbró la Constitución del 78, quizá su fruto más excelso, obligándoles, cual desesperados modernos Sísifos, a enfrentarse de nuevo con la piedra excesiva de sus demonios familiares históricos. Pudo arreglarlo Mariano Rajoy con la abrumadora mayoría de que dispuso a partir de noviembre de 2011, pero eso hubiera sido pedirle peras a un olmo seco partido por el rayo de la mediocridad más absoluta. Una desgracia para España, y el reconocimiento de la carencia de sistemas mínimamente fiables de cooptación de la dirigencia política en nuestro país. De modo que el separatismo catalán, que llevaba sembrando el odio entre su grey desde el famoso “Programa 2.000” de Jordi Pujol, se dio cuenta de que el fiero león de aquella mayoría era apenas un acicalado osito de peluche con el que era posible jugar a conciencia.
Una trampa para bobos
De haber estado construido de otra pasta, Rajoy hubiera llamado a capítulo a Artur Mas en los primeros días de su mandato, enero de 2012 si no antes, para leerle la cartilla en Moncloa: ni una voz más alta que la otra fuera de la Ley y la Constitución, y ahora vas y lo parlas en Barcelona. Calentito. Lo normal en un país serio. Como no hizo sino todo lo contrario, a los herederos de Pujol les sobraron unos meses para, septiembre de 2012, llenar las calles con una gigantesca Diada a la que el bello Arturo se subió en marcha convencido de que ese era el caballo ganador. Fue el “ahora o nunca” del nacionalismo en el momento más bajo de España (vendrían otros peores, cierto), con un cobarde taimado en la presidencia, una economía arruinada y una crisis política de caballo. En la primavera de 2014, alguien se acercó al ministro Fernández Díaz para comerle la oreja con el cuento de que Germà Gordó estaba dispuesto a protagonizar un golpe de mano en Convergencia para derribar a Mas y erigirse en interlocutor idóneo entre la Generalidad y el Gobierno central, qué interesante, y el beato Fernández picó el anzuelo, hasta que algún avisado vino raudo a sacarlo del error, merluzo, cómo va a traicionar Gordó a Mas si ha sido siempre su chico de los recados, además del gestor de sus dineros, esto no puede ser más que una trampa para bobos.
Conocimos el episodio dos años después, cuando, en julio 2016, salieron a relucir las grabaciones que en su propio despacho, lo nunca visto en un ministro del Interior, había realizado el gran “relator” (¡ahí lo tienes, Maritornes, báilale!) del reino, el inefable Villarejo. Y cuando, después de sucesivas micciones en la pechera de Mariano por parte de un separatismo xenófobo y supremacista, enfermizamente manipulador y mentiroso (“que escapa de la política para adentrarse en el psicoanálisis”, Alfonso Guerraeste miércoles), el gallego gazmoño se atrevió por fin a aplicar el 155, lo embalsamó en unas elecciones autonómicas a un mes vista, sin desmontar, siquiera rozar, ninguna de las estructuras de poder y manipulación mediática del separatismo. Es así como hemos llegado hasta el fondo del pozo, pasando antes por el afrentoso episodio, del que quedará registro en los libros de historia, de la tarde noche del 31 de mayo pasado, con el presidente del Gobierno huyendo despavorido de un Congreso en el que se dilucidaba el futuro de España para ir a emborracharse a un garito de la calle Alcalá, esquina Independencia. Casi todo nos lo hubiéramos ahorrado si el gañán hubiera tenido las gotas de patriotismo suficiente para haber dimitido. No lo hizo. Sigue sin explicar por qué. Pobre España. Triste historia de España.
El resto es sabido. Cuesta abajo y sin frenos hemos llegado hasta el personaje que ahora nos gobierna, un auténtico okupa privado de la legitimidad que otorgan las urnas. Rehén de quienes le hicieron presidente y le sostienen en el cargo, el bergante no ha tenido más remedio que cumplir los compromisos contraídos con el separatismo poniendo en marcha, en lo sustancial, esos 21 puntos de oprobio que Torra deslizó en su bolsillo en Barcelona, esas instituciones paralelas que deslegitiman las que democráticamente los españoles nos dimos en su día, y aceptando el marco discursivo del separatismo (la existencia de un conflicto entre dos Estados en condiciones de igual a igual, necesitados, además, de un mediador, un mamporrero, diríase en román paladino, capaz de hacer entrar lo que no cabe: la ruptura de España para dar satisfacción a la corrupta elite nacionalista catalana. Como no podía ser menos, la nación se ha despertado, consciente de que este es un envite trascendental, uno de esos desafíos capaces de poner en grave riesgo la convivencia. Por eso nos echamos hoy a la calle en Madrid, para decir "no" a quienes arteramente quieren robarnos el futuro acabando con más de 40 años de paz y libertad, y para obligar a nuestro aprendiz de Maduro a convocar elecciones cuanto antes, en las que los españoles, de derechas y de izquierdas, digan lo que tengan a bien decir en democracia.
El peligro no ha desaparecido
Al aprendiz de brujo no le preocupa en demasía, en mi opinión, la convocatoria de hoy en Colón, sino la rebelión protagonizada en el seno del PSOE de siempre por figuras tan relevantes como las de González, Guerra y otros. Es lo que le ha obligado a protagonizar ese simulacro de ruptura de negociaciones, ese teatrillo impostado que no ha conseguido engañar a nadie. El peligro no ha desaparecido, ni mucho menos. El separatismo no ha sido derrotado, ni desalojado de su puesto el granuja que tiene secuestrado al PSOE. La movilización de la ciudadanía (incluyendo en ella naturalmente a buena parte del voto socialista clásico) permite augurar, no obstante, que desde el fondo del pozo en que hoy nos hallamos las cosas ya solo pueden ir a mejor. Con la condición, claro está, de que hayamos aprendido la lección. Porque este no es el final de nada, sino el principio de casi todo. Con la condición de que nuestras élites políticas, conscientes del riesgo de caída en el abismo en que nos hallamos, se pongan a trabajar para, elecciones generales mediante, lograr un gran pacto capaz de abordar la mentada reforma de la Constitución destinada a coser los jirones de un traje que en parte se ha quedado viejo por estrecho o equívoco.
Hay que acabar de una vez por todas con el chantaje nacionalista. No es posible seguir sometidos a la afrenta de ese nacionalismo vasco que vota los Presupuestos a Rajoy y al día siguiente lo descabalga del Gobierno porque le convine más el piernas que acaba de salir a la palestra, a quien vamos a poder manejar a nuestro antojo. Y quien habla de parar los pies al nacionalismo, habla también de recuperar las competencias en Educación para el Estado y de tantas otras cosas que están en la mente de todos. Los españoles se merecen un proyecto de país capaz de sostener un Estado del bienestar razonable, es decir sostenible, ergo financiable, donde las empresas no sean un mero sujeto pasivo al que freír a impuestos; un Estado con radical separación de poderes que garantice propiedad, seguridad y libertad, y en el que cualquier español –empezando por esa mayoría de catalanes sometidos al yugo del supremacismo nacionalista- pueda vivir y prosperar en el marco de una ley igual para todos. Y al separatismo que le vayan dando. Sin contemplaciones. Sin complejos. ¿Seremos capaces –no hablo ya de nuestras sedicentes elites políticas- de estar a la altura del reto que tenemos por delante, o seguiremos ad eternum dando vueltas a la noria de nuestros viejos demonios históricos?
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