El siguiente artículo expone un ejemplo de austeridad pública de verdad (en España lo que ha habido ha sido básicamente austeridad en el sector privado vía incrementos masivos de impuestos con un crecimiento del gasto en relación al crecimiento del PIB, frenado en los últimos años por el fuerte crecimiento económico que no ha servido pese a disparar los ingresos fiscales para eliminar el déficit (ni remotamente).
Esta política es precisamente la recomendable (sería mejor en mayor medida), pues controlas el crecimiento del gasto y mejoras los ingresos por la actividad positiva de la economía, lo que te permite eliminar el déficit fiscal, bajar la ratio de deuda/PIB, creando una economía más sostenible, fuerte y preparada para afrontar los momentos futuros de recesión y de ciclo económico bajista (por su parte, España lejos de ello, pone semillas del empeoramiento grave de la economía, con lo que ello supondrá para el empleo y los ciudadanos, aumentando sin freno el gasto, al gastar y prometer gastar todo lo que se ingresa de más por el buen devenir de la economía sin conseguir superavit que reduzca nuestra deuda/PIB y permita afrontar con tranquilidad y capacidad momentos negativos (en vez de hacer más reformas estructurales necesarias y políticas responsables -algunas de ellas sí se hicieron en la buena dirección como la reforma de las pensiones o la reforma laboral o la regla del gasto de los ayuntamientos-), que no provoquen un shock.
Artículo de Libre Mercado:
Alemania reduce la deuda pública | Pixabay/CC/analogicus
Entre los años 2010 y 2012, la Eurozona enfrentó una profunda crisis de deuda que amenazó la solvencia financiera de algunos de los países integrados en la moneda única. Con el PIB en caída libre y el coste de los bonos del Tesoro por las nubes, los experimentos keynesianos de 2008 y 2009 fueron quedando atrás. Llegaba, al fin, el tiempo del ajuste.
Pero, lamentablemente, el ritmo de reducción del déficit aplicado por los socios europeos ha sido, cuando menos, decepcionante. Casi una década después, países como España o Italia siguen preocupando a los analistas de deuda por el elevado déficit que siguen soportando sus presupuestos. Incluso en Francia se observa un descuadre entre ingresos y gastos superior al 3% del PIB.
Ante semejante panorama, llama la atención lo bueno que ha sido el desempeño de Alemania. El país teutón vio cómo su deuda tocaba techo en 2010. A lo largo de dicho curso, el déficit alcanzó el 4,2% del PIB y las obligaciones totales del gobierno federal y las Administraciones regionales y locales llegaron a un máximo del 81% del PIB, casi veinte puntos por encima de los niveles previos a la crisis.
Sin embargo, esta senda alcista se rompió con la aprobación del freno a la deuda. Se trata de una cláusula de gestión presupuestaria que tiene rango de norma constitucional desde su inclusión en la Carta Magna durante el año 2009. Dicha regla abarca los siguientes puntos:
- El déficit del Gobierno federal no puede rebasar el 0,35% del PIB.
- El déficit está prohibido para las Administraciones regionales y locales: es obligado conseguir un superávit.
- La evolución del ciclo económico permite que se den ciertas desviaciones en el corto y medio plazo.
- Bajo escenarios de urgencia, hay un mecanismo de ajuste que permite mayores niveles de déficit (en torno al 0,5% del PIB, sin contar los pagos por intereses de la deuda).
El freno a la deuda se aplicó con un calendario gradual. Desde 2016, está en vigor el punto primero, referido al Gobierno federal, mientras que los länder tendrán que huir del déficit a partir del año que viene, 2020. De momento, los resultados han sido muy satisfactorios y la deuda está bajando de forma sostenida año tras año.
La búsqueda del equilibrio queda reflejada en el saldo presupuestario que se ha venido registrando desde entonces. Tras el déficit del 4,2% del PIB en 2010, en 2011 se dio un descuadre del 1% del PIB y en 2012 y 2013 se rozó el superávit, con niveles de incumplimiento inferiores al 0,2% del PIB. En 2014 llegó el primer superávit desde la introducción de la norma (0,6% del PIB). Desde entonces, la tónica se ha mantenido: saldo positivo del 0,8% del PIB en 2015, del 0,9% en 2016, del 1% en 2017, del 1,7% en 2018 y del 1,1% en la proyección para 2019.
A raíz de esta mejora en el saldo presupuestario, la deuda ha caído sostenidamente. Del pico del 81% del PIB alcanzado en 2010 se pasó a un 79% en 2011 y 2012, un 77% en 2013, un 75% en 2014, un 71% en 2015, un 68% en 2016, un 64% en 2017, un 60% en 2018 y un 57% en la proyección para 2019. Al ritmo actual, el FMI estima que las obligaciones serán ligeramente superiores al 50% del PIB en el año 2021.
Comparando 2010 con 2019, vemos que el aumento de los ingresos ha sido de dos puntos del PIB (del 43% al 45%), mientras que la reducción del gasto ha sido de tres puntos (del 47% al 44%). En total, un vuelco de cinco puntos porcentuales que ha facilitado una clara mejoría del saldo fiscal.
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