jueves, 3 de marzo de 2016

Análisis y explicación de las dramáticas consecuencias de la nueva propuesta de Ada Colau: pretender que el Estado fije por ley el precio de los alquileres privados

Es lo que pasa cuando uno se cree que puede cambiar las leyes de la economía prohibiéndolo a su libre arbitrio, como quien pretenden por ley prohibir la ley de la gravedad con la intención de que todos puedan volar. En ambas, se producen consecuencias funestas.

Hoy, Ada Colau quiere que el Estado fije por ley el precio de los alquileres privados, para que éstos no suban, al ver cómo los precios en Barcelona subían un 6,6% en 2015 (la ciudad donde más subieron de toda España), si bien, lo hace después de haber bajado los cinco años anteriores.


Expliquemos a la "lumbrera" de Ana Colau y a todos los que apoyan medidas de este tipo, lo que ocurre cuando se imponen precios máximos sobre un bien (por debajo de su precio de equilibrio), en este caso los alquileres de vivienda, algo por cierto tan recurrente (en distintos tipos de bienes) a lo largo de la historia por distintos líderes políticos, y siempre con dramáticas consecuencias. Hoy en día de hecho es fácilmente observable las dramáticas consecuencias de esta misma medida en lugares tan dispares como Caracas (Venezuela), donde la sola medida llevada a cabo por Chávez redujo la oferta un 25%, y que junto a otras medidas intervencionistas destruyó totalmente el mercado de alquiler, o en la propia Nueva York o San Francisco (EEUU), donde dichas políticas públicas han provocado un desajuste en el mercado, impidiendo que sea competitivo, convirtiéndolo en enormemente ineficiente y provocando como en el caso de San Francisco una cantidad de Homeless alarmante pese al nivel de vida de la ciudad.

La intención y justificación del político-burócrata es habitualmente impedir que suban los precios del alquiler para así permitir que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda en alquiler más fácilmente y sin pagar tanto. La intención es loable, lo que suele suceder con el estatista de turno, y por supuesto, no faltará su autoproclamación (o proclamación por parte de todos los que apoyen inocentemente dicha medida) como el que está a favor de los necesitados, el que está en contra de los "especuladores", el que está a favor de la justicia...y quien critica o está en contra de dicha medida es moralmente todo lo contrario.

¿Pero es esto así? Pues NO. Desgraciadamente NO. Y digo desgraciadamente, puesto que ojalá la economía fuera algo tan sencillo y simplista como la malentienden algunos. Las soluciones serían simplísimas y no habría lugar a la demagogía, el populismo y viviríamos en Jauja desde hace siglos.

Lo que ocurre es precisamente el efecto contrario a lo que se pretende evitar, y además en un grado de mucha mayor intensidad. 

El precio de una vivienda (como de cualquier bien) en un mercado libre es fijado por el cruce entre la oferta y la demanda. Básicamente, a mayor demanda, mayores precios (pues hay más que pujan por un mismo bien), y a menor oferta, mayores precios (pues hay menos bienes entre los que elegir y la gente tendrá que ofrecer más para obtenerlo). De la misma manera, a menor demanda, menores precios (pues hay menos gente que quiere un bien y si se quiere vender algo antes que otro habrá que bajar el precio) y a mayor oferta, menores precios (pues se incrementan los bienes ofrecidos por lo que si se quiere vender todo hay que bajar el precio para encontrar más gente dispuesta a alquilar el producto).

Imponer precios máximos provoca que los problemas se agravan tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. En concreto reduce drásticamente la ofera y aumenta drásticamente la demanda, provocando ESCASEZ, y haciendo que muchas personas se queden sin casa. 

La imposición de precios bajos provoca por el lado de la oferta una reducción. Que menos gente saque una vivienda al mercado de alquiler, puesto que a dichos precios puede no serle rentable (porque no le vale la pena el riesgo de que la dañen, le roben o estropeen inmobiliario o se la ocupen, porque no tiene necesidad y no le vale la pena para lo que va a obtener, porque no le compensa al riesgo de impago, porque no le sufraga los costes de hipoteca que ya paga por ella y prefiere vivir él, o prefiere venderla...).

De la misma manera, los precios máximos reducen la inversión en vivienda, puesto que dichos precios no compensan los precios de la inversión realizada ni el riesgo de la misma, al no permitir que el mercado establezca el precio igualando la oferta y la demanda.

Pero no hay que olvidar tampoco otra efecto enormemente nocivo que provoca dicha imposición. El espectacular deterioro de las condiciones de las viviendas en alquiler, puesto que la rentabilidad del alquiler es tan reducida, y la escasez de viviendas tan alta que no hay preocupación por cuidar la vivienda puesto que va a encontrar siempre un demandante (al ser un mercado poco competitivo por la interferencia pública).

En definitiva, el número de viviendas ofrecidas al alquiler se van reduciendo cada vez más, reduciendo las posibilidades de la gente para encontrar una vivienda. 

La imposición de precios bajos provoca por el lado de la demanda un aumento de la misma. Cuando bajas el precio del bien, hay más gente dispuesta a vivir de alquiler, puesto que dicho precio impuesto se sitúa por debajo del precio de equilibrio (precio de mercado). Al imponer precios más bajos al de equilibrio de mercado, veremos que habrá más gente dispuesta a vivir de alquiler que a comprar (puesto que alquilar será mucho más barato en términos relativos). Veremos como muchos más gente, por ejemplo jóvenes demandarán un piso de alquiler para independizarse. Veremos cómo debido a los precios controlados buscarán vivir en una vivienda propia en lugar de vivir compartiendo piso (estudiantes, jóvenes...), veremos que muchas familias buscarán una casa más grande de alquiler que la que buscarían o tendrían en equilibrio de mercado, veremos cómo familias mayores cuando sus hijos se van de casa se mantienen en una vivienda mayor a sus necesidades, impidiendo que otras solteras con hijos pequeños o en proyecto pueden hacerse con una, y lo mismo con personas viudas.

Dicha imposición reduce el incentivo a compartir casa, a aprovechar de manera eficiente el número de viviendas, y en consecuencia a usar y demandar más de las que se demandarían en una situación de libre mercado. 

En definitiva, se demandan más viviendas de alquiler, mientras que a la vez se reduce la oferta de las mismas, habiendo mayores necesidades insatisfechas, un mercado muy desajustado y quedándose más gente sin una casa, agravando enormemente la situación previa. 

No hay que olvidar precisamente la enorme responsabilidad fruto del creciente intervencionismo en que dicho mercado que provoca precisamente un incremento de los precios y la aparición de los problemas que luego se pretenden resolver precisamente con la comentada medida contraproducente.

Así, no hay que olvidar que medidas como las siguientes defendidas y puestas en marcha o intensificadas por Ada Colau no hacen más que causar un grave problema al mercado de la vivienda agravando la escasez y aumentando los precios: 

-Inseguridad jurídica del propietario. Colau ataca y promueve la absoluta inseguridad jurídica para el propietario de vivienda, fomentando y pretendiendo imponer la prohibición de desahucios ante impagos del alquiler. Esto provoca un desincentivo enorme a alquilar tu vivienda ante el riesgo de tener impagos y no poder recuperar TU vivienda, lo que es una absoluta injusticia, que provoca además una reducción de la oferta de viviendas y en consecuencia un aumento de los precios de alquiler que perjudica a justos (los que sí que pagan, los que les gustaría independizarse, los que buscan cambiar de vivienda por trabajo...) por pecadores impidiendo a más gente acceder a una vivienda. 

-La cuestión de los desahucios y la inseguridad jurídica va ligada a otro grave problema creado por dicha imposición, que no es otro que la reducción drástica de los prestamos hipotecarios por parte de los bancos dadas las pocas garantías de cobro en caso de impago, el incentivo a mayores impagos, el mayor riesgo que asume el banco, unido además a las multas impuestas por Colau a los bancos por tener viviendas vacías (que es lo último que quieren tener pues no es su negocio). Multas por supuesto que pagan indirectamente los clientes del banco mediante mayores comisiones. En definitiva, la consecuencia es menos crédito, y menos posibilidades de acceso a la compra de vivienda para las familias, lo que además indirectamente aumente la demanda de vivienda de alquiler, aumentando más aún los precios (y si está prohibido, aumentando la escasez, imposibilitando aún más el acceso de las familias a una vivienda, y disparando el mercado negro para poder acceder a una vivienda a otros precios. ¿El problema de esta medida de escapatoria ante los problemas que causa la intervención pública? Que esto también está siendo perseguido por Colau, cerrando pisos ilegales y multándolos . Consecuencia: Aún menor oferta, aún más escasez, aún mayores precios del alquiler (que luego tomarán como excusa para imponer precios máximos agravando mucho más aún un problema creado por ellos mismos). 

-Fomento y protección de los Okupas, a costa del contribuyente y del propietario. Incentivo al impago, mayores impuestos, más inseguridad y riesgo para el propietario. Nuevamente reducción de la oferta, mayores incentivos al impago, más requisitos para aceptar un cliente, precios más altos para compensar un mayor riesgo de impago, menos poder adquisitivo por mayores impuestos de la gente y menos posibilidades para acceder a una vivienda.

-Limitación (paralización de 30 proyectos de golpe) y mayores restricciones para la inversión hotelera (congelación licencias alojamientos turísticos, lo que está llevando a aumentos récord del precio hotelero, al reducirse la oferta nuevamente. Y a esto se une la restricción al turismo -pretendiendo por ejemplo limitar el número de cruceros que llegan a Barcelona-. Lo que lleva nuevamente a reducir la oferta de vivienda en la ciudad (en este caso una alternativa de hospedaje, que conllevaría búsquedas de plazas para alquilar, promoviendo mayores precios y mayor escasez. 

-Por no nombrar el ya de por sí ultraregularizado mercado del suelo, con los enormes costes administrativos, de licencias, de impuestos y de trabas a la construcción (común a toda España) que encarece sobremanera la vivienda y reduce la oferta necesaria para que ésta se adapte cómodamente a la demanda en un equilibrio de bajos precios. 

En definitiva, nueva demostración que el político-burócrata es el especialista en agravar un problema que ha creado él previamente, con lesivas consecuencias para los ciudadanos, que ingenuos ellos, recurren a él para exigirle más gasolina para apagar el fuego. 

¿Son precisamente estos populistas los supuestamente (y así cree inocentemente mucha gente), salvadores de los necesitados, la gente con buena conciencia, los "buenos", los que se preocupan por "los de abajo"... (como se autodenominan acusando de lo contrario a todo el que no esté de acuerdo con sus contraproducentes y simplistas medidas) ?

Rotundamente NO. Son precisamente, los que perjudican gravemente a toda la sociedad llevando a muchísima mayor cantidad de gente a una situación de necesidad e impidiendo con múltiples trabas, costes e incentivos perversos a la sociedad solucionar sus problemas y progresar. 







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