lunes, 3 de abril de 2017

Análisis de las dramáticas consecuencias del monopolio en la estiba y las falacias y mitos que arguyen sus defensores

José María García Giner analiza las negativas consecuencias del monopolio en la estiba y los falaces argumentos de los defensores de dicho monopolio. 

Artículo de Columna 2: 


Lo que ocurre en España con el monopolio de la estiba es un caso más del mercantilismo y electoralismo patente en la política económica y la clase política, que solo busca la estrategia política partidista y no los principios ni el interés general. 

La derogación de la reforma en el sector implica graves consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad (excepto para unos privilegiados que se enriquecen a costa de terceros mediante el chantaje y la violencia (o su amenaza). 

Y no es una victoria de los trabajadores como falazmente se pretende hacer creer, sino una derrota contundente del conjunto de trabajadores (y de no trabajadores). 

Pierden todos los trabajadores que no se dedican directamente a la estiba (pues el arma monopolística del sindicato es reducir la oferta de trabajo para aumentar sus salarios). Es decir, mediante el uso de la fuerza, impiden a otros trabajadores acceder a dicho sector, abocándoles al paro y reduciendo el empleo en dicha actividad.

Crean paro, al restringir la oferta de mano de obra aumentando artificialmente y mediante la coacción los salarios y privilegios propios (que no son establecidos por la sociedad -mercado-). 

Provocan una reducción conjunta de la masa salarial en la economía, reduciendo los salarios en el resto de la economía (en perjuicio del conjunto de trabajadores, esos que hipócritamente dicen defender los demagogos partidos políticos). ¿De qué manera? Por varias vías. 

En primer lugar al reducir la mano de obra en dicha actividad, redirigen un mayor número de potenciales empleados al resto de actividades, reduciendo los salarios de equilibrio en el resto de actividades (por la mayor cantidad de trabajadores buscando un puesto de trabajo). 

En segundo lugar, el enorme encarecimiento de los costes portuarios que supone este monopolio (se estima que encarece un 30% el coste por tonelada de la mercancía) implica menos actividad comercial en dichos puertos (comercian en otros más competitivos), menos intercambios de bienes (menos importaciones y exportaciones) y precios más altos de los productos. Es decir, reducen la actividad económica, hacen menos competitiva la economía, y por tanto reducen la generación (o directamente la impiden) de empleo (producen más paro indirecto) y reducen el poder adquisitivo del conjunto de ciudadanos (también ellos se ven afectados). Como los precios son superiores, el conjunto de ciudadanos tiene que pagar más por los productos reduciendo su poder adquisitivo y reduciendo compras o ventas en el resto de sectores (menos ganancias para otras empresas que puede significar que entren en pérdidas y tengan que cerrar y despedir a los empleados; menos salarios al reducirse la demanda en dichos otros sectores; menos empleos por lo mismo en el resto de la economía). Es decir, dicho monopolio afecta negativamente a trabajadores y consumidores por doble vía. 

En tercer lugar, la apropiación arbitraria bajo coacción de mayores salarios (muy por encima de mercado) reduce la tasa de beneficio y en consecuencia de capitalización. Esto conlleva una reducción de la inversión y de la mejora de bienes de equipo (que son los que facilitan el trabajo del trabajador y aumentan la productividad del trabajo, y en consecuencia de los salarios). Es decir, reducen la innovación, la inversión en mejoras productivas y por tanto reducen la actividad económica aún más (menos empleo, precios más altos y salarios más bajos). Esto a su vez, repercute en una peor asignación de recursos privando o alejando la inversión de dónde es más atractiva (en ausencia de coacción) y eficiente (satisface mejor las necesidades humanas) yéndose a otras (donde no hay coacción) menos atractivas y productivas (en términos netos reduce la prosperidad). 

Pero esto no acaba aquí. La menor actividad económica que provocan, el mayor desempleo y los menores salarios del conjunto de la economía reducen las bases imponibles y por tanto la recaudación fiscal, produciendo además un mayor gasto en prestaciones sociales (por desempleo por ejemplo), que conlleva un mayor gasto público, un mayor déficit, al que se añade más intereses de la deuda para sufragar dicho déficit, y más impuestos a todos los ciudadanos, familias y empresas para compensarlo y sufragar dicho disparate (acrecentado por el incumplimiento de la sentencia europea, cuya sanción son 23 millones € más 134.000€ diarios hasta que no se reforme).

A su vez, hablamos que quienes defienden esto defienden una distribución regresiva de la renta, y por tanto una mayor desigualdad de rentas (distribución de trabajadores o desempleados de bajas rentas, perjudicados por el monopolio hacia los trabajadores del monopolio, que disfrutan por medio de la amenaza y la violencia de rentas muy elevadas (en el caso de la estiba en España, un promedio de 70.000 euros anuales). 
En el colmo del despropósito que supone todo esto, en última instancia, no son las empresas las afectadas por el monopolio, sino los trabajadores de otros sectores y desempleados pues hacia ellos se derivan los mayores costes y precios del servicio. 

Y finalmente, y para mayor vergüenza de sus defensores (la enésima muestra de la hipocresía de los partidos políticos que lo apoyan, defendiendo una cosa y la contraria), defienden un monopolio machista, que ataca el derecho al trabajo de la mujer -como el del inmigrante...-, impidiéndoles trabajar en el sector (ese es al fin y al cabo en objetivo de un sindicato. Reducir la oferta y la competencia para aumentar su beneficio a costa del resto de trabajadores que están fuera del grupo protegido). 

En definitiva, el mantenimiento de dicho monopolio va en contra de los trabajadores, los consumidores, los contribuyentes, las empresas y los desempleados.

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