La Segunda República: de mito a timo

Jorge Vilchez analiza el mito (y el timo) de la Segunda República como ejemplo de democracia y libertades que algunos (renunciando a toda evidencia histórica) pretende hacer creer, inoculando dicho mito en las mentes del ciudadano, tan ajeno a la historia. 

Artículo de Voz Pópuli:

La Segunda República: de mito a timo. EFE

Un tribunal ha obligado al alcalde de Cádiz, José María González, más conocido como “Kichi”, a retirar la bandera tricolor de un lugar público. El dirigente podemita alegó que se trataba solamente de una referencia histórica –como hizo el año pasado–, pero es dudoso que, con el mismo ánimo de recordar la Historia, el próximo 18 de Julio ponga la rojigualda con el águila de San Juan. Otro tribunal ha impedido que el gobierno de Navarra, otrora cuna de los requetés que se batían por el “Dios, Patria, Rey”, hiciera lo mismo. Tenemos también al impagable diputado Alberto Garzón haciendo bolos por todo el país para blanquear el comunismo republicano, como si el PCE, entre su fundación y 1956,  hubiera alguna vez luchado por una República que no fuera soviética.

Todo este esperpento procede de la mitificación de la Segunda República, que aquí se ha pasado a historiar como la “antiEspaña” por los franquistas y posfranquistas, y como la culminación buenista por los izquierdistas. Dejando aparte el teatro dramático de polemistas como Pío Moa y Ángel Viñas –que viven de la bronca, retroalimentándose como si fueran trolls tuiteros o personajes de un talk-show de La Sexta-, lo cierto es que aquel periodo nada tuvo que ver con la democracia, la reforma o la libertad, y sí con la violencia, el exclusivismo y el ajuste de cuentas.

La Segunda República es un mal ejemplo democrático, pero la hegemonía cultural de la izquierda, que ha tomado la educación, las artes y los medios, nos lo han presentado de otra manera. Ahora que se aproxima el 14 de abril, y que veremos recordatorios mediáticos y callejeros, voy a repasar algunas de estas cuestiones. 

La bandera republicana

La sustitución de la tricolor por la rojigualda fue por decretazo, con fecha del 27 de abril de 1931, de un Gobierno autoproclamado, provisional, que nadie había elegido. El gran Josep Pla, entonces por Madrid, escribió que el 14 de abril, cuando Alfonso XIII ya se había ido, la izaron en el Palacio de Comunicaciones unos funcionarios, quienes, decía, “solo tienen de bandera el sueldo”. Los madrileños la miraban preguntándose qué era aquello. Pla no exageraba porque era el emblema de la Conjunción republicana; esto es, de una parte.

Miguel Maura, que fue ministro de la Gobernación en aquel primer Ejecutivo republicano, dejó escrito que no pensaban cambiar la bandera porque entrañaba “problemas de todo tipo”, pero que se dejaron llevar por el ímpetu de algunas autoridades locales, como la de Barcelona. Luego buscaron un anclaje histórico falso: no era el morado de Castilla ni se creó durante la Primera República (1873).

El general Vicente Rojo, el último defensor del Madrid “republicano”, escribió tras la guerra que la nueva bandera había sido un error: la rojigualda no representaba a la monarquía, como dijeron, sino a la nación, que la hicieron suya los que desde 1808 lucharon por la libertad. La republicana, concluía, no fue una aspiración popular, era partidaria y dividía España.

La imposición trajo muchos problemas porque no fue el resultado de un referéndum, ni de una votación parlamentaria, ni contó con un informe técnico como sí había tenido el cambio del escudo en 1869. El gobierno arrestó a los que portaban la rojigualda o escribían a su favor, y se produjeron quemas de la tricolor como protesta.

La cultura del odio

En la España de la Segunda República se desarrolló lo que Mosse llamó “brutalización de la política”, con una “banalización de la violencia”, tal y como contó Arendt. El socialismo bolchevizado de Largo Caballero, que contó con la complicidad ocasional de Indalecio Prieto, el comunismo y el anarquismo, alimentaron los peores instintos posibles en la incipiente sociedad española de masas: el odio. El aplastamiento del enemigo era una forma de librar al Progreso de un obstáculo para llegar al Paraíso. De ahí la tolerancia hacia la violencia de abajo, y la planificación de violencia desde arriba, como en 1934, así como la más dura represión, como en Casas Viejas. Y es que la violencia partió mayoritariamente del lado izquierdista.

La quema de iglesias, sedes políticas y periódicos –solo 18 entre febrero y julio de 1936-, así como los asesinatos políticos –un total de 2.250-, asaltos y palizas, fueron muy frecuentes. Los anarquistas se levantaron en cuatro ocasiones contra la República gobernada por los socialistas antes de 1934. También contó con el pronunciamiento chusco del general Sanjurjo, las continuas declaraciones del estado de guerra –hasta 18-, y la violencia verbal en las Cortes.

El liberalismo y el parlamentarismo eran fantasmas en aquella España, sustituidos por la cultura del odio, en la que un acto violento era un instrumento político en nombre del pueblo, la patria, la raza o el proletariado.

Más censura que nunca

Desde el primer día. La Ley en Defensa de la República (octubre de 1931) tipificaba como delito la difusión de noticias que el gobierno entendiera que podían perturbar “la paz o el orden público”, que despreciaran “las instituciones u organismos del Estado”, o hicieran “apología del régimen monárquico”. Aquello era un atentado a la libertad, como dijeron algunos diputados, a lo que Azaña contestó que había periodistas que eran “monas epilépticas que por equivocación llevan el nombre de hombres” y que estaba dispuesto a “romper el espinazo al que toque la República”.

La suspensión de periódicos de todo tipo y las multas para forzar su cierre, a pesar de la censura previa, eran más que frecuentes. El gobierno de Azaña prohibió a la prensa que llamara “asesinato” a la muerte del diputado Calvo Sotelo, pero no a la del teniente Castillo. El periódico Ya se saltó la prohibición y fue suspendido. La libertad de prensa y expresión retrocedió en España durante la Segunda República en comparación con la existente durante la Restauración.

El voto y las elecciones

Casi toda la izquierda se opuso a que la mujer votara. No hace falta más que leer a Clara Campoamor frente a la socialista Victoria Kent y la comunista Margarita Nelken. El argumento en contra era que la mujer –como si fuera un sujeto colectivo, muy parecido, por cierto, a cómo lo aborda ahora la perspectiva de género- era prisionera del confesionario, y que votaría lo que dijeran los curas.

Claro, preferían el púlpito de los mítines socialistas o comunistas de sus religiones laicas. Luego se produjo la persecución de Campoamor –recomiendo su obra “El voto femenino y yo. Mi pecado mortal” (1936)- por parte de las izquierdas, con insultos machistas, vejaciones y apartamiento de la política porque la culpaban de la victoria de la derecha en 1933.

A esto añadimos el fraude en los resultados electorales de febrero de 1936. La ola de violencia que rodeó la primera vuelta, el 16 de ese mes, hizo que el presidente Portela dimitiera, y Alcalá Zamora lo sustituyó en pleno proceso electoral por Manuel Azaña, uno de los jefes del Frente Popular. Ante su pasividad –por ser benévolo-, los frentepopulistas asaltaron los colegios electorales, violaron la documentación, tacharon resultados y pusieron otros.

No contentos con esto, y tras una segunda vuelta en la que la derecha, la CEDA en particular, bajó los brazos, la Comisión de Actas quitó por “convicción moral” 50 escaños a sus enemigos y se los atribuyó al Frente Popular con la connivencia de Azaña y Prieto. Así consiguió mayoría absoluta. Esto no justifica el golpe de Estado del dictador Franco y compañía, sino que deja en su sitio antidemocrático a la Segunda República.

El mito

El mito es una falsedad para sostener un discurso político. En eso han convertido la Segunda República ciertos historiadores, algunos partidos y unos cuantos medios. La distancia y el acercamiento crítico a los hechos nos muestra otra cosa. Y eso que, por falta de espacio, no hablo del papel deplorable que tuvieron las élites, tanto de la derecha como de la izquierda –como señaló el sociólogo Juan José Linz–, ni de otros “agentes sociales”. Dejémoslo aquí.