Más salario mínimo es más paro entre los más débiles

Juan Rallo analiza la última medida acordada entre el PP y el PSOE para subir el salario mínimo, y las negativas consecuencias para el empleo del mismo, mostrando las estimaciones concretas a raíz del último informe del Banco de España que evalúa el impacto de dicha propuesta y la de Podemos (que aún pretende subirlo más).

A su vez, expone la lección que hay que sacar de esto.  

Artículo de su página personal: 

PP y PSOE pactaron hace cuatro meses la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 1986: desde 764 euros mensuales a 825. Políticamente, el acuerdo se nos vendió como una conquista social de primer orden: tras muchos años de contención salarial, los trabajadores más perjudicados por la crisis conseguían un notable incremento en sus remuneraciones. Económicamente, sin embargo, se trataba de un error elemental: es bien sabido por los economistas que los incrementos del SMI tienden a aumentar el paro, especialmente entre aquellos colectivos más vulnerables a los que se quiere beneficiar. De hecho, si la medida fuera tan sumamente positiva, a quien deberíamos hacer caso es a Podemos, que pretende elevarlo hasta los 1.108 euros mensuales.

Por fortuna, esta misma semana, el Banco de España ha contribuido a poner algo de cordura a esta endiablada escalada de promesas suicidas. En su informe correspondiente al primer trimestre del año, el regulador estima cuáles serían los efectos de aplicar en nuestro país la propuesta de la formación morada.

Más en particular: el Banco de España toma como punto de partida el análisis elaborado en 2015 por los economistas Galán y Puente, donde se concluyó que aumentos moderados en el salario mínimo tendían a elevar significativamente la probabilidad de que trabajadores jóvenes y mayores fueran despedidos. Así, Galán y Puente calcularon que la probabilidad media de despedir a un trabajador entre 16 y 24 años pasó del 11,2% al 24,9% como consecuencia de las subidas del SMI aprobadas entre 2005 y 2010; del mismo modo, la probabilidad media de que un trabajador de más de 45 años fuera despedido acreció del 11,2% al 49,9%.

Pues bien, a partir de estos resultados, el Banco de España estima que, tras la elevación del SMI a 825 euros mensuales, perderán su empleo el 5% de aquellos trabajadores entre 16 y 25 años presuntamente beneficiados por esa subida; el porcentaje se eleva hasta el 6,36% en el caso de los empleados con edades entre 46 y 70 años. Pero si tales efectos ya resultan en sí mismo preocupantes, los de Podemos hundirían la vida de muchos más ciudadanos: según el Banco de España, si el SMI aumentara hasta los 1.108 euros mensuales —como ambiciona Podemos—, el 17,52% de los jóvenes afectados por él se quedarían en el paro; a su vez, el 20,65% de los mayores de 45 años que percibieran el SMI serían condenados al desempleo.

En definitiva, puede que las leyes de salario mínimo incrementen la remuneración de algunos trabajadores, pero a cambio condenan al paro a muchos otros. Destrucción de empleo para apenas lograr que algunos de los que queden en pie cobren más. Tal como constata el Banco de España, el único motivo por el que las alzas de SMI no resultan muchísimo más devastadoras para nuestra economía es que a día de hoy afectan a un porcentaje bastante pequeño de trabajadores: al cabo, la inmensa mayoría de remuneraciones mínimas son fijadas en nuestro país a través de la negociación colectiva, por lo que los incrementos legales del SMI poseen escasas repercusiones sobre el conjunto de la población. Pero si los salarios mínimos contenidos en los convenios aumentaran, sus consecuencias sí serían desoladoras.

Y es que la lección práctica que debemos extraer de este debate absurdo y demagogo es que los salarios no suben por decreto, sino que solo crecen en la medida en que también lo hace la productividad de los trabajadores. Ése, y no otro, es el camino hacia una progresiva mejora de nuestros estándares de vida.