Artículo de Contando Estrelas:
En España se están aprobando leyes autonómicas con el fin de acabar -dicen- con la discriminación del colectivo LGTB. Hace dos semanas Podemos presentó una “Ley Mordaza” con esa excusa.
¿Hay necesidad real de leyes específicas contra la agresiones a los LGTB?
Igual que ocurrió con las dos leyes sobre el aborto aprobadas hasta la fecha en España (en 1985 y 2010), las leyes LGTB llegan siempre precedidas de campañas para convencernos de que son muy necesarias. El principal reclamo suele ser que las personas homosexuales, transexuales y bisexuales sufren agresiones por su orientación sexual. La pregunta lógica ante esos hechos, que por supuesto existen, es la siguiente: ¿no basta la propia legislación penal ya existente en España para combatir esas agresiones? Hay que señalar que los Artículos 510, 511 y 512 del Código Penal ya tipifican los delitos de discriminación e incitación al odio o a la violencia por “orientación o identidad sexual”, entre otras motivaciones como la raza, la ideología, la religión, el origen nacional o el sexo. Además, el Artículo. 22.4 del CP incluye la motivación por “orientación o identidad sexual” como agravante de un delito. Sin embargo, los grupos de presión LGTB no dejan de insistir en la necesidad de leyes de excepción exclusivas para ellos. ¿Y cómo las justifican?
Lo que dicen los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior
Los datos del Anuario Estadístico 2015 del Ministerio del Interior (el último año publicado hasta la fecha) pueden servirnos para hacernos una idea de si estamos ante un problema que merezca leyes específicas. Esto es lo que nos encontramos en el capítulo dedicado a delitos de odio:
Como podemos ver, actualmente hay más casos de agresiones por motivos racistas, ideológicos y de discapacidad que de orientación sexual, pero no existen leyes específicas para combatir los delitos motivados por esos tres conceptos. Se juzgan por el Código Penal. ¿Por qué entonces se crean leyes específicas para el colectivo LGTB?
¿Una ley LGTB para atajar 19 hechos conocidos en todo un año?
En la página 408 del anuario se indica que en 2015 se conocieron 19 hechos relacionados con delitos de odio por orientación o identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Si deseamos hacer una comparativa respecto a los mismos hechos del año anterior, en el Anuario estadístico de 2014 (pág. 388) fueron 26, y en el Anuario de 2013 (pág. 283) fueron 12. Cuesta mucho entender que se aprobase en el verano 2016 en la Comunidad de Madrid una ley LGTB que lesiona derechos fundamentales con la excusa combatir esa supuesta ola de violencia contra los LGTB, cuando en realidad hablamos de una media de 19 delitos al año en los últimos tres años registrados.
¿En serio han aumentado un 1000% las agresiones ‘lgtbfóbicas’ en Madrid?
Casualmente, mientras se tramitaba la citada ley madrileña, un denominado “Observatorio Madrileño Contra la LGTBfobia”, creado por la asociación gay Arcópoli, publicó un informe afirmando que se habían dado “109 ataques al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid en los seis primeros meses de 2016″. Es decir, que en solo seis meses se habrían dado casi el doble de ataques que en los tres años juntos anteriores. ¿Cómo es posible? ¿Ha habido quizá una repentina ola de violencia contra el colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid? Cuando aún no había acabado el año, en el mes de noviembre, ese mismo Observatorio publicó que en 2014 recibió 20 denuncias por agresiones lgtbfóbicas, en 2015 recibió 32 y en 2016 ya llevaba 204. En pleno debate sobre la lesión de derechos fundamentales en que estaba incurriendo la citada ley LGTB madrileña, los medios de comunicación se hicieron eco de esos datos con titulares como el del Elmundo.es: “Las denuncias por agresiones homófobas en Madrid crecen un 1000% respecto a años anteriores”.
Las trampas del informe para engordar la cifra de ataques en 2016
En el informe definitivo de 2016 de ese Observatorio (ver PDF) podemos encontrar cómo se explica ese supuesto aumento de las agresiones lgtbfóbicas. En la página 58 de este informe vemos que en él se han incluido hechos no penalizables: desde “insultos” (77) a “discurso de odio” (25) en Internet, incluyendo 10 casos clasificados como “otros”, en los que se incluyen capítulos como “mala praxis, prohibición de educación en diversidad sexual en un colegio” e incluso el “rechazo a la bandera arcoíris” y las “provocaciones”. Es de muy mal gusto que en un informe de este tipo se mezclen agresiones reales, que las hay, con el simple rechazo al adoctrinamiento LGTB en un colegio o incluso con el rechazo a la bandera de ese colectivo. Al final, están presentando como “agresiones lgtbfóbicas” cosas que no lo son, lo que trivializa la violencia real.
¿El actual Código Penal deja indefensos a los LGTB?
El informe del Observatorio de Arcópoli señala, además, que la reforma del Código Penal de 2015 “dejó sin reproche penal las vejaciones injustas (insultos) como consecuencia de la eliminación de las faltas de dicho Código”. La verdad es que las injurias siguen estando tipificadas en el Artículo 208 del Código Penal. Pero basándose en una falsedad, el Observatorio de Arcópoli afirma: “Esto ha producido una absoluta indefensión por parte del colectivo LGTB que ve cómo se puede atentar contra su honor sin que exista una posibilidad efectiva de ser perseguido.” Ya hemos visto antes, con el Código Penal en la mano, que esto no es cierto. Por otra parte, en la presentación del citado informe sus autores afirmaron que hay un “volumen enorme de agresiones por homofobia que no se denuncian por miedo o desconfianza”. Pero ante esto se impone una cierta sensatez: si cualquier insulto fuese penalizable, las cifras de agresiones por motivos de religión o ideología serían mucho mayores que las registradas por el Ministerio del Interior, y los tribunales quedarían saturados por miles de posibles casos. Basta con pasarse por las redes sociales para darse cuenta de la cantidad de insultos que se vierten a diario por esos motivos.
Proponen saltarse la Constitución para perseguir los insultos a los LGTB
Arcópoli pretende generar la sensación de que el colectivo LGTB está especialmente indefenso, y para solucionar el problema propone un remedio abiertamente inconstitucional: “la solución más práctica y urgente es que los insultos pasen a ser perseguidos por vía administrativa mediante sanciones, situación que sólo puede hacerse por cada Comunidad Autónoma en función de su conocimiento e implicación con esta realidad”. Para empezar, la libertad de expresión es un derecho constitucional. Según el Artículo 81 de nuestra Carta Magna, para regular ese derecho son precisas leyes orgánicas que han de aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Además, la resolución de los conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos, como el derecho al honor, es competencia exclusiva de los jueces. El caso es que la ley LGTB madrileña, como otras leyes autonómicas similares, se ha saltado los dos preceptos constitucionales. El propio informe de Arcópoli se jacta de ello: “La aprobación de la ley LGTB de la Comunidad de Madrid que permite la sanción administrativa de algunos comportamientos (como los insultos) que anteriormente quedaban en el limbo legal y que en muchas regiones de España ahora mismo son impunes.”
La ILGA castiga a España en su ranking por no plegarse todavía más
Otra forma de presión a los gobiernos mediante la manipulación estadística es el que se da, por ejemplo, con el ranking creado por ILGA, una organización que durante años dio cabida a grupos partidarios de la pedofilia. El 17 de mayo Elmundo.es publicaba este titular: “España cae al noveno puesto del ránking europeo sobre derechos gays”. Cuesta mucho entender que con la ola de leyes LGTB que se están aprobando en las distintas autonomías, nos topemos con que ILGA hace descender a España en una lista que acredita la obediencia a los dictados ideológicos de ese grupo de presión. En la propia noticia del citado diario, el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, revelaba el motivo de ese castigo: “Esto es, sin duda, debido a la inacción del Gobierno central. La única razón por la que seguimos manteniéndonos en el top ten es gracias a que varias comunidades autónomas están aprobando legislaciones específicas. De no ser por ello, habríamos dejado de ser una referencia”.
Para subir en el ranking España tendría que suprimir la libertad de expresión
Así pues, aunque España lleva años situada entre los diez países más obedientes a los grupos de presión LGTB, esto ya no les basta. Casualmente, ese informe se conoció unos días después de que Podemos presentase su “Ley Mordaza” LGTB, con la que el partido morado pretende lesionar derechos fundamentales amparados por la Constitución con la excusa de proteger a homosexuales, transexuales y bisexuales. En el informe de ILGA de 2017 la organización se queja de que miembros de la Iglesia hayan criticado las leyes LGTB e incluso de que se hable de “ideología de género”, unos hechos que no se limitan a ciertos obispos, todo hay que decirlo. La crítica a esas leyes se ha hecho también desde una parte de la sociedad civil y de los medios de comunicación (en su página 219 el propio informe de la ILGA cita el famoso libro de HazteOir.org y la Plataforma por las Libertades, dos iniciativas sociales para denunciar los abusos que contienen dichas leyes). Del informe de ILGA se desprende que para poder seguir escalando puestos en ese ranking, España tendría que convertirse en una dictadura LGTB y suprimir la libertad de expresión, para que nadie pudiese mostrar su desacuerdo con la ideología de género. Lo más alarmante es la capacidad de nuestros políticos para pasar por ese aro: el mismo día que se conoció el informe de ILGA, el gobierno reconoció que hay que “trabajar mucho más” para erradicar la homofobia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario