Artículo de El debate de Hoy:
Los llamados ayuntamientos del cambio, aquellos en los que Podemos y sus marcas blancas llegaron al poder, se han convertido en un problema para el crecimiento económico. Las instituciones frenan la expansión empresarial en un momento de impulso favorecido por la salida de la crisis.
Se cumplen ahora dos años desde la celebración de las elecciones locales de 2015, llegando, así, al ecuador del presente mandato municipal, y lo que en principio iba a ser el inicio de un nuevo paradigma en materia económica y presupuestaria con la llegada al poder de los denominados ayuntamientos del cambio por parte de Podemos y sus confluencias se está traduciendo, simplemente, en menor capacidad de crecimiento, inseguridad jurídica, una gestión deficiente y un perverso sectarismo ideológico cuyo desarrollo fractura a la sociedad.
Manuela Carmena en Madrid, Ada Colau en Barcelona, Xulio Ferreiro en A Coruña, Pedro Santisteve en Zaragoza, ‘Kichi’ en Cádiz o Joan Ribó en Valencia, entre otros, fijaron como eje principal de sus respectivas campañas la necesidad de combatir la supuesta “emergencia social” que sufrían numerosas ciudades de España como consecuencia de la crisis, pese a que la economía nacional ya encadenaba por entonces casi dos años de recuperación. Los casos de pobreza extrema, desahucios o malnutrición de niños fueron algunos de los emblemas que emplearon torticera y falazmente los alcaldes del “cambio” para vender sus candidaturas, empleando para ello una burda tergiversación y exageración de datos bajo la vieja, aunque efectiva, fórmula política de que “cuanto peor, mejor”. Sin embargo, lejos de paliar los problemas que tan maniqueamente denunciaron en campaña, estas alcaldías se han caracterizado por frenar la creación de riqueza, al tiempo que han generado problemas de nuevo cuño y una creciente división social.
Ahora Madrid está dispuesto a borrar del mapa todo lo que huela a inversión, Pymes o puestos de trabajo #MadridEattwitter.com/CsMadridCiudad…
Así, excepto el caso de Barcelona, uno de los principales destinos turísticos del mundo, el resto de provincias citadas han registrado una reducción de la tasa de paro inferior a la media nacional durante los dos últimos años. Es evidente que la actual coyuntura de crecimiento y creación de empleo beneficia, en mayor o menor medida, al conjunto del país, pero el problema de fondo es que, siendo estas ciudades importantes focos de actividad económica, la pésima gestión llevada a cabo hasta el momento está frenando de forma muy sustancial su capacidad de desarrollo. Y la mejor prueba de ello son los miles de millones de euros de inversión paralizados o perdidos como consecuencia de la arbitrariedad política de estos consistorios.
Madrid y Barcelona “marcan” el camino
El caso de Madrid es, sin duda, el más llamativo debido a la magnitud de los proyectos bloqueados. Las trabas a la Operación Chamartín vienen de lejos, pero, tras el visto bueno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento para comenzar las obras, es ahora el Ayuntamiento de Carmena el que pone pegas a un proyecto que, según las estimaciones iniciales de los promotores, podría movilizar más de 6.000 millones de euros y unos 120.000 empleos. La ampliación y reconversión de la parte norte de la Castellana no solo ampliaría el actual parque de viviendas y la red de infraestructuras de la ciudad, sino que también mejoraría el tráfico de la capital. Asimismo, la negativa dada al grupo chino Wanda para reformar el Edificio España o desarrollar la Operación Campamento con el fin de crear un gran complejo de ocio habría supuesto la pérdida de otros 4.000 millones de euros y cerca de 34.000 empleos para Madrid. Tan solo el trabajo que sumarían estos tres planes equivaldría a reducir a más de la mitad el número de parados de la capital de España.
El otro ejemplo paradigmático es, sin duda, el de Barcelona, cuyo principal motor económico es el turismo. Nada más llegar al consistorio de la Ciudad Condal, Colau decretó una estricta moratoria hotelera por la cual se paralizaba la construcción de decenas de proyectos que ya estaban en marcha y, posteriormente, aprobó un nuevo plan de alojamientos que limita al máximo la creación de nuevas plazas en el centro. Estas y otras restricciones se han traducido en la pérdida de más de 3.000 millones de euros en inversión y 10.000 puestos de trabajo. Pero si a todo ello se suma, además, la política prohibicionista de Colau en materia de alquileres vacacionales o la subida generalizada de impuestos a la actividad turística, el negativo impacto económico es, sin duda, muy superior. De hecho, la prensa extranjera empieza a identificar Barcelona como un destino poco acogedor e incluso antipático hacia el turista.
Que la clase política, con independencia de su color, determine el modelo de crecimiento que debe imperar en una sociedad ya es muy grave per se, pero si, además, esa ansia planificadora pretende frenar o dañar la principal fuente de riqueza que existe en un territorio, la idea resultante es, simplemente, suicida, puesto que lastrará el bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos. Y todo ello sin contar que Barcelona es, hoy por hoy, la capital europea de los okupas, gracias a la impunidad que les otorga el Ayuntamiento de Colau, lo cual perjudica al mercado del alquiler, deprecia el valor de los inmuebles y genera problemas de convivencia vecinal y seguridad pública.
La gestión presupuestaria, por su parte, tampoco está rindiendo los efectos prometidos, puesto que la subida generalizada de impuestos y el despilfarro de dinero público en proyectos de todo tipo ni siquiera han sido compensados con la provisión de unos mejores servicios municipales. Los atascos y la suciedad en las calles de Madrid o la inseguridad y degradación de la que adolecen ciertas partes de Barcelona son tan solo algunos ejemplos. Una gestión deficiente que, unida al descarado nepotismo de estos ayuntamientos, el troceo de contratos municipales o la asignación de subvenciones a dedo ofrecen un panorama diametralmente opuesto al que vendieron a la opinión pública.
Pese a todo, lo más preocupante del prometido “cambio” local es el sectarismo y el odio con el que gobiernan Podemos y sus grupos afines, tal y como evidencian las polémicas suscitadas durante este período a cuenta de las fiestas navideñas, la celebración de la Semana Santa o la presencia del estamento militar en ciertos foros de formación, entre otros muchos episodios surrealistas, ya que, en última instancia, denota que estos ayuntamientos no pretenden gobernar para todos los ciudadanos, sino para unos pocos, los suyos. El “cambio”, en definitiva, era esto… Menos riqueza económica y mucho más sectarismo político.
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