martes, 6 de junio de 2017

Por el derecho a decidir...de las familias

Javier Jové analiza el derecho a decidir (tan aclamado según interese) en la educación, que si bien pone como referencia a Asturias de lo que está sucediendo, es extensible a tantas otras regiones (como la Comunidad Valenciana).


Las votaciones populares

Últimamente se ha puesto de moda eso del derecho a decidir, es decir, someter a votación popular todo tipo de cuestiones: desde la secesión de una porción de España, hasta el nombre de las calles, pasando por el destino de una parte del presupuesto del ayuntamiento de Gijón.
Pero sin embargo, ese derecho a decidir que se reivindica aplicar colectivamente, se nos niega a título individual y –por ejemplo- se nos niega el derecho a decidir en qué idioma rotular mi establecimiento en Cataluña, el derecho a decidir el horario de apertura de mi tienda e incluso el derecho a decidir el colegio y la educación de nuestros hijos.
Y es precisamente de este derecho a decidir que se nos niega, del que voy a tratar.

Libertad educativa

A día de hoy, en Asturias, las familias tienen serias dificultades para elegir en libertad el colegio al que quieren que asistan sus hijos y totalmente prohibido decidir absolutamente nada de la educación que quieren para ellos.
Todo lo que tiene que ver con la enseñanza de nuestros hijos nos viene impuesto por la Consejería: currículo académico, calendario escolar e incluso las asignaturas optativas.
Pero no contentos con este panorama de imposición a la trágala, el Principado amenaza con suprimir 32 aulas concertadas, lo que conducirá al cierre de varios colegios a corto y medio plazo y la imposibilidad de las familias de ejercer el derecho a decidir sobre el centro escolar de sus hijos.
Estas decisiones arbitrarias suponen una violación flagrante del derecho más básico de los padres: el de decidir sobre la educación de sus hijos.
Unos padres que se encuentran secuestrados por un sistema educativo de corte soviético que les obliga a pagar por una educación que no quieren y del que les impiden descolgarse.
Mucho hemos retrocedido en libertades cuando en pleno siglo XXI tenemos que seguir luchando por la libertad de enseñanza.

Las excusas

Para justificar la decisión se amparan en inexistentes causas demográficas y económicas, pues los colegios concertados cuentan con más solicitudes que plazas y si de dinero hablamos, entonces lo que tendrían que hacer es cerrar aulas en los colegios gubernamentales que cuestan -al Principado y a los asturianos- el doble que los concertados.
Es decir, ni hay motivos demográficos, ni económicos, ni muchísimo menos académicos, dado que los resultados de los alumnos que asisten a los concertados superan -según todos los informes de organismos solventes- en mucho a los de los colegios gubernamentales.
Es más, si usted lleva a sus hijos a un colegio gubernamental, debería saber que tiene hasta el triple de posibilidades de que presente fracaso escolar y no acabe la educación obligatoria.
Si aun así persiste en su intención de llevar a sus hijos a un colegio público, adelante, usted sabrá, pero tendría cierta lógica pedir que pagara esos 3.000 euros al año de más que dicho capricho nos cuesta al resto de asturianos.

Decisiones ideológicas

Estamos, por tanto, ante una decisión basada en estrictos criterios ideológicos y partidistas que no buscan lo mejor para nuestros hijos.
El modelo de concierto educativo actual adolece de muchas carencias, pero al menos otorga un mínimo reducto de libertad.
Lo que tenemos que hacer no es eliminarlo, sino profundizar en su desarrollo para ampliar aun más las opciones de elección de las familias hasta alcanzar el deseado “vale escolar” y hacer realidad el derecho a decidir de los padres, no el derecho de Genero Alonso a decidir por las familias.
Porque el verdadero derecho a decidir es el que tiene cada persona para elegir lo que le parezca y no que otros decidan por nosotros lo que ellos piensan que nos conviene.
Y precisamente es ese derecho a decidir –el de cada cual- el que los políticos nos niegan mientras reconocen el derecho de terceros a imponernos decisiones que sólo a cada uno de nosotros competen, como es el de la educación de nuestros hijos.

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