Antonella Marty analiza la absoluta responsabilidad en la caída de su gobierno y el legado de Salvador Allende en Chile.
El gobierno de Allende es otro de los tristes mitos que intenta blanquear la izquierda, ocultando los hechos y la historia, así como los resultados una vez más de la lacra social, económica e institucional que supone la implantación del socialismo.
Artículo de Panampost:
Por su parte, Salvador Allende también había compartido su indudable aversión frente al Estado de Derecho, en uno de sus últimos discursos públicos (Nodalcultura)
En 1970, Allende llegaba al gobierno de la mano de un ideario marxista-socialista, tras obtener sólo el 36,2 % de los votos contra su opositor en las urnas, que alcanzó un 34,9 %. Meses después -y al no haber segunda vuelta-, el Parlamento escogería a Allende para la presidencia de la nación, bajo la condición de que firmase y respetase el Estatuto de Garantías Democráticas, algo que, como nos muestra la historia de Chile, jamás cumplió.
Luego de rubricar el documento con su firma de puño y letra, Allende reconoció que el acto se había tratado de una simple estrategia para llegar al poder, e implementar su programa comunista de gobierno.
El escritor Carlos Sabino supo presentar algunos números, y nos muestra cómo Salvador Allende había producido una polarización política que socavó el orden institucional de su país y dejó la economía chilena en ruinas: “La producción presentaba un descenso del 6 %, el déficit fiscal se aproximaba al 30 % del producto total del país, la inflación superaba con creces el 400 % anual y el país, prácticamente, carecía de reservas internacionales; las confiscaciones y el rígido control socialista, en un clima de creciente enfrentamiento político y social, habían hecho colapsar prácticamente todo el sistema productivo del país”.
De este modo, y como lo explica José Piñera, economista creador del sistema privado de pensiones en Chile, la misma institución que lo llevó al poder decidió removerlo, tras registrarse sus numerosos atropellos contra la Constitución del país. Un mes antes de su caída, la Cámara de Diputados firmaría un acuerdo para remover al jefe de Estado, respaldado por el accionar de las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre. Este convenio fue, en ese entonces, aprobado por 81 diputados de la Cámara, esto es, aproximadamente dos tercios de la misma.
Bien lo explica Piñera en su ensayo “Una casa dividida: cómo la violencia política destruyó la democracia en Chile” (2006), al recordar que el miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para ‘analizar la situación política y legal que afecta al país’. Al iniciarse la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y declaró aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación. A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
Al día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló así a todo lo ancho de la página: ‘Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: El Gobierno ha quebrantado gravemente la Constitución’. El Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados (63,3 %), acusaba al gobierno del presidente Allende de veinte violaciones concretas a la Constitución: amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, silenciar a la prensa, manipular la educación con doctrina, limitar la posibilidad de los ciudadanos de salir del país, confiscar la propiedad privada, violar las atribuciones del Poder Judicial y el Congreso, con el objetivo de aplicar su dictadura comunista en Chile.
José Piñera se preguntó cómo es posible que un presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la misma Constitución y las mismas leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República. ¿Por qué un gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución? Su respuesta fue la siguiente: “Una revolución comunista-socialista, que busca establecer lo que su misma doctrina ha denominado “la dictadura del proletariado”, por definición no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley de una República democrática”.
Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente democrático de un país obteniendo el 36,2 % de la votación, contando con la aceptación de un Congreso cuando a este le corresponde la elección final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para abolir la democracia y establecer un sistema totalitario.
Durante los gobiernos previos al gobierno de Allende (Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva), se dio inicio a una serie de medidas que luego serían completadas al extremo bajo su mandato, en este caso, expropiaciones (hoy reconocida medida de ciertos gobiernos populistas latinoamericanos). Comenzado el desgaste del derecho de propiedad, se multiplicaron las dudas respecto del tiempo de vida remanente para el Estado de Derecho.
Antes que ser glorificado por sus intentos de imponer un régimen al estilo cubano, Salvador Allende quizás debiera ser recordado como un ferviente portador de arbitrariedad y promotor de graves atropellos contra la Constitución chilena de aquel entonces. Durante su presidencia, la nación recobró la senda de la miseria social -aspecto que difícilmente pudo ayudar al crecimiento económico registrado por Chile en décadas posteriores-, en tanto se computaron avances en contra de la prensa libre y la propiedad privada, se incrementó el respaldo en favor del extremista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y el gobierno se comprometió con la agenda y estatutos de la OLAS -espectro a cargo de extender el ideario de la revolución comunista en la región-.
Las huelgas se volvieron moneda corriente, la inflación se disparó en cifras lindantes con el 350 % anual, idéntico despliegue acusó la emisión monetaria, y las industrias se acercaron al desplome. Abundaron controles de precio y su lógico subproducto, esto es, el desabastecimiento. En definitiva, Allende consolidó un programa económico que asistió en la destrucción de la nación, tanto a nivel socio-económico como institucional.
En septiembre de 1973, la revista británica The Economist escribió respecto del fin del mandato de Salvador Allende: “La batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quién tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales”.
Por su parte, Salvador Allende también había compartido su indudable aversión frente al Estado de Derecho en uno de sus últimos discursos públicos: “En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia“.
Los socialistas suelen atacar fuertemente el imperialismo y el intervencionismo norteamericano, sin embargo poco hablan de las estrategias del ya fallecido Fidel Castro, quien llevó a cabo una detallada intervención ideológica y monetaria a lo largo de América Latina para difundir las bases de la tan fracasada Revolución: Castro llegó a tierras chilenas el 10 de noviembre de 1971 y las dejó el 2 de diciembre del mismo año. Durante su visita, extendida por tres semanas, se encargó de regar las semillas revolucionarias que habían sido plantadas por Allende, entregándole a su gobierno todo tipo de ideas de inteligencia y métodos revolucionarios.
Su mandato terminó el 11 de septiembre de 1973, al igual que su vida: esa misma tarde, Salvador Allende tomó el fusil de asalto AK-47 que le había regalado Fidel Castro y que llevaba una placa grabada que decía “A Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro”. Allende lo colocó bajo su mentón y se suicidó, sin ser juzgado y sin asumir que él fue el único responsable de la caída de su propio gobierno, en el preciso momento en que se declaró en contra y en rebelión de la mismísima Constitución de la República que había prometido defender.
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