¿Educación separada por sexos?

Adrià Pérez sobre la libertad educativa al respecto de la decisión del Supremo sobre la educación separada por sexos. 

Artículo de Voz Pópuli: 

¿Educación separada por sexos? EFE

Las manifestaciones y reivindicaciones de los taxistas no es el único acontecimiento que en estos últimos días ha podido motivar debates que en el fondo apelan directamente al modelo de sociedad que queremos. También en el sector de la educación se ha producido un interesante episodio, el contencioso que sostenía la Junta de Andalucía con una escuela concertada que segrega por sexos, que ha planteado interesantes cuestiones éticas, pedagógicas, legales y políticas que de tanto en tanto, más últimamente que en el pasado, nos obliga a tener que elegir entre ofrecernos mayores dosis de libertad y voluntariedad, o más intervencionismo e ingeniería social de arriba a abajo más propia de siglo XX.

En este caso, y aunque se esté a la espera de la resolución del Constitucional, el Supremo ha fallado a favor de la escuela a la que se le había retirado el concierto bajo la premisa, principalmente, de que discrimina por razón de sexo, y ha rechazado el que exista tal discriminación. El derecho a la igualdad no se vería conculcado porque lo que resumidamente viene a concluir el Tribunal en esta sentencia, y en anteriores, es que la escuela agrupa a niños y niñas por separado pero les ofrece igualmente un servicio educativo "equivalente".

¿Sin embargo, es posible ofrecer un servicio equivalente cuando se segrega por razón de sexo (no entraremos en la cuestión del género por cuestiones de espacio)? ¿Por qué aplicar ese modelo de agrupación de niños si se va a ofrecer el mismo servicio educativo? Sin entrar en definiciones más o menos barrocas de "equivalente", sí resulta interesante resaltar esa contradicción entre "igualdad" y un torpe modelo educativo que dice ser diferenciado. No sólo porque separar a niños y niñas no puede ser más artificial, irreal y contrario al mundo y a las relaciones entre los seres humanos, sino porque, precisamente, una educación diferenciada que merezca tal nombre no hace una sóla diferenciación, sino que concibe a cada niño de manera única y, por consiguiente, le ofrece un servicio personalizado. Apreciar la diferencia existente es el presupuesto para la personalización.

De ahí que no sólo no debería existir la manida igualdad en la educación sino que éste servicio debería ser diferente, desigual y adaptarse a cómo es cada niño para potenciar sus fortalezas y fortalecer sus debilidades. Clamar contra la desigualdad en este tipo de escuelas es tan poco exigente como no denunciar que a todos los niños se les aplique, en general, los mismos ritmos, baremos, maneras y formas de aprendizaje, sin tener en cuenta cómo son y ofreciéndoles un sistema educativo fabril que apenas ha evolucionado desde el siglo XIX.

Con todo, buscar la ilegalización, la denuncia o la restricción de este tipo de escuelas termina por ser contraproducente. La tolerancia de opciones educativas diversas, aunque no sean nuestras preferidas, favorece que el ecosistema educativo sea rico y dinámico, y esté en disposición de proveer la oferta educativa que requieren sus demandantes; y que, en general, el servicio se mejore y por ello se beneficien nuestros hijos. Si no aceptamos y apreciamos la diferencia y la variedad, ¿cómo vamos a ofrecer una educación personalizada a nuestros hijos?

Esa variedad de centros educativos también debería caber en el sistema público. Cuestión aparte es que la situación ideal fuera la de no subvencionar a las escuelas, para que compitan y ofrezcan el servicio que desean los padres, y sin olvidar evitar caer en la injusticia que hoy en día se inflige a los padres que quieren educar a sus hijos en escuelas privadas y deben pagar también por las públicas. ¿Dónde está ahí la equidad tantas veces demandada?

Pero, sin llegar a este ideal de libertad educativa, el Supremo por de pronto también ha logrado ampliar el actual grado de elección de escuela por parte de los padres dentro del sistema público. Aunque sea un sistema estatal, mayor variedad de escuelas (concertadas) favorece e incentiva que a la larga los padres tengan mayor poder de decisión en la educación de sus hijos y sean más exigentes con el sector educativo público y privado.

Es ante estas cuestiones cuando una sociedad se examina a sí misma. Si se prohibiera o restringiera un modelo educativo que no gusta o es impopular ante la mayoría se estaría cercenando el principio moral de la autonomía parental, según el cual son los padres quienes tienen derecho a educar a sus hijos sin intervenciones ajenas (de hecho, según recoge la sentencia del TSJ de Andalucía, el centro educativo tenía lista de espera de padres interesados en escolarizar allí a sus hijos).

Y es, en definitiva, en casos de duda cuando deberíamos decantarnos por la libertad y no por la prohibición. Si el principio de libertad por defecto fuera el predominante entre la opinión pública, muchos conflictos que están surgiendo, fruto de las innovaciones y del avance técnico y del conocimiento, serían más fáciles de resolver.