miércoles, 21 de junio de 2017

Cese de forma inmediata

Juan Rallo analiza la cuestión de la imputación de los concejales de Ahora Madrid (Podemos) y la cuestión de la exigida dimisión según su propio código ético, reflexionando sobre cuatro cuestiones relacionadas muy pertinentes. 

Artículo de El Confidencial:
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Partamos de tres premisas difícilmente contestables. La primera es que cualquier acto criminal —también la corrupción— puede combatirse por medios ilícitos: el allanamiento de morada, la intervención de las comunicaciones sin orden judicial o la malversación de fondos públicos constituyen ilícitos penales aun cuando su autor los emplee para lo que él cree una buena causa. La segunda es que el artículo 1.4 del Código Ético de Ahora Madrid reza lo siguiente: “Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas”. La tercera es que los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer acaban de ser imputados por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.
La conclusión debería ser igualmente inapelable: Sánchez Mato y Mayer deben cesar de sus cargos de forma inmediata o, en caso contrario, Ahora Madrid estará transgrediendo su Código Ético. De nada sirve buscar la excepción justificativa de que ambos concejales se saltaron (presuntamente) la ley para promover algo así como el 'interés general' (a saber, destapar la presunta corrupción del Open de Tenis malversando los fondos de la empresa municipal Madrid Destino). Del mismo modo que consideraríamos insostenible la posición de un político que fuera imputado por haber ordenado escuchas ilegales contra algún miembro de la oposición —por muchas sospechas de corrupción que pesaran sobre ese miembro de la oposición—, tampoco cabe considerar sostenible la posición de aquellos políticos que malversen caudales públicos aunque sea para luchar contra la corrupción.
El fondo del caso no debería admitir mayor polémica: de las premisas de imputación se sigue necesariamente la conclusión en forma de cese. Lo que sí permite el caso, por el contrario, es reflexionar sobre cuatro cuestiones que lo rodean y sobre las que suele colocarse el foco en muchas menos ocasiones de las necesarias.
Primero, las posibilidades de corrupción se maximizan con el tamaño de la Administración pública: 'ceteris paribus', el gobernante que controla una mayor cantidad de medios políticos también disfruta de muy variadas opciones para corromperse. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, de no haber existido la empresa pública Madrid Destino, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no habrían podido malversar (presuntamente) sus fondos. Puede que hubiesen encontrado otros mecanismos para alcanzar idénticos objetivos, pero habrían sido mecanismos menos apropiados que echar mano de Madrid Destino: cuanto menor sea el poder de los políticos, menores posibilidades tendrán para abusar de ese poder.
Segundo, la única forma de corrupción no es la que busca el enriquecimiento ilícito, sino más en general la que utiliza el aparato estatal para la promoción ilícita de fines personales: podría suceder, por ejemplo, que un político no tuviera ningún interés en enriquecerse, pero sí en perpetuarse en el poder, y que para ello se mostrara dispuesto a trasgredir el Código Penal. ¿Sería por ello menos corrupto? No: al cabo, no todos los individuos ambicionan alcanzar un determinado estatus económico, sino que pueden aspirar a lograr un determinado estatus político o social, o incluso a hacer avanzar una determinada ideología con la que se identifican. No es menos malo aquel corrupto que guarda el voto de pobreza pero que maniobra ilegalmente para instalarse en el poder que aquel otro corrupto que entra fugazmente en la vida pública solo para enriquecerse.
Tercero, la lucha contra todas las tipologías de corrupción se ha convertido en un arma esencialmente política. Por un lado, nuestros gobernantes —no solo en Podemos o IU, también en el PP o Ciudadanos— suscriben altisonantes compromisos éticos contra la corrupción como estrategia de señalización electoral (“votadme, que soy muy honrado”): no se oponen a la corrupción porque detesten todas las modalidades de la misma, sino porque esa oposición constituye un seductor reclamo para el votante. Por otro, nuestros gobernantes persiguen la corrupción primordialmente para arrinconar a sus rivales: no como una forma de regenerar las instituciones, sino de alcanzar el poder desacreditando y forzando la dimisión de sus adversarios. Por eso el PP reclama el cese inmediato de los dos concejales de Ahora Madrid pero, en cambio, se resistió con uñas y dientes al cese de Pedro Antonio Sánchez por hallarse exactamente en la misma situación procesal; por eso Ahora Madrid está echando de momento balones fuera con respecto a la imputación de Sánchez Mato y Mayer, pese a haberse colgado todas las medallas de persecución sin cuartel de la corrupción.
Y cuarto, estar imputado no equivale a ser culpable. De hecho, es perfectamente factible que los imputados de hoy sean los desimputados de mañana. En tal caso, ¿no resulta excesivo exigir el cese de quien todavía no ha sido condenado? Las cautelas son completamente razonables, pero han sido los propios partidos políticos —empezando por Podemos y terminando por el Partido Popular— quienes han elevado, por motivos electoralistas, los estándares de apariencia de honestidad hasta el punto de exigir la dimisión de aquellos que han sido únicamente imputados. Ahora, habiendo suscrito códigos éticos diversos en los que asumen tal obligación, no cabe dar marcha atrás en función de los intereses en liza: 'pacta sunt servanda'. Si reinterpretamos los códigos éticos de acuerdo con quienes sean los beneficiados o perjudicados, tales códigos éticos se vuelven mero papel mojado.
De hecho, en principio tampoco debería constituir un drama que un alto cargo fuera apartado temporalmente de sus responsabilidades mientras se dilucidara su situación procesal: Sánchez Mato y Mayer podrían cesar 'ipso facto' y si en los próximos meses fueran desimputados, bastaría con que se reincorporaran a sus puestos. Una especie de una baja temporal por imputación. ¿Por qué esa solución no resulta realista? Pues porque, como decíamos, la corrupción se ha convertido en un arma política, pero no solo para aniquilar a los rivales de otras formaciones políticas, sino también para acabar con los enemigos de la propia formación política. El río revuelto de la imputación permite, por ejemplo, que Carmena se libre de dos concejales incómodos en sus planes de gobierno; y también permite que otros camaradas que sueñan con ocupar las concejalías de Hacienda o Cultura se apropien de ellas. ¿Alguien cree que, removidos de su cargo y entregado este a otros políticos sedientos de poder, serán capaces de reincorporarse sin fricciones cuando lo deseen? Altamente improbable. Por eso los imputados se resisten a dimitir: porque saben que sus queridísimos compañeros de coalición están deseosos de sacar tajada política con el pretexto de su lucha contra la corrupción.
En suma, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer deben dimitir: han sido imputados por malversación de fondos públicos y su compromiso era justamente el de dimitir ante tal escenario. Que ambos concejales puedan ser inocentes o que no hayan buscado enriquecerse personalmente no constituyen excusas válidas para saltarse su código ético: fueron ellos quienes asumieron un estándar de honestidad tan estricto con el obvio propósito de maximizar sus votos. Ahora toca apechugar con ello: el Saturno de la instrumentación política de la corrupción termina devorando a sus hijos.

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