Juan R. Rallo analiza desde otra perspectiva (más allá de la cuestión de la patria potestad) que no está siendo considerada la cuestión de la reeducación obligatoria por parte del Estado a los menores.
En este caso se analiza la cuestión en relación con menores con suficiente madurez (pero menores de edad, pero a los que se les reconoce un elevado grado de madurez en la toma de distintas decisiones importantes), ante la aceptación acrítica del derecho casi ilimitado que se arroga el Estado a educar y decidir cómo educar a los menores.
Esta reflexión viene a cuento de añadir una tercera opción (aparte de si tiene que decidir el Estado o los padres, que sea el menor el que tenga criterio para decidir con ciertas edades en las que es maduro para decidir sobre ciertas cuestiones independientemente de lo que digan padres o Estado).
Y es importante el análisis de este punto, porque cuando se dice (como Celaá) que es un derecho acudir a dichos cursos (argumento que ya se analizó en otro artículo), se pretende concluir que el menor tiene la obligación también. Pero se tendrá el derecho a asistir y el derecho a no asistir. Y lo que Celaá defiende es la obligación de acudir visitiéndola de un derecho. Y esta es la conclusión que comparten desgraciadamente los que están utilizando este argumento.
Y como bien dice, este es un debate crucial y distinto del anterior (no se debate quién tiene la patria potestad sobre los menores, aunque obviamente quien la debe tener son los padres, no el Estado), sino que "se debate si una persona con suficiente capacidad de obrar puede objetar su asistencia a unos cursos a los que no quiere asistir. Es decir si hay que respetar la libertad de elección de una persona que si bien no es adulta, en este aspecto tiene una capacidad de obrar similar a la de un adulto. Porque si decimos que los menores no tienen libertad de negarse a acudir a un curso que les imponga el Estado pese a su similar capacidad de obrar a la de un adulto, qué argumento existirá para justificar que los adultos puedan negarse a acudir a cursos de reeducación estatal.
Es decir que si perdemos la batalla de si existe libertad de conciencia e ideológica para con los menores, la estamos perdiendo también para con los adultos (y esto es independientemente del contenido de los cursos y por muy bientencionados que pudieran ser). Pues le estamos dando así un poder gigantesco y peligrosísimo para aplastar nuestras libertades.
Y como dice, "algunos pueden justificarlo si dicha reeducación tiene buenas intenciones, pero una vez abres el melón de que el Estado pueda imponer el diseñar los cursos por los que todo el mundo tiene que pasar obligatoriamente, es obvio que el Estado va a intentar utilizar esos cursos para intentar consolidar su poder sobre la población. Va a utilizar esos cursos de asistencia obligatoria para adoctrinar a los ciudadanos y perpetuar sus prerrogativas sobre la sociedad, y eso es algo que hay que combatir con todas nuestras fuerzas".
"¿Pueden los menores, una vez alcancen una madurez suficiente, pueden negarse a ser reeducados por el Estado?"
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