Y ciertamente, no es ninguna broma...
Y es que el coste de la medida no es solo lo que cuesta en 2020 (cerca de 1.400 millones de €), sino el incremento de dicho sobrecoste arrastrado en los años venideros (dicha subida implica pagar mucho más también en años venideros).
Así, el coste de aumentar un 0,25% anual (medida hasta ahora mientras no se equilibren ingresos y gastos) implica un incremento del coste de las pensiones de alrededor de 7.000 millones € (tomando el número de pensionistas actuales -pues dicha revalorización solo afecta a los actuales, no a los futuros pensionistas- y la esperanza de vida tras la jubilación (toma de referencia 18 años, en función de la edad actual de los pensionistas, la esperanza de vida de las personas mayores de 65 años -87 años para las personas que superan los 65 años, considerando además que la esperanza de vida sigue incrementándose).
En cualquier caso, el coste de revalorizar las pensiones un 0,25% cada año implica como hemos dicho algo más de 7.000 millones mientras que el coste de la medida adoptada, es decir, subir en 2020 el 0,9% las pensiones (y manteniendo el 0,25% el resto de años) supondría por el efecto acumulativo alrededor de 26.000 millones. Y nótese aquí también que esto sería de mantener el resto de años el 0,25%, que dado el electoralismo atroz de los políticos y la fuerza electoral de los pensionistas actuales, es de suponer que pretendan subirlo más el resto de la legislatura (a costa de sangrantes esfuerzos de los trabajadores de años venideros y de los futuros pensionistas -trabajadores de hoy-).
Es decir el sobre coste de la medida del gobierno supone un sobre coste neto de 19.500 millones de €. O de 21.500 millones si consideramos una inflación promedio del 1,5% (a la que se indexará el gasto de las pensiones).
Pero además hay que tener en cuenta que dicha cifra no recoge adecuadamente el valor actual de los flujos de dinero futuro. Para ello hay que descontar el efecto de valores futuros en valores presentes, y considerando un tipo de interés del 2%, implicaría un sobre coste neto de 16.000-18200 millones, que tendrán que pagar los trabajadores españoles.
Tomando a su vez una población en edad de trabajar de 20 millones de personas (que trabajadores hay menos, por lo que el esfuerzo real de los que trabajan será mayor), el coste actual por trabajador será de 800-900 € por persona ocupada.
O dicho de otra manera, como bien expone, en términos medios, el capricho electoral de Sánchez, equivale a un impuesto hoy (es como si mañana nos quitan a cada trabajador) de 800-900€. Ese dinero necesario sumado para pagar la diferencia del 0,9% al 0,25%.
Esta irresponsabilidad electoral, implica que el coste será astronómico, y los recortes futuros de las pensiones llegarán y serán igualmente contundentes, aún subiendo más y más impuestos a los trabajadores (ya de por sí expoliados por el estado).
Y esto solo es la cuestión de las pensiones. Suma y sigue a todo lo que están diciendo de subir el gasto...
Incluyo el artículo donde desarrolla el contenido del vídeo:
Artículo de El Confidencial:
El Gobierno PSOE-Podemos utilizó el Consejo de Ministros del pasado martes para incrementar las pensiones en un 0,9% (una décima por encima del IPC) frente al límite del 0,25% impuesto por el índice de revalorización de las pensiones. En principio, se nos ha dicho que la medida supondrá un desembolso aproximado de 1.400 millones de euros y dado que, si hubiésemos revalorizado las pensiones al 0,25%, el gasto se habría acrecentado en 400 millones de euros, cabría considerar que su sobrecoste real será de 1.000 millones de euros: cuantía que aparentemente resulta asumible para las arcas públicas.
Sucede que esos 1.000 millones euros son únicamente el sobrecoste en el que incurriremos en 2020. Pero, obviamente, esos 1.000 millones de euros tendrán que volver a abonarse año tras año a partir de 2020 y, además, de manera acrecentada: a saber, en 2021, esos 1.000 millones de gasto adicional se revalorizarán nuevamente al IPC o, si se mantiene la reforma de 2013 en vigor, al 0,25%, y en 2022, esos 1.000 millones revalorizados al IPC de 2021 o al 0,25% deberán volver a incrementarse según el IPC de 2022 o al 0,25%. Por consiguiente, el sobrecoste de aumentar las pensiones de 2020 un 0,9% no son solo 1.000 millones de euros —puesto que ese nuevo gasto se consolida (revalorizadamente) año tras año en el sistema— sino la suma de todos los desembolsos futuros adicionales a los que el Gobierno se comprometió el pasado martes.
Siendo así, ¿cuál será el sobregasto acumulado durante los próximos años? De entrada, recordemos que este sobregasto anual es únicamente imputable a los pensionistas actuales: los pensionistas que entren en el sistema a partir de 2021 cobrarán las pensiones que les correspondan según su base reguladora, al margen de si en 2020 se han revalorizado o no los ingresos de los pensionistas presentes. Por consiguiente, a todos los efectos, la operación equivale a que el Estado se ha comprometido a pagar 1.000 millones de euros más al año (indexados al IPC o a un 0,25%) a los pensionistas actuales: conforme estos se vayan dando de baja del sistema, ese compromiso se irá extinguiendo (aquí puede consultarse una metodología similar a la expuesta).
Así pues, ¿cuántos años, como media, tendrá que honrar el Estado ese compromiso? La edad media actual del conjunto de pensionistas es de 72 años y la esperanza de vida una vez superados los 65 años se ubica en 87 años. Dado el previsible incremento de la esperanza de vida que se seguirá produciendo a lo largo de la próxima década, podemos considerar que tales pagos se seguirán produciendo durante 18 años: esto es, el Estado asumió este martes el compromiso de abonar 1.000 millones de euros anuales (revalorizados al IPC o al 0,25%) a los pensionistas actuales durante 18 años. En tal caso, el sobregasto acumulado a lo largo de todo ese periodo oscilará entre 19.500 millones de euros (si sucesivamente se revalorizan esos 1.000 millones de euros al 0,25% anual) y 21.800 millones de euros (si sucesivamente se revalorizan las pensiones al IPC y tomamos un valor medio de la inflación del 1,5% al año).
Ahora bien, dado que se trata de gastos futuros y no de gastos presentes, debemos descontar esas cifras a su equivalente actual: de este modo, si suponemos un tipo de interés del 2% a modo de factor de descuento, tendremos que el sobrecoste presente de haber revalorizado las pensiones de 2020 un 0,9% (en lugar de un 0,25%) oscilará entre unos 16.000 millones de euros (si sucesivamente se revalorizan al 0,25%) y 18.200 millones de euros (si sucesivamente se revalorizan las pensiones al IPC y tomamos un valor medio de la inflación del 1,5% al año).
Nótese que un sobrecoste presente de entre 16.000 y 18.200 millones de euros equivale, para una población ocupada de 20 millones de trabajadores, a un sobrecoste por persona de entre 800 y 900 euros. Expresado de otra forma, haber incrementado las pensiones de 2020 un 0,9% equivaldría a sustraer hoy (vía cotizaciones sociales) una media de entre 800 y 900 euros por trabajador para sufragar ese compromiso de nuevo gasto. Eso es lo que realmente nos cuesta la medida que ha tomado Sánchez esta semana y no los 1.400 millones de euros que ha aireado el Gobierno.
Evidentemente, no parece demasiado sostenible sobrecargar año tras año a los trabajadores con este tipo de losas financieras, de modo que, si se pretenden reindexar las pensiones al IPC, a medio plazo avanzaremos a la reforma que planteó Escrivá mientras ocupaba la presidencia de la AIReF: reindexarlas a costa de recortar el número y la cuantía de las pensiones futuras. Solidaridad intergeneracional, lo llaman.
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