Elentir expone lo que precedió al adoctrinamiento actual de menores y hasta dónde es capaz de llegar el PSOE con sus experimentos de ingeniería social.
Artículo de Contando Estrelas:
La polémica en España sobre el adoctrinamiento ideológico y sexual en las escuelas incluso a niños muy pequeños tuvo hace 25 años un precedente igual de alarmante y escandaloso.
Delincuentes sexuales se beneficiaron de una reforma introducida por el PSOE en 1995
En 1995 tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate para la elaboración de un nuevo Código Penal. El anterior databa de 1973 y había registrado diversas modificaciones en 1978 y en años siguientes. Ese Código Penal tipificaba el delito de corrupción de menores. El Código Penal de 1995, aprobado por el PSOE, suprimió el delito de corrupción de menores en su Capítulo V. Entró en vigor el 25 de mayo de 1996, e inmediatamente empezaron los problemas:
- Según informó Abc el 20 de octubre de 1996, dos estudiantes a los que la Policía les incautó 4.000 archivos con imágenes de pornografía infantil, incluyendo imágenes de sodomía y masoquismo con niños, algunas de ellas «escalofriantes», según el juez, quedaron en libertad porque el nuevo Código Penal dejaba impunes esas conductas.
- El 26 de noviembre de 1996, El País titulaba: «El nuevo Código Penal impide juzgar al padre de una joven que abusó de ella durante 9 años». Según el diario socialista, «el nuevo Código Penal español deja su caso en el limbo. Al pasar más de cinco años entre la omisión y la denuncia, el posible delito ha prescrito. En Europa se endurecen las leyes sobre abuso contra niños, abriendo, por ejemplo, el plazo de prescripción a partir de la mayoría de edad de la víctima. En España hay un vacío que puede favorecer al delincuente».
- El 29 de septiembre de 1997, El País señalaba las consecuencias del nuevo Código Penal en el ‘Caso Arny’, en el que 49 acusados -entre ellos algunos famosos- se enfrentaban a una petición de 629 años de cárcel por prostitución y corrupción de menores en un bar gay: «el nuevo Código Penal ha eliminado la figura de la corrupción de menores», señalaba el diario socialista. El 1 de agosto de 1996 Abc informó que la asociación que ejercía la acusación popular no pudo acusar a los clientes del bar al verse beneficiados por el nuevo Código Penal, que había despenalizado la corrupción de menores. Finalmente, sólo 2 acusados fueron a prisión.
- El 1 de febrero de 1998, el Tribunal Supremo absolvió a cinco condenados por mantener relaciones con prostitutas de entre 15 y 17 años, al considerar que no atentaron contra su libertad sexual. Los acusados habían sido condenados en julio de 1996 a penas de entre tres y un año de cárcel, penas que habrían sido mayores con el anterior Código Penal.
El diario El País ya adelantó en 1996 los efectos de esa reforma en la educación
Viendo los estragos que estaba haciendo esa despenalización de la corrupición de menores por parte del PSOE, en octubre de 1996 el PP pidió que volviese a ser tipificada como delito, «ya que en su actual redacción sólo se castigan de forma individualizada los delitos relativos a la prostitución, así como que se penalice al que por cualquier medio vendiere, difundiere, exhibiere o facilitare la difusión, venta o exhibición de materiales pornográficos, cuando en ellos aparezcan menores». El 28 de noviembre de 1996 el diario socialista El País publicaba una tribuna criticando la propuesta del PP y apuntando la posible influencia que tendría esa penalización en el terreno educativo, pues consideraba que el PP pretendía «restaurar su tradicional función de guardián de la ortodoxia en materia de moral sexual, y que ha permitido meter en la cárcel a quienes se han arriesgado a proponer métodos de educación sexual o promover patrones de comportamiento sexual distintos de los mayoritarios». Entonces hablaban simplemente de «proponer»: ahora han pasado a imponerlos.
El PSOE consideró «moral sexual conservadora» el penalizar la corrupción de menores
Ante la propuesta del PP para volver a tipificar como delito la corrupción de menores, el PSOE acusó al PP de «imponer la moral sexual conservadora». Es decir, que el PSOE identificaba la corrupción de menores con la moral sexual progresista… En diciembre de 1998 la corrupción de menores volvió a ser tipificada como delito. La nueva redacción del Artículo 187 condenaba a pena de prisión de uno a tres años al que «produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido». También castigaba al que haga «participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste», con la pena de prisión de seis meses a un año.
En una muestra del radicalismo del PSOE en esta cuestión, Izquierda Unida votó a favor, y el PSOE se abstuvo. El diario El País señaló que según el PSOE «tanto la corrupción de menores como la indemnidad carecen de definición jurídica, son confusos e introducen conceptos morales en el Código Penal». Una crítica absurda, ya que toda ley penal tiene una dimensión moral incuestionable, ya que establece lo que está bien y lo que está mal a efectos legales.
El final de un experimento del PSOE y el comienzo del siguiente
En el año 2003, todavía con el PP en el gobierno, se modificó el tipo penal de la corrupción de menores, trasladándolo del Artículo 187 al 189 y ampliando las penas para determinados casos. Cuando el PSOE modificó estos artículos en 2010 no se atrevió a eliminar los delitos que 15 años antes había despenalizado, ante la alarma que estaba causando la difusión de la pornografía infantil en Internet. La despenalización de la corrupción de menores fue un ejemplo de hasta qué punto es capaz de llegar el PSOE con sus experimentos de ingeniería social, sin importar las consecuencias que puedan acarrear. Sin embargo, 25 años después de aquello el PSOE vuelve a las andadas con un nuevo experimento ideológico, que consiste en imponer el adoctrinamiento sexual en las escuelas a edades muy tempranas, contra el consentimiento de los padres y violando el derecho amparado por el Artículo 27.3 de nuestra Constitución y expropiando los niños a sus padres para convertirlos en propiedad del Estado, igual que hizo el nacional-socialismo.
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