Javier G. Jorrín informa sobre la nueva alza del salario mínimo y el impacto que tendrá sobre el incremento de impuestos para las empresas (al subir las bases de cotización y el pago a la Seguridad Social), que se suma al aumento del coste salarial y quiénes son los grupos más afectados por la subida (obviamente, las pymes y autónomos con asalariados a cargo, cuya productividad y rentabilidad es menor, lo que puede incidir negativamente en el empleo supervivencia de empresas), generando mayor desigualdad y beneficio relativo para las grandes empresas (que pagan mucho mayores salarios y no se ven afectados por estas subidas prácticamente).
Artículo de El Confidencial:
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)
El Gobierno consiguió cerrar el miércoles la negociación abierta sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2020 con un incremento del 5,56%, hasta 950 euros al mes en 14 pagas. Esta alza empujará a su vez la base mínima de cotización a la Seguridad Social del Régimen General, que siempre se ha prorrateado a 12 mensualidades del SMI. El Ministerio de Seguridad Social confirma que también respetará este equilibrio en 2020, de modo que la base mínima subirá este año a 1.108 euros.
Esto supone un aumento de 58 euros al mes en las bases de cotización, cuantía sobre la que posteriormente hay que aplicar el porcentaje correspondiente de la cuota a la Seguridad Social. Con esta medida, se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en línea con el nuevo salario mínimo y así mejoran también los ingresos del sistema. Aunque el Gobierno todavía no tiene elaborado un cálculo de la recaudación que logrará con esta medida, superará claramente los 180 millones de euros.
En 2019, la subida de la base mínima, que fue de 164 euros, se estimó en 600 millones de euros de recaudación adicional (todavía no hay cifras concretas de cierre del ejercicio). Si se traslada en la misma proporción a 2020, los ingresos aumentarían en 181 millones de euros. Pero si se tiene en cuenta que el número de trabajadores afectados este año será superior (más de dos millones de asalariados, según la estimación preliminar del ministerio), porque el SMI es cada vez más alto, entonces es previsible que la recaudación adicional se sitúe por encima de los 200 millones de euros.
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La subida de la base mínima de cotización y del salario mínimo afectará principalmente a las pymes, en especial las de menor tamaño, y a los autónomos con asalariados. Es este sector de la actividad privada el que concentra la pobreza laboral, ya que sus bajos niveles de productividad y rentabilidad provocan que sus empleos sean también precarios. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 58% de los asalariados que al final de año no alcanzan un salario de 750 euros al mes trabaja en empresas de menos de 10 empleados.
El presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, Gerardo Cuerva, lamentó la subida del salario mínimo tras alcanzar el acuerdo. “Para las pymes no es un buen acuerdo, pero es menos malo que subir el SMI hasta 1.000 euros”, señaló Cuerva. “Le pido al ministerio que tenga en cuenta a la empresa, no entiendo velar por los trabajadores si no se vela también por la empresa”. En términos similares se pronunció Lorenzo Amor, presidente de ATA. En su opinión, esta subida es “el daño menos malo que se podía encontrar” para los autónomos, pero esta subida “no les gusta”.
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La reforma laboral
Una vez solucionada la subida del SMI de 2020, la mesa tripartita tendrá que empezar a negociar la contrarreforma laboral. Díaz se reafirmó en su intención de derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este “desmonte” se hará en dos fases, pero irá “muy rápido”.
La primera fase consistirá en la derogación de los aspectos que figuran en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. Esto es, se recuperará la ultraactividad de los convenios vencidos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. También se modificará el artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido objetivo por absentismo laboral justificado. Este último punto comenzará a negociarse en los próximos días, con el objetivo de que esté listo lo antes posible para evitar más despidos por esta norma.
En la segunda fase, se tratarán “los elementos más complejos”, como son “la causalidad de la contratación, las modificaciones sustanciales de los convenios, los despidos...”, explicó la ministra. “Estos aspectos requieren un tempo diferente, pero también les digo que vamos a correr”, zanjó.
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