Diego Sánchez de la Cruz se hace eco del reciente informe de Cepyme (representante de las pequeñas empresa) sobre las consecuencias de subir el salario mínimo a 1000€ como propone el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).
Consecuencias, que por supuesto, los políticos, en su torre de marfil y realidad paralela no sufren, al vivir del dinero ajeno quitado a la fuerza a los contribuyentes.
Artículo de Libre Mercado:
Subir el SMI elevará más aún el paro | Alamy
A lo largo del año 2020, España ha perdido 68.000 empresas. Las cifras de la Seguridad Social certifican, además, que el 99% de estas mercantiles tenían menos de 50 trabajadores. Resulta evidente, pues, que la pandemia del covid-19 y la nefasta gestión de la Administración Sánchez han tenido un impacto devastador sobre las pymes de nuestro país.
Precisamente porque las pequeñas y medianas empresas españolas han salido muy golpeadas en 2020, el informe que acaba de presentar su patronal tiene especial relevancia. El estudio en cuestión se refiere al plan del gobierno de subir el salario mínimo interprofesional, que podría aumentar hasta un 5,3% si se cumple el objetivo de dejar dicho umbral en los 1.000 euros.
El horizonte temporal que manejan PSOE y Podemos para llegar a esa cifra comprende los años 2021 y 2022, de modo que no tiene por qué tratarse de un único aumento, sino que puede ser una subida escalonada durante los dos próximos años. La pregunta, en cualquier caso, es cuál sería el impacto que tendría una medida así sobre el mercado de trabajo.
Según Cepyme, el aumento del SMI a 1.000 euros tendría un impacto negativo sobre el empleo de entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo. En este cálculo entran tanto los empleos que se destruirían como los que dejarían de crearse debido al encarecimiento del coste básico de contratación.
El informe apunta también que más de la mitad de la destrucción de empleo (en torno a un 52%) se concentraría en los sectores de la hostelería y el comercio, que precisamente han sido dos de las ramas de actividad más perjudicadas por el desplome económico asociado a la pandemia y las decisiones del gobierno sanchista.
No hay que olvidar que, durante el último año, la afiliación ha bajado en 355.000 trabajadores, mientras que otras 747.000 están afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. En las listas del paro hay ya 3,85 millones de personas, aunque el total de demandantes de empleo asciende a 7,36 millones.
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